2019

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MEMORIA 2019

TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL

MEMORIA 2019

© Tribunal Constitucional

Impresión: Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado Avenida de Manoteras, 54. 28050 Madrid

Depósito legal: M-12444-2019

Sumario

Presentación del Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Constitucional,

don Juan José González Rivas, 11

Memoria 2019

I. Composición del Tribunal, 21

II. Secretaría General, Letrados, Gabinete de Presidencia,

Secretarías de Justicia, Gerencia e Intervención, 27

III. Acuerdos normativos del Pleno y otras resoluciones de

carácter general, 35

IV. Actividad jurisdiccional, 39

1. Datos generales, 41

A) La demanda de justicia constitucional, 41

B) Las sentencias, 43

C) La restante actividad jurisdiccional, 44

D) El trámite de admisión de recursos, 50

E) Balance estadístico del año, 51

F) La pendencia de asuntos, 52

2. Procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales, 53

A) Preliminar, 53

B) Leyes y disposiciones con fuerza de ley del Estado, 57

C) Leyes y disposiciones con fuerza de ley de las Comunidades

Autónomas, 65

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D) Conflictos constitucionales, 75

E) Procesos sobre normas forales fiscales, 78

3. Procesos de amparo, 78

A) Preliminar, 78

B) Igualdad y prohibición de discriminación (art. 14 CE), 80

C) Integridad física y moral (art. 15 CE), 82

D) Libertad personal y habeas corpus (art. 17 CE), 82

E) Honor, intimidad y propia imagen (art. 18 CE), 83

F) Libertades de expresión e información (art. 20 CE), 84

G) Participación en asuntos públicos (art. 23 CE), 84

H) Tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), 86

a) Acceso a la justicia y acceso a los recursos legales, 87

b) Interdicción de la indefensión, 88

c) Fundamentación en Derecho y motivación de las resoluciones judiciales, 89

I) Garantías procesales (art. 24.2 CE), 90

a) Derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia, 90

b) Derecho a la defensa, 92

V. Secretaría General. Los Servicios del Tribunal, 93

1. Servicio de Biblioteca y Documentación, 93

2. Servicio de Doctrina Constitucional, 96

3. Servicio de Informática, 97

4. Servicio de Gerencia, 107

5. Gabinete de Prensa, 113

VI. Presupuesto, 115

VII. Relaciones institucionales, 117

VIII. Otras actividades, 125

IX. Transparencia y acceso a la información pública, 129

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Anexos

I. Normas legales, reglamentarias y otras disposiciones relativas

al Tribunal, 135

II. Relación de sentencias y de autos publicados en el «Boletín Oficial

del Estado», 163

III. Estadísticas jurisdiccionales, 227

IV. Actividad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

en relación con España, 271

V. Magistrados eméritos, 277

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Presentación

Juan José González Rivas

Me corresponde por tercera vez desde que desempeño el cargo de Presidente del Tribunal Constitucional, presentar la memoria anual de este órgano constitucional a la opinión pública, cumpliendo gustoso con mi deber de trasparencia (como dice el artículo 15.1

del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea: corolario del principio de apertura y del buen gobierno) y —sobre todo— de divulgar y dar a conocer a la ciudadanía y a las instituciones del Estado las actividades que durante el ejercicio 2019 ha desempeñado este Tribunal, especialmente en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales que le atribuye el artículo 161 de nuestro Texto fundamental.

Como es públicamente conocido, en este ejercicio hemos conmemorado el cuadragésimo aniversario de nuestra Ley Orgánica 2/1979, de 3

de octubre, la cual, tras las últimas reformas de 2010 y 2015, además de haberse acreditado como el instrumento procesal idóneo para poder administrar la justicia constitucional, se ha probado como una herramienta cierta para cumplir efectivamente las resoluciones constitucionales. Asimismo, la jurisdicción que tengo el honor de presidir ha garantizado —una vez más— la supremacía de nuestra Norma Fundamental sobre todos los poderes públicos, y ha contribuido al disfrute efectivo de los derechos y libertades que 11

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nuestra Constitución reconoce a los ciudadanos. Igualmente, el Tribunal ha seguido avanzando en la configuración del Estado autonómico descentralizado —política y administrativamente—

siempre preservando la unidad de la Nación española.

Por otra parte, en este ejercicio 2019 hemos constituido la Comisión del 40 Aniversario de la entrada en funcionamiento del Tribunal Constitucional, que se celebrará el 12 de julio de 2020, al objeto de preparar debidamente la efemérides, proyectando eventos institucionales, conferencias, presentaciones de obras, y actos culturales y académicos; y sobre todo, poder rendir homenaje a todas aquellas personas que contribuyeron directamente al demarraje de nuestro Tribunal.

* * *

En lo que se refiere específicamente a la actividad jurisdiccional, en este ejercicio se ha producido un ligero acrecentamiento, de 9,23

por 100, de los asuntos ingresados (7.621), atribuible al incremento de las demandas de amparo (7.554), sin perjuicio de un ligero repunte de los recursos de inconstitucionalidad (27), conflictos de competencia (6) y una disminución de las impugnaciones de disposiciones autonómicas (1); por el contrario, disminuyeron levemente las cuestiones de inconstitucionalidad (33) y no hubo ninguna cuestión previa de validez de las normas forales fiscales.

El 99,12 por 100 de los nuevos asuntos fueron recursos de amparo, incrementándose sobre todo frente a resoluciones del orden jurisdiccional penal, y frente a resoluciones del Tribunal Supremo, siendo un año más —como repasaré a continuación— las garantías procesales del artículo 24 CE la causa principal de estas impugnaciones. En el campo de los recursos de inconstitucionalidad, se interpusieron 27 (nótese, más adelante, el interpuesto por un gobierno autonómico contra una ley de su propio parlamento).

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Por el contrario, el número de asuntos resueltos por sentencia fue de 178 (32 en recursos de inconstitucionalidad, 16 en cuestiones de inconstitucionalidad, tres en conflictos positivos de competencia y otras en impugnaciones de disposiciones autonómicas y cuestión de validez de normas forales fiscales; y 117 en recursos de amparo).

También se dictaron 184 autos (56 por el Pleno, 83 por las Salas y 45 por las Secciones), pudiendo apuntarse los cinco autos resolutorios de incidentes de ejecución frente a resoluciones del Parlament de Cataluña, o los 17 autos resolviendo recursos de súplica del Ministerio Fiscal en amparos.

Respecto de la admisión, se dictaron 6.620 providencias de inadmisión, de las cuales 2.328 fueron de recurso de amparo en los que no se justificó la especial trascendencia constitucional.

Precisamente, los recursos de amparo pendientes de sentencia alcanzaron la cifra de 188, acumulados en 137 procedimientos.

Como guarismos estadísticos del amparo, de las 117 sentencias dictadas, 90 fueron estimatorias, 16 desestimatorias, 10 de inadmisión (cuatro por extemporaneidad, cinco por recursos prematuros y una por falta de agotamiento de la vía previa).

En concreto, respecto del fondo —y sin perjuicio de que todas las resoluciones merezcan el máximo interés para los recurrentes, los magistrados y el Tribunal—, podemos destacar, en procesos de inconstitucionalidad, las siguientes resoluciones: la STC 6/2019 de inconstitucionalidad del primer emplazamiento judicial electrónico; la STC 34/2019 de inconstitucionalidad de la irrecurribilidad de los decretos de los letrados de la administración de justicia; la STC 64/2019 sobre el contenido del acta de exploración de menores e incapaces; la STC 118/2019 sobre la constitucionalidad del despido por absentismo laboral; la STC 176/2019 inadmitiendo la impugnación de un gobierno autonómico frente a una ley del propio parlamento autonómico; la STC 85/2019 estimando la autocuestión de inconstitucionalidad sobre responsabilidad patrimonial por la 13

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prisión provisional, en casos de sobreseimiento por inexistencia de los hechos; la STC 91/2019 estimando la autocuestión de inconstitucionalidad del art. 5.2 del Real Decreto-ley 11/2013

sobre el cómputo de cotización para la pensión de trabajadora a tiempo parcial; la STC 99/2019 estimando la inconstitucionalidad de intangibilidad de la mención registral del sexo; la STC 9/2019

sobre la validez de las normas forales del impuesto de producción de energía eléctrica; STC 126/2019 sobre inconstitucionalidad del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana cuando la cuota fuese superior al incremento patrimonial obtenido; la STC 76/2019 sobre inconstitucionalidad de la reforma de la Ley Orgánica del régimen electoral general en materia de protección de datos sensibles; la STC

133/2019 de

inconstitucionalidad de la ayuda de acompañamiento y la constitucionalidad del subsidio extraordinario por desempleo de la Ley de presupuestos generales del Estado de 2018; la STC 5/2019

sobre inconstitucionalidad del decreto aragonés de inembargabilidad de prestaciones sociales, mediación hipotecaria y suspensión de lanzamientos por vulnerabilidad; la STC 158/2019 acerca de la imposibilidad de actualizar los derechos históricos de Aragón; la STC 127/2019 sobre el principio de autonomía presupuestaria de Madrid, para la suspensión de beneficios sociales y gastos de acción social en 2019; las SSTC 89/2019 y 90/2019 apreciando la constitucionalidad de las medidas del artículo 155 de la Constitución española; las STC 19/2019 y 45/2019 sobre propuesta de candidato a la Presidencia de la Generalitat e investidura «no presencial» del mismo; las SSTC 98/2019 y 111/2019 sobre resoluciones del Parlament acerca de la posición institucional del Rey el 1 de octubre de 2017 y acerca de la creación de una comisión de investigación de la Monarquía; la STC 7/2019 de inconstitucionalidad del registro de voluntades digitales catalán; la STC 24/2015 de inconstitucionalidad del procedimiento judicial sobre situaciones de sobreendeudamiento hipotecario en Cataluña; la STC 132/2019

de inconstitucionalidad de la condición resolutoria de la 14

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compraventa del libro VI del Código civil catalán; la STC 8/2019

de inconstitucionalidad de la expropiación del uso de vivienda en lanzamientos hipotecarios en Cataluña; la STC 51/2019 sobre nulidad de definición de elementos del currículum, enseñanzas regladas y cuerpos docentes de Cataluña; la STC 87/2019 de inconstitucionalidad del comercio de derechos de emisión y de declaración de zonas catalanas libres de prospecciones petrolíferas; los AATC 180/2019 y 181/2019 de incidentes de ejecución de la STC 259/2015 (de anulación de la resolución del Parlament de inicio del proceso independentista); el ATC 184/2019 sobre la anulación de la resolución del Parlament sobre la configuración constitucional de la Corona y el ATC 72/2019 de suspensión del acuerdo del Parlament para investigación de la Monarquía.

Por otra parte, como resoluciones significativas en procesos para la protección de derechos fundamentales se han dictado: la STC 125/2019 de concesión del amparo frente a la denegación de indemnización por prisión provisional, en procedimiento penal absolutorio (seguido por la serie SSTC 130/2019, 131/2019, 136/2019 a 141/2019, 143/2019 a 145/2019, 147/2019, 151/2019, 154/2019, 162/2019 a 175/2019); las SSTC 83/2019, 94/2019 y 95/2019 de concesión del amparo frente a la prisión provisional en diligencias penales secretas (por imposibilidad de controvertir eficazmente la medida); la STC 25/2019 de amparo por vulneración de la intimidad mediante reportaje en espacio privado, hecho con cámara oculta; la STC 24/2019 que ampara el director de un medio digital, condenado por informar de la percepción de dietas irregulares por parte de un cargo público en León; la STC 110/2019 que desestimó el recurso interpuesto por diputados del PSOE en el Congreso contra el rechazo de la tramitación de una iniciativa legislativa en procedimiento de lectura única; la STC 12/2019 que otorgó el amparo a parlamentarios de Castilla y León por obstrucciones a la labor de una comisión de investigación; la STC 159/2019 que ampara a un diputado 15

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extremeño por la disminución en sus facultades de iniciativa como consecuencia del abandono de su grupo, quedando no adscrito; la STC 3/2019 de lesión de la tutela judicial efectiva, en vertiente de garantía de la interdicción ( ne bis in idem procesal) en una extradición a los Estados Unidos de América; las SSTC 34/2019, 49/2019 y 93/2019 amparando frente a la denegación de revisión judicial de las resoluciones de los letrados de la administración de justicia; las SSTC 10/2019, 23/2019, 35/2019, 36/2019 y 80/2019

desestimando los recursos de amparo por la inexistencia de instrucción fundada en jurisdicción universal penal; la STC 121/2019

por denegar la legitimación de una federación de asociaciones en el acceso al recurso contencioso-administrativo; las SSTC 47/2019, 102/2019, 150/2019, 122/2019, 129/2019, 55/2019, 61/2019 y 123/2019 en las que se otorga el amparo por la inadecuada utilización de las herramientas informáticas de comunicación procesal, bien sea en el primer emplazamiento, bien sea por imposibilidad de cargar elementos de prueba; la STC 31/2019 de otorgamiento del amparo por lesión de la primacía del Derecho de la Unión Europea al no haberse procedido a la revisión de una cláusula calificada de abusiva en ejecución hipotecaria (STJ Banco Primus); la STC 37/2019 que otorga el amparo por no plantear la cuestión prejudicial respecto del «acto aclarado» en el cálculo del bono social eléctrico (la cual fue seguida de otras dieciséis SSTC 46/2019, 53/2019, 54/2019, 57/2019 a 59/2019, 65/2019 a 71/2019, 77/2019, 81/2019 y 84/2019); la STC 107/2019 por falta de motivación de la denegación de la revisión del impuesto sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana de un minusválido constando la pérdida del valor del inmueble; las SSTC 73/2019, 78/2019, 88/2019, 149/2019 y 172/2019 de vulneración del proceso con todas las garantías y la presunción de inocencia respecto de sentencias penales condenatorias en apelación sin inmediación; y la STC 97/2019 que desestimó el amparo por la utilización como prueba incriminatoria de la «lista Falciani»; las SSTC 29/2019, 30/2019, 50/2019 y 62/2019 denegando el amparo frente a los 16

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autos de prisión provisional por delitos de rebelión, sedición, desobediencia y malversación; las SSTC 41/2019 y 42/2019

amparando al grupo parlamentario de Ciutadans frente a los acuerdos del Parlament de tramitación de la «Ley de referéndum» y la «Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República», y las posteriores SSTC 115/2019, 128/2019 y 156/2019 otorgando al amparo frente a las decisiones del Parlament de tramitar iniciativas parlamentarias reiterativas de las declaradas inconstitucionales.

Si hubiera que resaltar alguna característica de este periodo jurisdiccional —como puede apreciarse de la relación de sentencias y autos que acabamos de mencionar—, es que la actuación de la Generalitat de Catalunya y de sus dirigentes han dado lugar a un número importante de recursos e impugnaciones, a los que el Tribunal ha dado respuesta, tratando siempre de evitar que ello no fuese en detrimento de otros recursos ni justiciables.

* * *

En lo tocante a la actividad gubernativa, podemos subrayar el acuerdo de 14 de febrero de 2019 del Pleno que aprueba nuevas normas de estilo para la redacción de las resoluciones y el acuerdo de 23 de mayo de 2019 del Pleno sobre modificación del criterio en materia de emplazamiento en los amparos parlamentarios En lo relacionado con otras actividades institucionales, el Tribunal ha continuado con los ya habituales viajes a Estrasburgo (a la apertura del año judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos), la visita de trabajo a Luxemburgo (con el Tribunal de Justicia y el Tribunal General de la Unión Europea), la cumbre cuadrilateral de Cortes Constitucionales (este año en Lisboa), la visita institucional a la Corte Constitucional del Reino de Marruecos; y podemos subrayar como singularidad de este ejercicio, la visita 17

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institucional de una delegación del Tribunal Constitucional a los Tribunales Constitucionales de Chile, Argentina y Uruguay (en agosto). Por otra parte, entre las autoridades que nos han visitado en este año, podemos destacar la del Vicepresidente del Tribunal Supremo de Israel, la del Presidente del Tribunal Supremo de Chipre, la del Presidente del Tribunal Constitucional de Bolivia, la de la Jueza española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la de Magistrados de las Cortes Constitucionales de Panamá y Chile. Y

entre las delegaciones que han llevado a cabo actos institucionales en la sede del Tribunal, destaca la visita de trabajo de la Corte Constitucional de Marruecos, la estancia del Tribunal Constitucional de Indonesia, la visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la reunión con la Delegación de la Corte Constitucional de Corea del Sur y las entrevistas con jueces del Tribunal Supremo de la República Popular China, de Italia y de Bélgica. Respecto de las visitas de ciudadanos y estudiantes, se han llevado a cabo 141, atendidas por los Servicios de Gabinete y Protocolo de Presidencia, el Servicio de Doctrina Constitucional y Letrados del Tribunal.

En el campo de los medios de comunicación y de la sociedad de información, en 2019, el Tribunal ha publicado en su página web (www.tribunalconstitucional.es) —la cual recibió 904.439 visitas, con un promedio de 2.478 visitas diarias—, además del acceso a su jurisprudencia (https://hj.tribunalconstitucional.es; con 2.433.173

de búsquedas anuales), numerosas imágenes y datos de actos, seminarios, reuniones de trabajo y visitas institucionales que han tenido lugar a lo largo del año en su sede, así como 149 notas de prensa sobre las decisiones judiciales más relevantes. Además, debemos apuntar que en el marco de la Ley 19/2013 de trasparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Tribunal recibió 67 solicitudes de información pública a través de su página web, de las cuales sólo se denegaron seis de ellas. Asimismo, este año se puso en marcha la comunicación en redes sociales, mediante la cuenta de Twitter [@TConstitucionE] compartiéndose más de 414

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mensajes, con un impacto de 2 millones de impresiones y casi 9.000

seguidores. Igualmente, se confeccionó diariamente el boletín de prensa para el personal del Tribunal. Destaca asimismo, de entre las intervenciones públicas, la entrevista difundida en el programa de RTVE «Audiencia Abierta», el 16 de junio de 2019.

En otro orden de cosas, tampoco debemos pasar por alto la importancia de la gestión electrónica de la administración del Tribunal con 425.438 expedientes y 502.151 documentos electrónicos en el repositorio del archivo del Tribunal Constitucional, habiéndose digitalizado 19.786 páginas de documentación.

Precisamente en este campo, pero en lo relacionado con la actividad jurisdiccional, este año se extendió la habilitación de la sede electrónica del Tribunal a la presentación de escritos en todo tipo de procesos constitucionales (Resolución de 16 de diciembre de 2019

de la Secretaría General sobre el registro electrónico), presentándose 6.166 escritos procesales de iniciación por vía telemática (un 81’63

por 100 del total de los presentados); además del número de escritos de trámite presentados electrónicamente, que fue de 7.465.

Finalmente, en cuestión de reconocimientos institucionales

—obviamente, omito los hechos personalmente a mis colegas o a mí—, el 25 de enero se otorgó al Tribunal Constitucional por la Universidad Córdoba la distinción de Santo Tomás de Aquino; el 14 de febrero, se le concedió por el Ayuntamiento de Tres Cantos el Premio a la Concordia; y el 8 de abril, se le concedió por el Colegio de Registradores de España el Premio Gumersindo de Azcárate 2019 (IX Edición).

* * *

Todo ello me lleva a concluir esta introducción a la Memoria de 2019 —como no podía ser de otra manera— en un agradecimiento expreso a todos y cada uno de los 208 trabajadores de este Tribunal 19

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Constitucional —y especialmente a sus Letrados— porque, un año más, han hecho que nuestro Texto Fundamental siga siendo letra viva, encarnación del Estado de Derecho y del imperio de la ley, mediante el cual nuestra sociedad ha podido continuar disfrutando en 2019 de ese Estado social y democrático de Derecho que nos dimos hace ya más de 40 años —y que proclama el artículo 1.1 de la Constitución—, reconociendo como valores esenciales la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Madrid, 19 de febrero de 2020

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I. Composición del Tribunal

Por Real Decreto 281/2017, de 22 de marzo (BOE núm. 70, de 23 de marzo), fue nombrado Presidente del Tribunal Constitucional, a propuesta del Pleno, el Excmo. Sr. don Juan José González Rivas. Mediante Real Decreto 282/2017, de 22 de marzo (BOE núm. 70, de 23 de marzo), fue nombrada Vicepresidenta del Tribunal, a propuesta del Pleno, la Excma.

Sra. doña Encarnación Roca Trías.

La composición del Tribunal Constitucional es, por tanto, la siguiente: Excmo. Sr. don Juan José González Rivas, Presidente 1

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías, Vicepresidenta 2

Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara 3

Excmo. Sr. don Fernando Valdés Dal-Ré 4

Excmo. Sr. don Santiago Martínez-Vares García 5

Excmo. Sr. don Juan Antonio Xiol Ríos 6

Excmo. Sr. don Pedro José González-Trevijano Sánchez 7

Excmo. Sr. don Antonio Narváez Rodríguez 8

1 Real Decreto 1115/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio); Real Decreto 281/2017, de 22 de marzo (BOE de 23 de marzo).

2 Real Decreto 1117/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio); Real Decreto 282/2017, de 22 de marzo (BOE de 23 de marzo).

3 Real Decreto 1116/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio).

4 Real Decreto 1118/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio).

5 Real Decreto 424/2013, de 12 de junio (BOE de 13 de junio).

6 Real Decreto 423/2013, de 12 de junio (BOE de 13 de junio).

7 Real Decreto 421/2013, de 12 de junio (BOE de 13 de junio).

8 Real Decreto 589/2014, de 8 de julio (BOE de 9 de julio).

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Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho 9

Excmo. Sr. don Alfredo Montoya Melgar 10

Excmo. Sr. don Cándido Conde-Pumpido Tourón 11

Excma. Sra. doña María Luisa Balaguer Callejón 12

Por acuerdo de 28 de marzo de 2017 (BOE núm. 75, de 29 de marzo), el Pleno del Tribunal, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, dispuso la siguiente distribución de sus miembros en salas y secciones: Sala Primera

Excmo. Sr. don Juan José González Rivas, Presidente Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara

Excmo. Sr. don Santiago Martínez-Vares García

Excmo. Sr. don Alfredo Montoya Melgar

Excmo. Sr. don Cándido Conde-Pumpido Tourón

Excma. Sra. doña María Luisa Balaguer Callejón

Sala Segunda

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías, Presidenta Excmo. Sr. don Fernando Valdés Dal-Ré

Excmo. Sr. don Juan Antonio Xiol Ríos

Excmo. Sr. don Pedro José González-Trevijano Sánchez Excmo. Sr. don Antonio Narváez Rodríguez

Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho

9 Real Decreto 260/2017, de 10 de marzo (BOE de 11 de marzo).

10 Real Decreto 261/2017, de 10 de marzo (BOE de 11 de marzo).

11 Real Decreto 262/2017, de 10 de marzo (BOE de 11 de marzo).

12 Real Decreto 263/2017, de 10 de marzo (BOE de 11 de marzo; corrección de errores, BOE 14 de marzo).

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Sección Primera

Excmo. Sr. don Juan José González Rivas, Presidente Excmo. Sr. don Alfredo Montoya Melgar

Excmo. Sr. don Cándido Conde-Pumpido Tourón

Sección Segunda

Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara, Presidente Excmo. Sr. don Santiago Martínez-Vares García

Excma. Sra. doña María Luisa Balaguer Callejón

Sección Tercera

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías, Presidenta Excmo. Sr. don Juan Antonio Xiol Ríos

Excmo. Sr. don Pedro José González-Trevijano Sánchez Sección Cuarta

Excmo. Sr. don Fernando Valdés Dal-Ré, Presidente Excmo. Sr. don Antonio Narváez Rodríguez

Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho

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Datos personales

Excmo. Sr. don Juan José González Rivas

Ávila, 1951.

Magistrado del Tribunal Supremo

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías

Barcelona, 1944.

Magistrada del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara

Sevilla, 1944.

Catedrático de Filosofía del Derecho

Excmo. Sr. don Fernando Valdés Dal-Ré

Valladolid, 1945.

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Excmo. Sr. don Santiago Martínez-Vares García Santander, 1942.

Magistrado del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Juan Antonio Xiol Ríos

Barcelona, 1946.

Magistrado del Tribunal Supremo

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Excmo. Sr. don Pedro José González-Trevijano Sánchez Madrid, 1958.

Catedrático de Derecho Constitucional

Excmo. Sr. don Antonio Narváez Rodríguez

Badajoz, 1958.

Fiscal de Sala del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho

Madrid, 1944.

Magistrado del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. don Alfredo Montoya Melgar

Madrid, 1937.

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Excmo. Sr. don Cándido Conde-Pumpido Tourón

A’ Coruña, 1949.

Magistrado del Tribunal Supremo

Excma. Sra. doña María Luisa Balaguer Callejón Almería, 1953.

Catedrática de Derecho Constitucional

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II. Secretaría General, Letrados, Gabinete de Presidencia, Secretarías

de Justicia, Gerencia e Intervención

Secretaría General

En sesión celebrada el 17 de julio de 2014, el Pleno del Tribunal eligió como Secretario General y Letrado Mayor a don Andrés Javier Gutiérrez Gil.

Por resolución de 17 de julio de 2014 (BOE núm. 176, de 21 de julio), el Presidente del Tribunal Constitucional dispuso el correspondiente nombramiento, con efectos de 21 de julio de 2014, en virtud de lo establecido en el artículo 98 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y en los artículos 2 d), 14 e) y 24 de su Reglamento de organización y personal, de 5 de julio de 1990, redactado por acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 1 de abril de 2011 (BOE núm. 80, de 4 de abril). Por acuerdo de 21 de julio de 2017, el Pleno procedió a su reelección por un nuevo periodo de tres años, conforme a la normativa señalada.

En sesión celebrada el 13 de marzo de 2012, el Pleno del Tribunal eligió como Secretario General Adjunto a don Juan Carlos Duque Villanueva.

Por resolución de 13 de marzo de 2012 (BOE núm. 64, de 15 de marzo), el Presidente del Tribunal Constitucional dispuso su nombramiento, de acuerdo con lo previsto por el artículo 14, letra e), del Reglamento de organización y personal del Tribunal Constitucional, de 5 de julio de 1990, redactado por acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 1 de abril de 2011 (BOE núm. 80, de 4 de abril).

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Letrados

El Tribunal Constitucional está asistido, conforme al artículo 97 de su Ley Orgánica, por un cuerpo de Letrados. En la actualidad, los componentes de dicho cuerpo son quienes siguen:

– Don Juan José González Rivas

En excedencia; Presidente del Tribunal Constitucional.

– Don Javier Jiménez Campo

Catedrático de Universidad en excedencia.

– Don Javier García Roca

En excedencia; Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don Ignacio Díez-Picazo Giménez

En excedencia; Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don Ignacio Borrajo Iniesta

Jefe del Servicio de Biblioteca y Documentación. Catedrático de Universidad en excedencia.

– Don Juan Luis Requejo Pagés

En servicios especiales; Profesor Titular de Universidad en excedencia.

– Don Luis Pomed Sánchez

Jefe del Servicio de Doctrina Constitucional. Profesor Titular de Universidad en excedencia.

– Don Juan Ignacio Moreno Fernández

Jefe del Servicio de Informática. Profesor Titular de Universidad en servicios especiales.

Fue declarada la jubilación del Letrado don Ignacio Torres Muro.

Con arreglo al artículo 53.2 del Reglamento de organización y personal, pasaron a ocupar plazas de Letrado de adscripción temporal al Tribunal Constitucional los siguientes funcionarios públicos:

– Don Nicolás Cabezudo Rodríguez

Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Valladolid.

– Doña María José García-Valdecasas Dorrego

Abogada del Estado.

– Don José Núñez Núñez

Administrador Civil del Estado.

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MEMORIA 2019

– Doña Argelia Queralt Jiménez

Profesora Agregada de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona; y

– Don Javier Zaragoza Tejada

Fiscal de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa.

Han dejado de prestar servicios al Tribunal los siguientes Letrados adscritos:

– Don Fernando Alcantarilla Hidalgo

Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 30 de Madrid.

– Don Rafael Caballero Sánchez

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don Eduardo Ángel Perdiguero Bautista

Magistrado titular del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 7.

– Don Carlos Padrós Reig

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Han continuado prestando sus servicios como Letrados adscritos las siguientes personas:

– Doña Raquel Aguilera Izquierdo

Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid.

– Doña Ana Belén Alonso González

Fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid.

– Doña Milagros Aparicio Avendaño

Magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid.

– Don Gonzalo de Aranda y Antón

Magistrado titular del Juzgado de lo Penal núm. 5 de Madrid.

– Don Xabier Arzoz Santisteban

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco.

– Doña Margarita Beladíez Rojo

Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid.

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MEMORIA 2019

– Doña Isabel Benzo Sainz

Administradora Civil del Estado.

– Don Juan Carlos Cabañas García

Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Alcalá.

– Doña Alicia Camacho García

Administradora Civil del Estado.

– Don Gonzalo Camarero González

Fiscal de la Fiscalía en la Comunidad Autónoma de Madrid.

– Don Pablo Colomina Cerezo

Magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Palencia.

– Doña Nieves Corte Heredero

Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid.

– Doña María del Carmen Cumbre Castro

Magistrada titular del Juzgado de lo Social núm. 1 de Cádiz.

– Don Luis Carlos Díez Lirio

Fiscal de la Fiscalía Provincial de Valencia.

– Doña Gema Díez-Picazo Giménez

Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid.

– Don Juan Carlos Duque Villanueva

Letrado de la Junta General del Principado de Asturias.

– Doña Susana García Couso

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

– Doña Itziar Gómez Fernández

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid.

– Don Manuel Gómez Tomillo

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valladolid.

– Don Juan Carlos González Barral

Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 13 de Madrid.

– Don Eleuterio González Campo

Fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid.

– Don Andrés Javier Gutiérrez Gil

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

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MEMORIA 2019

– Don Juan Antonio Hernández Corchete

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Vigo.

– Don Miguel Hernández Serna

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

– Don Pedro Ibáñez Buil

Administrador Civil del Estado.

– Don Herminio Losada González

Letrado de la Administración de la Seguridad Social.

– Doña María Martín Lorenzo

Profesora Titular de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don Luis Medina Alcoz

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid.

– Don Luis Felipe Medina Rey

Letrado Mayor del Consejo Consultivo de Andalucía.

– Don Carlos José Núñez López

Magistrado de la Audiencia Provincial de Tarragona.

– Don José Manuel Pérez Fernández

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo.

– Doña Carmen Plaza Martín

Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha.

– Don Alfonso Rincón González-Alegre

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

– Don Ignacio Rodríguez Fernández

Fiscal de la Audiencia Provincial de Barcelona.

– Doña Patricia Rodríguez-Patrón Rodríguez

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

– Doña Violeta Ruiz Almendral

Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid.

– Doña Gemma Sala Galvañ

Profesora Titular de Derecho Financiero de la Universidad de Valencia.

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MEMORIA 2019

– Don José Miguel Sánchez Tomás

Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos.

– Don Ignacio Sánchez Yllera

Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.

– Don Koldo Mikel Santiago Redondo

Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad del País Vasco.

– Doña Marta Eugenia Souto Galván

Letrada del Parlamento de Cantabria.

– Don José María Utande San Juan

Inspector de Hacienda de la Comunidad de Madrid.

– Doña María del Camino Vidal Fueyo

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Burgos.

– Don Marcial Viñoly Palop

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Gabinete de la Presidencia

Su jefatura corresponde a don Ignacio Ulloa Rubio, Magistrado, nombrado por resolución del Presidente de 5 de septiembre de 2019, tras el cese, a petición propia, de don Antonio Luis Ramos Membrive, Diplomático.

Secretarías de Justicia

Secretaria de Justicia del Pleno, de quien depende el Registro General del Tribunal: doña Herminia Palencia Guerra.

Secretarios de Justicia de la Sala Primera: don Santiago González García y don Alfonso Pérez Camino.

Secretarios de Justicia de la Sala Segunda: doña María Isabel Lachén Ibort y don Manuel Corral Abascal.

Gerencia

El Gerente del Tribunal es don Carlos Fernández-Peinado Martínez, del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

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MEMORIA 2019

Intervención

La Interventora del Tribunal Constitucional es doña Marta Carolina Hidalgo López, del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.

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III. Acuerdos normativos del Pleno y otras resoluciones de carácter

general1

I. Por acuerdo de 14 de febrero de 2019, el Pleno del Tribunal Constitucional aprobó unas nuevas normas de estilo para la redacción de las resoluciones del propio Tribunal. Como indica su preámbulo, el Tribunal Constitucional ha dispensado siempre gran atención a la estructura y estilo de sus resoluciones. Esa atención se plasmó inicialmente en sendos acuerdos del Pleno del Tribunal de 10 de noviembre de 1980, por el que se aprobaron «las normas provisionales relativas a la vista y la deliberación, a la votación y al fallo, la redacción de las sentencias y los votos particulares», y de 15 de enero de 1981, «sobre la forma y publicación de las sentencias». Desde entonces, los aspectos formales de las resoluciones del Tribunal Constitucional han seguido fielmente los criterios establecidos en aquellos acuerdos, posteriormente actualizados por las «Normas de estilo» a las que se atiene el Tribunal para la elaboración, aprobación y difusión de sus resoluciones jurisdiccionales, cuya versión actualmente vigente data de los años 1991 y 2002. La presente versión es fruto del trabajo de la comisión de estudio sobre la estructura y reglas de estilo de las sentencias del Tribunal que se constituyó en cumplimiento del acuerdo adoptado al efecto por el pleno gubernativo de 7 de septiembre de 2017 y que culminó el 14 de febrero de 2019.

Las normas de estilo son un modesto instrumento para propiciar el uso de un lenguaje jurisdiccional claro y sencillo, que evite lo artificioso. En su elaboración se han tenido especialmente presentes las indicaciones plas-1 El texto de los Acuerdos referidos en este apartado se incluye infra en el anexo I.

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MEMORIA 2019

madas por la Real Academia Española en la Nueva gramática de la lengua española (2009) y la Ortografía de la lengua española (2010). La comisión ha tenido igualmente a la vista el Prontuario de estilo para el Tribunal Supremo, aprobado por su Sala de Gobierno mediante acuerdo de 19 de enero de 2018, y diferentes trabajos y monografías, de entre los que cabe citar, a título exclusivamente ilustrativo, el Libro de estilo de la Justicia, dirigido por el académico don Santiago Muñoz Machado, o el estudio «Algunas consideraciones sobre el uso de las mayúsculas en las normas», publicado en el número 81 de la Revista de las Cortes Generales por don Fernando Centenera Sánchez-Seco.

Siguiendo la pauta habitual en este tipo de documentos, en las normas de estilo se diferencian dos bloques temáticos cuya adecuada utilización debería facilitar la mejor comprensión de las resoluciones jurisdiccionales del Tribunal Constitucional. Así la primera parte, bajo la rúbrica «Estructura de las resoluciones», establece la disposición de los distintos segmen-tos que deben integrar e identificar las sentencias y autos del Tribunal, remitiendo lo concerniente a las providencias a lo que se acuerde por el Pleno a propuesta de la Secretaría General. La segunda parte lleva por título «Criterios ortográficos y gramaticales». En ella se contienen las reglas lingüísticas más habituales, su organización y combinación, que ha-brán de observarse en la redacción de las resoluciones jurisdiccionales para facilitar su comprensión tanto por los lectores de jurisprudencia como por el conjunto de ciudadanos, destinatarios últimos de la labor del Tribunal Constitucional.

II. El Acuerdo de 23 de mayo de 2019, del Pleno del Tribunal Constitucional, sobre modificación de criterio en materia de emplazamiento en los amparos parlamentarios, dispuso que en este tipo de procesos debe ser emplazada siempre la Cámara, cualquiera que fuera el órgano parlamentario a quien la demanda atribuya la vulneración de un derecho fundamental. El emplazamiento deberá ser efectuado por conducto del presidente de la Cámara demandada.

III. El registro electrónico del Tribunal Constitucional, creado por Acuerdo del Pleno de 15 de septiembre de 2016 (BOE núm. 284, de 24 de noviembre de 2016, cve: BOE-A-2016-11054), ha ido ampliando sucesiva-mente su ámbito de aplicación mediante resoluciones de la Secretaría General del Tribunal publicadas en la sede electrónica del Tribunal Constitucional (en virtud del artículo 14 del Acuerdo de Pleno).

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MEMORIA 2019

El registro electrónico quedó inicialmente abierto a la presentación de demandas de amparo, con carácter voluntario (Resolución de la Secretaría General de 25 de noviembre de 2016). Posteriormente, este registro incluyó, además de la presentación de demandas de amparo, cualquier otro tipo de escritos que debieran surtir efectos en procesos de amparo (Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional). Y, a partir del 1 de enero de 2018, la utilización del registro electrónico resultó obligatoria para la presentación, por medio de procurador, de demandas, escritos y documentos que deban surtir efectos en procesos de amparo (Resolución de la Secretaría General de 23 de noviembre de 2017). Asimismo, esa resolución amplió los sistemas de autenticación y firma electrónica admitidos para la presentación telemática de los documentos: además del DNI electrónico y los certificados expedidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) de persona física o clase 2 y de empleado público o clase AP, fue aceptado el uso de los certificados emitidos por la Autoridad de Certificación de la Abogacía (ACA).

En 2019 se ha vuelto a ampliar el ámbito de aplicación del registro electrónico del Tribunal Constitucional: por resolución de 16 de diciembre de 2019, de la Secretaría General del Tribunal, se acepta la presentación telemática de los escritos de iniciación de cualquier proceso constitucional atribuido a la competencia del Tribunal, no meramente los recursos de amparo; igualmente, se admite la presentación de cualesquiera otros escritos y documentos que deban surtir efectos en todo tipo de procesos constitucionales. Se mantiene inalterada la obligación de presentar demandas, escritos y documentos que deban surtir efectos en procesos de amparo mediante procurador de los tribunales.

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IV. Actividad jurisdiccional1

1. Datos generales

A) La demanda de justicia constitucional

B) Las sentencias

C) La restante actividad jurisdiccional

D) El trámite de admisión de recursos

E) Balance estadístico del año

F) La pendencia de asuntos

2. Procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales A) Preliminar

B) Leyes y disposiciones con fuerza de ley del Estado C) Leyes y disposiciones con fuerza de ley de las comunidades autónomas

D) Conflictos constitucionales

E) Procesos sobre normas forales fiscales

3. Procesos de amparo

A) Preliminar

B) Igualdad y prohibición de discriminación (art. 14 CE) C) Integridad física y moral (art. 15 CE)

1 Este capítulo ha sido elaborado por los servicios del Tribunal sin otra pretensión que la de ofrecer una somera descripción de la actividad jurisdiccional y del contenido de los diversos pronunciamientos del Tribunal durante el año. Carece, por tanto, de todo valor interpretativo del sentido y alcance de las resoluciones dictadas por el Tribunal.

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D) Libertad personal y habeas corpus (art. 17 CE) E) Honor, intimidad y propia imagen (art. 18 CE) F) Libertades de expresión e información (art. 20 CE) G) Participación en asuntos públicos (art. 23 CE) H) Tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)

a) Acceso a la justicia y acceso a los recursos legales.

b) Interdicción de la indefensión

c) Fundamentación en Derecho y motivación de las resoluciones judiciales

I) Garantías procesales (art. 24.2 CE)

a) Derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia

b) Derecho a la defensa

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1. Datos generales

La actividad jurisdiccional del Tribunal Constitucional durante el año 2019 se resume en unos datos cuyo detalle figura en el anexo III de la presente Memoria. En los siguientes epígrafes se da cuenta de los relativos a la demanda de justicia constitucional, sentencias dictadas, resto de actividad jurisdiccional y al trámite de admisión de recursos. Este apartado se cierra con un balance estadístico del año y una somera referencia a los asuntos pendientes.

A) La demanda de justicia constitucional

Al registro general del Tribunal Constitucional llegaron a lo largo del año un total de 7.621 asuntos jurisdiccionales; es decir, 644 más que en 2018.

Este aumento del 9,23 por 100 de la demanda de justicia constitucional se debió, esencialmente, al incremento de demandas de amparo (7.554 en 2019, frente a 6.918 en 2018). Se apreció un notable repunte en los recursos de inconstitucionalidad (27 en 2019 y solo 12 en 2018) y se plantearon cinco nuevos conflictos positivos de competencia, siendo así que en 2018 no se había formulado ninguno nuevo; un conflicto negativo de competencia (ninguno en 2018) y una impugnación de disposiciones autonómicas (tres en 2018). Por el contrario, descendió ligeramente el nú-

mero de cuestiones de inconstitucionalidad (33 en 2019 y 42 en 2018) y no se formuló ninguna cuestión prejudicial de validez de normas forales fiscales (en 2018 se había planteado una).

Las cifras proporcionadas ponen de manifiesto, una vez más, la persisten-cia abrumadora de la preponderancia de los recursos de amparo: 7.554, es decir el 99,12 por 100 de los asuntos de nuevo ingreso. La inmensa mayoría de estos nuevos recursos de amparo fue promovida por particulares: 6.639 (en 2018 habían sido 6.833), de los cuales 5.768 fueron interpuestos por personas físicas y 871 por personas jurídicas de Derecho privado (6.032 y 801, respectivamente, en 2018). Los entes públicos promovieron 44 recursos de amparo (85 en 2018). Ni el Defensor del Pueblo ni el Ministerio Fiscal interpusieron recurso de amparo alguno.

Con respecto a su origen, persistió el predominio habitual de los recursos de amparo planteados en relación con resoluciones del orden jurisdiccional penal: 3.729, el 49,36 por 100 (en 2018 la cifra absoluta había sido 41

MEMORIA 2019

inferior, 3.706, pero con mayor peso porcentual al representar el 53,57

por 100). Por su origen, aumentaron los amparos procedentes de las jurisdicciones civil (1.339 en 2019 frente a 1.269 en 2018) y contencioso-administrativa (1.998 en 2019 y 1.383 en 2018); se mantuvo constante la cifra de recursos de amparo procedentes de la jurisdicción militar (29

en ambos años) y de nuevo se redujo el número de los procedentes del orden jurisdiccional social (384 en 2019; 474 en 2018, que ya había representado un descenso respecto de los 513 de 2017). En 2019 se plantearon 50 recursos de amparo electorales y 28 frente a actos parlamentarios sin valor o fuerza de ley promovidos por el cauce del art. 42 LOTC, un número prácticamente idéntico al de 2018, cuando fueron 29 los recursos de amparo de procedencia parlamentaria.

Casi la mitad de los recursos de amparo se interpusieron después de que se hubiera dictado una sentencia o auto por el Tribunal Supremo (3.646, un 48,26 por 100 de los nuevos recursos de amparo). Los demás recursos de amparo procedieron de litigios y causas resueltos en última instancia por otros órganos jurisdiccionales, entre los que numéricamente destacan las audiencias provinciales (2.004, un 26,53 por 100), los juzgados uni-personales de los distintos órdenes jurisdiccionales (1.161, el 15,37 por 100) y los tribunales superiores de justicia (410, el 5,42). Doscientos nuevos recursos de amparo se promovieron directamente tras el dictado de la resolución correspondiente por la Audiencia Nacional y uno luego del pronunciamiento de una sentencia por un tribunal militar territorial.

En 5.833 de los recursos se solicitaba el amparo para una o varias de las garantías procesales proclamadas en el artículo 24 de la Constitución (lo que significa que estos derechos fueron invocados en el 77,22 por 100 de las demandas de amparo). El derecho a la igualdad reconocido en el artí-

culo 14 de la Constitución fue invocado en 1.230 demandas de amparo (16,28 por 100 de los recursos de amparo). De los restantes derechos fundamentales y libertades públicas protegidos en amparo destacan las 797 invocaciones del derecho a la legalidad penal (10,55 por 100), las 421 del derecho a la libertad y seguridad (5,57 por 100) y las 287 de los derechos a la intimidad del artículo 18 de la Constitución (3,80 por 100).

El derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del artículo 24.1 de la Constitución fue invocado en 5.782 demandas de amparo constitucional (76,54 por 100). De las garantías procesales del art. 24.2 CE debemos destacar que el derecho a un proceso con todas las garantías fuera, por 42

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segundo año consecutivo, el que mayores invocaciones recibiera (fue ale-gado en 2.219 demandas), seguido del derecho a la presunción de inocencia (aducido en 1.396 demandas de amparo).

Se interpusieron 27 nuevos recursos de inconstitucionalidad. La mayoría de ellos, doce, fueron planteados por diputados o senadores (dos respecto de leyes estatales y los otros diez frente a leyes autonómicas); el presidente del Gobierno interpuso nueve frente a leyes autonómicas; el Defensor del Pueblo otros dos (uno frente a una ley estatal y otro respecto de una ley autonómica). Las asambleas legislativas y gobiernos autonómicos re-currieron tres leyes estatales y el Gobierno de La Rioja interpuso un recurso de inconstitucionalidad frente a una ley de su propio Parlamento.

A lo largo del año se presentaron dos cuestiones internas de inconstitucionalidad y los órganos judiciales presentaron otras 31 cuestiones de inconstitucionalidad. Los tribunales superiores de justicia promovieron prácticamente la mitad: quince (tres respecto de leyes estatales y otras doce sobre preceptos con rango de ley autonómicos). Los juzgados unipersona-les plantearon otras trece (nueve y cuatro, respectivamente). La Audiencia Nacional suscitó dos frente a leyes estatales y el Tribunal Supremo una cuestión respecto de una norma con rango de ley del Estado.

El Gobierno de la Nación promovió cinco conflictos positivos de competencia frente a normas y actos de las comunidades autónomas y una impugnación de disposiciones autonómicas. El único conflicto negativo de competencia fue interpuesto por un particular.

B) Las sentencias

El Tribunal Constitucional dictó 178 sentencias a lo largo del año. El Pleno dictó 80 de ellas, distribuidas del siguiente modo: en procesos de inconstitucionalidad, conflictos constitucionales e impugnaciones de disposiciones autonómicas dictó 55 (32 en recursos de inconstitucionalidad, 16

en cuestiones de inconstitucionalidad —tres de ellas, cuestiones internas—, tres en conflictos positivos de competencia, otras tantas en impugnación de disposiciones autonómicas y una resolutoria de una cuestión prejudicial de validez de una norma foral fiscal); y en procesos de amparo cuyo conocimiento había sido previamente avocado, el Pleno dictó 25 sentencias. La Sala Primera dictó 39 sentencias (37 resolutorias de recursos 43

MEMORIA 2019

de amparo y dos recaídas en cuestiones de inconstitucionalidad cuyo conocimiento no se había reservado para sí el Pleno en el trámite de admisión) y la Sala Segunda, 59 (55 en procesos de amparo y cuatro en cuestiones de inconstitucionalidad).

En los apartados 2 y 3 de este capítulo se ofrece una descripción general de estas sentencias. Su relación completa figura en el anexo II, donde se incluye la síntesis descriptiva y analítica del contenido y fallo de cada una de ellas.

C) La restante actividad jurisdiccional

El Tribunal Constitucional, además de decidir mediante sentencia los recursos, cuestiones y conflictos sometidos a su jurisdicción, dicta otras resoluciones que adoptan la forma de auto o providencia, según el grado de motivación que incorporen (art. 86.1 LOTC). Una parte sustancial de estas otras resoluciones se dedica a la admisión (o, en su caso, inadmisión) de los procesos. También son numerosas las resoluciones de trámite que impulsan y ordenan los procesos constitucionales. Como viene siendo habitual en las Memorias anuales del Tribunal, seguidamente se da su-cinta cuenta del alcance de estas resoluciones, con especial referencia a los autos.

El Tribunal dictó un total de 184 autos. El Pleno dictó 56 de ellos, 44 la Sala Primera y 39 la Sala Segunda; los 45 autos restantes fueron dictados por las secciones: 29 por la Sección Primera, dos por la Sección Segunda, tres por la Sección Tercera y 11 por la Sección Cuarta.

Haciendo uso de la facultad que le reconoce el 86.3 LOTC, el Tribunal dispuso la inserción en el «Boletín Oficial del Estado» de 15 autos, todos ellos del Pleno salvo el ATC 40/2019, de 22 de mayo, dictado por la Sección Segunda. Cuatro de estos quince autos cuentan con votos particulares.

Seis de estos autos inadmitieron a trámite otras tantas cuestiones de inconstitucionalidad elevadas por órganos judiciales en relación con los siguientes preceptos legales: artículos 174.3 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, en la redacción del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (ATC 8/2019, de 12 de febrero) y 221.1 del texto refundido de esa misma ley, en la versión resultante del Real Decreto 44

MEMORIA 2019

Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (ATC 133/2019, de 29 de octubre) y la disposición final única de este mismo Real Decreto Legislativo (ATC 89/2019, de 16 de julio); el artículo 52 i) en relación con el artículo 54.1 b) de la Ley 4/1999, de 25 de marzo, de ordenación farmacéutica para Aragón (ATC 27/2019, de 9 de abril, al que se formularon cuatro votos particulares, uno de ellos —concurrente— suscrito por tres magistrados); diversos preceptos de la Ley 5/2012, de 20 de diciembre, de viviendas rurales sostenibles de la Comunidad de Madrid (ATC 63/2019, de 18 de junio) y artículo 63.9 de la Ley del Parlamento de Canarias 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias (ATC 167/2019, de 10 de diciembre). Otros dos autos inadmitieron sendos recursos de amparo promovidos en procesos de extradición a la República Popular China (AATC 4/2019, de 29 de enero, y 10/2019, de 14 de febrero; al primero se formularon dos votos particulares discrepantes y el segundo cuenta con un voto particular discrepante suscrito por dos magistrados). Por su parte, el ATC 40/2019, de 22 de mayo, dictado por la Sección Segunda, desestimó el recurso de súplica del Ministerio Fiscal frente a la providencia de inadmisión de un recurso de amparo en causa penal; a este auto se formuló un voto particular discrepante. El ATC 168/2019, de 10 de diciembre, inadmitió a trámite un conflicto negativo de competencia planteado con respecto a una expropiación agraria de 1979.

Los cinco autos restantes se dictaron en incidentes de ejecución de sentencias del Tribunal. Los AATC 180/2019 y 181/2019, de 18 de diciembre, estimaron sendos incidentes de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, que había suscitado el Gobierno respecto de dos resoluciones del Parlamento de Cataluña: Resolución 534/XII, sobre las propuestas para la Cataluña real, y Resolución 546/XII, sobre la orientación política general del Gobierno, respectivamente. La estimación de estos incidentes supuso la extinción de otros dos incidentes de ejecución planteados en relación con estas mismas resoluciones por contravenir lo acordado en la STC 136/2018, de 13 diciembre (AATC 182/2019 y 183/2019, de 18 de diciembre). Finalmente, el ATC 184/2019 estimó el incidente de ejecución de la STC 98/2019, de 17 de julio, suscitado en relación con la ya mencionada resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña.

Por auto se inadmitieron a lo largo de 2019 quince cuestiones de inconstitucionalidad, cuatro recursos de amparo (AATC 4/2019, de 29 de enero; 10/2019, de 14 de febrero; 119/2019, de 17 de octubre, rectificado por el 45

MEMORIA 2019

ATC 120/2019, de 21 de octubre, y 175/2019, de 16 de diciembre), un conflicto positivo de competencias (ATC 64/2019, de 18 de junio) y otro conflicto negativo (por el ya citado ATC 168/2019, de 10 de diciembre).

Asimismo, en los ya mencionados AATC 4/2019, de 29 de enero, y 10/2019, de 14 de febrero, el Pleno inadmitió dos recursos de amparo en procesos de extradición.

El Pleno del Tribunal acordó por auto la extinción de dos procesos de inconstitucionalidad. En el ATC 20/2019, de 26 de marzo, aceptó el desistimiento del Gobierno de Navarra en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, y en el ATC 71/2019, de 2 de julio, hizo lo propio respecto del recurso de inconstitucionalidad formulado por el presidente del Gobierno en relación con la Ley del Parlamento Vasco 12/2016, de 28 de junio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la comunidad autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999. Igualmente, acordó la acumulación de dos recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno vasco en relación con diversos preceptos de la Ley de presupuestos generales del Estado para 2018

(ATC 90/2019, de 16 de julio).

En relación con la suspensión de normas autonómicas impugnadas con invocación de los arts. 161.2 CE y 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el Pleno dictó dos autos. En el ATC 62/2019, de 18 de junio, acordó el mantenimiento de la suspensión de un precepto de la Ley de actualización derechos históricos de Aragón posteriormente anulado por la STC 158/2019, de 12 de diciembre, y en el ATC 72/2019, de 2 de julio, hizo lo propio respecto de la resolución del Parlamento de Cataluña por la que se creaba una «comisión de investigación de la monarquía», creación luego declarada inconstitucional y nula en la STC 111/2019, de 2 de octubre. Por otro lado, en los procesos de amparo tramitados por el Pleno del Tribunal se dictaron trece autos sobre medidas cautelares. En ocho de ellos se denegó la suspensión interesada por los recurrentes (AATC 12/2019 y 13/2019, de 26 de febrero; 16/2019 y 17/2019, de 12

de marzo; 21/2019 y 22/2019, de 26 de marzo; 26/2019, de 9 de abril, y 65/2019, de 18 de junio) y en los cinco restantes se archivaron las correspondientes piezas separadas (AATC 24/2019 y 25/2019, de 9 de abril, y 135/2019 a 137/2019, de 29 de octubre).

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MEMORIA 2019

Los diferentes incidentes de ejecución de las sentencias dictadas por el Pleno dieron lugar al dictado de 16 autos en 2019. La ejecución de la STC 152/2017, de 21 de diciembre (decreto-ley relativo a la instalación de almacenamiento subterráneo de gas «Castor»), en los términos interesados por el Parlamento de Cataluña, fue rechazada en el ATC 15/2019, de 12 de marzo. Seis autos se dictaron en incidentes de ejecución de la STC 259/2015, de diciembre (resolución del Parlamento de Cataluña que declaraba iniciado el proceso de creación de un Estado independiente en forma de república): los AATC 141/2019 y 142/2019, de 12 de noviembre, confirmaron, en súplica, la apertura de sendos incidentes de ejecución

—luego estimados en los AATC 180/2019 y 181/2019, de 18 de diciembre—, en tanto que los AATC 162/2019 y 163/2019, de 27 de noviembre, hicieron lo propio en otros dos incidentes de ejecución que se hallaban pendientes de resolver al finalizar el año. La tramitación de incidentes de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de diciembre (resolución del Parlamento de Cataluña que pretende la reviviscencia de la anulada en la STC 259/2015) dio lugar a una sucesión de otros seis autos de contenido paralelo al de aquellos que se acaban de mencionar: los AATC 143/2019

y 144/2019, de 12 de noviembre, confirmaron en súplica la apertura de sendos incidentes de ejecución —luego declarados extintos por los AATC 182/2019 y 182/2019, de 18 de diciembre, pues versaban sobre resoluciones parlamentarias ya anuladas en esa misma fecha por los AATC 180/2019 y 181/2019— y los AATC 164/2019 y 165/2019, de 27

de noviembre, hicieron lo propio en otros dos incidentes de ejecución no finalizados a final de 2019. Finalmente, se dictaron tres autos en ejecución de la STC 98/2019, de 17 de julio (anulación de una resolución del Parlamento de Cataluña que vulneraba las reglas de inviolabilidad y exención de responsabilidad del rey): el ATC 145/2019, de 12 de noviembre, confirmó en súplica la admisión a trámite de un incidente de ejecución instado por el Gobierno de la Nación y acordó la personación de partes, en tanto que el ATC 166/2019, de 27 de noviembre, hizo lo propio con otro incidente finalmente estimado por el ATC 184/2019, de 18 de diciembre.

Para cerrar esta relación debemos mencionar los tres autos del Pleno que aceptaron abstenciones en procesos que estaba tramitando este órgano del Tribunal: el ATC 115/2019, de 15 de octubre, aceptó dos abstenciones en la cuestión de inconstitucionalidad inadmitida a trámite por el ATC 116/2019, dictado ese mismo día; el ATC 118/2019, igualmente de 15 de octubre, hizo lo propio en la cuestión de inconstitucionalidad luego resuelta en la STC 153/2019, de 25 de noviembre, y el ATC 131/2019, de 47

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29 de octubre, en la cuestión de inconstitucionalidad resuelta en la STC 126/2019, de 31 de octubre.

De entre los autos dictados por las salas y secciones cabe señalar, en primer lugar, que la Sala Segunda planteó dos cuestiones internas de inconstitucionalidad. La primera de ellas en relación con la regla tercera c) de la disposición adicional séptima, apartado primero, del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, en la redacción dada por el artículo 5.2 del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, por posible vulneración de la proscripción de discriminación recogida en el artículo 14 CE (ATC 3/2019, de 28 de enero).

Esta misma sala planteó igualmente cuestión interna de inconstitucionalidad respecto del artículo 454 bis.1 de la Ley de enjuiciamiento civil, por posible infracción del derecho a la tutela judicial efectiva (ATC 23/2019, de 8 de abril).

La Sala Primera del Tribunal inadmitió a trámite un recurso de amparo (ATC 175/2019, de 16 de diciembre) y su Sección Primera otro (ATC 119/2019, de 17 de octubre; rectificado por el ATC 120/2019, de 21 de octubre). También por auto, la Sala Primera acogió el desistimiento de la parte actora en un recurso de amparo que había sido inicialmente admitido a trámite al revestir el asunto especial trascendencia toda vez que planteaba una cuestión jurídica de relevancia y general repercusión social y económica (ATC 147/2019, de 25 de noviembre).

Las distintas secciones dictaron seis autos resolutorios de recursos de sú-

plica promovidos por el Ministerio Fiscal frente a las providencias de inadmisión de recursos de amparo. Dos de ellos desestimaron los correspondientes recursos, confirmando las providencias de inadmisión en sus propios términos (AATC 11/2019, de 18 de febrero, y 40/2019, de 22 de mayo, al que se formuló un voto particular discrepante). En otros dos se estimó la súplica pero se inadmitió el recurso de amparo al apreciar la concurrencia de un motivo de inadmisión distinto del identificado en la providencia revocada (AATC 29/2019, de 23 de abril, y 161/2019, de 26

de noviembre). En los dos restantes se estimó el recurso de súplica quedando las demandas de amparo pendientes de un nuevo examen sobre la concurrencia de los requisitos de admisión (AATC 1/2019, de 9 de enero, y 138/2019, de 6 de noviembre).

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Las salas y secciones dictaron un total de 78 autos sobre medidas cautelares del artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En 54 de esos autos las salas denegaron la suspensión interesada por la actora al tiempo que ordenaron la anotación preventiva de la demanda de amparo en el registro de la propiedad. En otros 16 se denegó la suspensión solicitada (AATC 36/2019 y 38/2019, de 20 de mayo; 55/2019, de 3 de junio; 60/2019 y 61/2019, de 17 de junio; 67/2019 y 68/2019, de 1 de julio; 82/2019 a 84/2019, de 15 de julio; 97/2019 y 99/2019, de 16 de septiembre; 112/2019, de 30 de septiembre; 125/2019, de 28 de octubre; 154/2019, de 25 de noviembre, y 172/2019, de 16 de diciembre) y en cinco se acordó la suspensión de los actos de los poderes públicos objeto de los recursos de amparo (AATC 6/2019, de 4 de febrero; 73/2019, de 15 de julio; 95/2019, de 23 de julio; 140/2019, de 11 de noviembre, y 159/2019, de 25 de noviembre). A ellos deben añadirse el ATC 59/2019, de 17 de junio, que además de suspender los actos controvertidos otorgó una medida cautelar positiva: el mantenimiento de la tarjeta provisional que acreditaba al recurrente como residente en calidad de familiar de ciudadano de la Unión Europea; y el ATC 66/2019, de 1 de julio, que otorgó la única medida provisional instada: la anotación preventiva en el registro de la propiedad de la demanda de amparo. Para concluir, el ATC 37/2019, de 20 de mayo, constató la extinción de la pieza separada de suspensión abierta en proceso de amparo.

La Sala Primera dictó un auto inadmitiendo la solicitud de ejecución de la STC 137/2017, de 27 de noviembre, (ATC 169/2019, de 16 de diciembre) y aceptó en dos ocasiones la abstención de un magistrado en procesos de amparo (AATC 35/2019, de 6 de mayo, y 146/2019, de 25 de noviembre). Las secciones del Tribunal dictaron 29 autos aceptando otras tantas abstenciones en procesos de amparo. Por otro lado, la Sala Primera dictó tres autos de acumulación de procesos de amparo (AATC 122/2019 y 123/2019, de 28 de octubre, y 150/2019, de 25 de noviembre) y la Sala Segunda acumuló dos procesos en su ATC 58/2019, de 17 de junio.

Finalmente, en el ATC 160/2019, de 26 de noviembre, la Sección Cuarta rechazó la solicitud de designación de abogado y procurador de oficio con vistas a la formulación de recurso de amparo, y en el ATC 179/2019, de 16 de diciembre, la Sala Primera inadmitió un recurso de reposición planteado en relación con una diligencia de ordenación dictada por el letrado de la administración de justicia en un proceso de amparo promovido en relación con un proceso contencioso-administrativo.

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D) El trámite de admisión de recursos

Durante 2019 el Pleno admitió a trámite 53 procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales, así como otros 12 recursos de amparo.

Como ya se ha indicado anteriormente, inadmitió mediante auto 15 cuestiones de inconstitucionalidad, dos recursos de amparo, un conflicto positivo y otro conflicto negativo de competencias.

Por su parte, las salas y secciones admitieron a trámite 162 recursos de amparo y dictaron dos autos de inadmisión —la Sala Primera—, 6.220

providencias de inadmisión y 152 providencias de terminación previas a la decisión sobre la admisión. Como ya se ha indicado en su momento, cuatro providencias de inadmisión fueron revocadas al estimarse los correspondientes recursos de súplica promovidos por el Ministerio Fiscal.

Ahora bien, en dos de esos casos la estimación del recurso y la consiguiente revocación de la providencia inicial se acompañaron de la inadmisión del recurso de amparo por la concurrencia de un motivo de inadmisión distinto del identificado en la providencia revocada (AATC 29/2019, de 23 de abril, y 161/2019, de 26 de noviembre).

Consecuentemente, del total de decisiones sobre admisión y tramitación adoptadas a lo largo del año en materia de amparo (6.623, cifra que arroja la suma de las providencias de admisión, autos y providencias de inadmisión y autos y providencias de terminación de asuntos), solo el 3,43 dio lugar a la tramitación de los recursos para su posterior resolución por sentencia y el restante 96,57 por 100 supuso el archivo del recurso. Se observa, no obstante, un incremento notable de la admisión, pues en 2018 apenas había alcanzado al 1,675 por 100 de asuntos de nuevo ingreso.

Como ya viene siendo habitual, la presente Memoria incorpora un cuadro de sistematización de las causas de admisión de los recursos de amparo, estructurada según los criterios empleados en las distintas providencias.

En 2019 la mayoría de recursos de amparo admitidos a trámite lo fueron por diversos motivos (62, el 35,64 por 100), seguidos de la ausencia de doctrina constitucional (43, el 24,71 por 100) y el eventual origen normativo de la vulneración (20, el 11,49 por 100), la repercusión social o económica (18, el 10,34 por 100), la posible aclaración o cambio de doctrina consecuencia de un proceso de reflexión interna (11, el 6,32) o de cambios normativos (10, el 5,75 por 100), la eventual negativa al acatamiento de 50

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la doctrina constitucional por las resoluciones judiciales o la diversidad de motivos (siete demandas de amparo, es decir, el 4,03 por 100). En un caso la admisión se acordó en atención a las posibles consecuencias políticas generales del asunto.

En cuanto a las causas de inadmisión, los datos siguen mostrando el predominio de la causa relativa a la insuficiente justificación de la especial trascendencia constitucional (2.328, el 37,43 por 100), seguida a gran distancia de la relativa a la falta de especial trascendencia constitucional (1.400, el 22,51 por 100), la falta de justificación de la especial trascendencia constitucional (741, el 11,91 por 100 de las demandas de amparo), la falta de subsanación de defectos procesales (570, el 9,16 por 100), la falta de agotamiento de la vía judicial previa (563, el 9,05 por 100), la extemporaneidad del recurso (286, el 4,60 por 100), o la inexistencia de lesión del derecho fundamental invocado (272, el 4,37 por 100). La falta de denuncia de la vulneración del derecho fundamental fue causa de inadmisión en únicamente 14 casos, apenas el 0,23 por 100. En 39 providencias de inadmisión se citaron varios motivos de los referidos (0,63 por 100) y en siete otros diferentes (0,11 por 100).

E) Balance estadístico del año

La comparación entre los asuntos ingresados a lo largo de 2019 y los resueltos, ya sea mediante sentencia u otras resoluciones que ponen fin al proceso (autos y providencias de inadmisión, autos y providencias de terminación por otras causas), arroja los siguientes resultados (condensados en los cuadros 3 a 6 del anexo III):

El Pleno del Tribunal recibió 59 recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, impugnaciones de disposiciones autonómicas y cuestiones prejudiciales de validez de normas forales fiscales, admitió a trámite 37 e inadmitió 31 mediante auto. Al finalizar el año se hallaban pendientes de que se decidiera sobre su admisión un recurso de inconstitucionalidad y cinco cuestiones de inconstitucionalidad. Había avocado para su conocimiento 44 recursos de amparo (32 pendientes de admisión y 12 ya admitidos a trámite) y había deferido a las salas cuatro cuestiones de inconstitucionalidad: dos a cada una de ellas. El Pleno dictó 96 sentencias y resolvió

—por sentencia o por auto de terminación— 100 procesos, con 101 asuntos (pues había uno acumulado). El Pleno finalizó el año con 93 asuntos 51

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pendientes de sentencia en el mismo número de procesos, reduciendo la pendencia en 21 asuntos menos (en 20 procesos).

Con respecto a las salas, en fase de admisión, la Primera recibió 3.449

nuevos recursos de amparo. Inadmitió 3.098 y dio por terminados —por desistimiento u otras causas— otros 48 recursos que se hallaban pendientes de admisión (46 por providencia y dos por auto). Quedaron pendientes de decidir sobre su admisión 1.755 demandas de amparo y de resolver 35

recursos de amparo, acumulados en 33 procesos; a estas cifras deben su-marse las dos cuestiones de inconstitucionalidad que, ya se ha indicado, le fueran deferidas por el Pleno.

En la Sala Segunda ingresaron 3.437 nuevos asuntos. La Sala inadmitió 3.073 y dio por terminados 441 recursos pendientes de admisión (438

mediante providencia y tres mediante auto). Al finalizar el año, quedaron pendientes de decidir sobre su admisión 1.425 demandas de amparo y de resolver sobre el fondo 65 recursos de amparo y dos cuestiones de inconstitucionalidad.

En cuanto a la resolución de asuntos admitidos a trámite, cada una de las salas dictó una sentencia en cuestión de inconstitucionalidad e idéntico número en procesos de amparo: veintidós. El Pleno dictó once sentencias resolviendo demandas de amparo y un auto inadmitiendo otra a trámite.

Como ya se ha reseñado, al finalizar el año tenía pendientes de resolver 41

recursos de amparo cuyo conocimiento había avocado previamente.

Las secciones no tenían ningún proceso constitucional pendiente de resolución definitiva.

F) La pendencia de asuntos

Al finalizar 2019 se encontraban admitidos a trámite para dictar sentencia del Pleno 74 procesos, con un asunto acumulado. Esta cifra se desglo-sa del siguiente modo: 36 procesos en recursos de amparo previamente avocados, que sumaban 37 asuntos al haberse acumulado dos de ellos; 28

recursos de inconstitucionalidad; siete cuestiones de inconstitucionalidad y tres conflictos positivos de competencia. Al cerrar el año se encontraban pendientes de resolver sobre su admisibilidad únicamente seis cuestiones de inconstitucionalidad.

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Los recursos de amparo pendientes de sentencia al finalizar el año alcan-zaban una cifra total 188, acumulados en 137 procesos: 36 procesos, con 37 asuntos, cuyo conocimiento había avocado el Pleno, 63 procesos y asuntos pendientes antes la Sala Primera y 88 procesos y asuntos ante la Sala Segunda. Los recursos de amparo pendientes de resolver sobre su admisibilidad ascendían a 3.506: uno cuya decisión sobre la admisión correspondía al Pleno, 1.969 a la Sala Primera y 1.536 a la Sala Segunda.

2. Procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales A) Preliminar

Durante 2019 el Tribunal Constitucional dictó 32 sentencias en recursos de inconstitucionalidad, 22 en cuestiones de inconstitucionalidad —tres de ellas, en cuestiones internas de inconstitucionalidad—, tres en conflictos positivos de competencia, otras tres en impugnación de disposiciones autonómicas planteadas por el Gobierno de la Nación y una resolutoria de cuestión prejudicial de validez de norma foral fiscal.

La suma arroja un total de 61 sentencias resolutorias de 62 procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales pues la STC 133/2019, de 13 de noviembre, resolvió acumulativamente dos recursos de inconstitucionalidad que había interpuesto el Gobierno vasco en relación con diversos preceptos de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de presupuestos generales del Estado para 2018, y del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.

El Pleno dictó 55 de estas sentencias y seis las salas (dos la Sala Primera y cuatro la Sala Segunda). La doctrina contenida en la STC 128/2018, de 29 de noviembre, fue aplicada en las SSTC 18/2019, de 11 de febrero (de la Sala Segunda), y 26/2019, de 25 de febrero (de la Sala Primera), para desestimar sendas cuestiones de inconstitucionalidad sobre la competencia para la resolución de los recursos de casación contencioso-administrativa fundados en infracción de normas autonómicas. Las SSTC 48/2019, de 8 de abril, de la Sala Segunda, y 60/2019, de 6 de mayo, de la Sala Primera, declararon la pérdida sobrevenida de objeto de dos cuestiones de inconstitucionalidad planteadas en relación con un precepto de la Ley de haciendas forales de Navarra que había sido declarado inconstitucional y 53

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nulo por la STC Pleno 44/2019, de 27 de marzo. Para concluir, la Sala Segunda dictó otras dos sentencias de extinción, por pérdida sobrevenida de objeto, de las correspondientes cuestiones de inconstitucionalidad: STC 152/2019, de 25 de noviembre, resolutoria de una cuestión de inconstitucionalidad que se había planteado respecto de un precepto legal autonómico anulado por la STC 134/2019, de 14 de noviembre, y STC 153/2019, de 25 de noviembre, promovida en relación con diversos preceptos de la Ley de haciendas locales anulados por la STC 126/2019, de 31 de octubre.

Veintinueve de las 32 sentencias dictadas por el Pleno del Tribunal resolvieron recursos de inconstitucionalidad que tenían por objeto diferentes disposiciones legales estatales o autonómicas en las siguientes materias: asistencia social (SSTC 5/2019, de 17 de enero, y 21/2019, de 14 de febrero); contratos públicos y financiación de servicios (STC 63/2019, de 9 de mayo); crédito y banca (STC 13/2019, de 31 de enero); derecho civil (SSTC 7/2019, de 17 de enero, y 132/2019, de 13 de noviembre); derechos históricos (STC 158/2019, de 12 de diciembre); educación y universidades (SSTC 14/2019, de 31 de enero; 51/2019, de 11 de abril, y 74/2019, de 22 de mayo); empleo (SSTC 40/2019, de 27 de marzo, y 133/2019, de 13 de noviembre); expropiación forzosa (STC 116/2019, de 16 de octubre); función pública (STC 127/2019, de 31 de octubre); investidura de presidentes autonómicos (STC 45/2019, de 27 de marzo); policía local (STC 178/2019, de 18 de diciembre); protección ambiental y espacios protegidos (SSTC 43/2019, de 27 de marzo; 86/2019 y 87/2019, de 20 de junio; 113/2019, de 3 de octubre; 161/2019, de 12 de diciembre); protección de datos (STC 76/2019, de 22 de mayo); régimen jurídico del sector público (STC 33/2019, de 14 de marzo); régimen local (STC 105/2019, de 19 de septiembre); responsabilidad patrimonial (STC 79/2019, de 5 de junio); tributos (SSTC 4/2019, de 17 de enero, y 28/2019, de 28 de febrero) y vivienda (SSTC 8/2019, de 17 de enero, y 32/2019, de 28 de febrero). La STC 176/2019, de 18 de diciembre, a la que se formularon tres votos particulares, inadmitió un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de La Rioja frente a una ley aprobada por el propio Parlamento autonómico: la Ley 6/2018, de 26 de noviembre, de protección de los animales; las SSTC 89/2019 y 90/2019, de 2 de julio, dictadas en recurso de inconstitucionalidad, tuvieron por objeto el acuerdo del Pleno del Senado de 27 de octubre de 2017 sobre adopción de las medidas previstas en el artículo 155 de la Constitución.

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Las cuestiones de inconstitucionalidad dieron lugar a 22 sentencias, 16 de ellas dictadas por el Pleno (de las cuales tres resolutorias de cuestiones internas de inconstitucionalidad: SSTC 34/2019, de 14 de marzo, y 91/2019, de 3 de junio, en cuestiones planteadas por la Sala Segunda respecto del control judicial de las resoluciones de los letrados de la administración de justicia y la exploración de menores en los procesos de jurisdicción voluntaria, respectivamente; y 85/2019, de 19 de junio, en cuestión suscitada por el propio Pleno del Tribunal en relación con la regulación de la responsabilidad patrimonial de la administración de justicia en los supuestos de prisión provisional servida en proceso en el que finalmente resulte absuelto el encausado), dos por la Sala Primera y cuatro por la Sala Segunda. Estas sentencias se dictaron en procesos constitucionales que tenían por objeto normas estatales o autonómicas con rango de ley relativas a las siguientes materias: proceso civil (STC 6/2019, de 17 de enero); casación contencioso-administrativa autonómica (SSTC 18/2019, de 11 de febrero y 26/2019, de 25 de febrero); tributos autonómicos tanto en su vertiente de creación (STC 22/2019, de 14 de febrero), como de las consecuencias procedimentales de su anulación por el Tribunal Constitucional (STC 44/2019, de 27 de marzo); pensiones de trabajadores a tiempo parcial (STC 91/2019, de 3 de julio); mención registral del sexo de las personas (STC 99/2019, de 18 de julio); policías locales interinos (STC 106/2019, de 19 de septiembre); situaciones administrativas del personal de los servicios de salud (SSTC 117/2019, de 16 de octubre, y 177/2019, de 18 de diciembre); despido objetivo por absentismo laboral (STC 118/2019, de 16 de octubre); impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (STC 126/2019, de 31 de octubre); transformación urbanística de suelos integrados en espacios especialmente protegidos (STC 134/2019, de 13 de noviembre); procedimiento de declaración de bienes de interés cultural (STC 157/2019, de 28 de noviembre) y tipificación de infracciones administrativas (STC 160/2019, de 12 de diciembre).

La Sala Primera constató la pérdida de objeto de dos cuestiones de inconstitucionalidad planteadas respecto del precepto legal foral anulado por la STC 44/2019 (STC 48/2019, de 8 de abril) y otro tanto hizo la Sala Segunda en la STC 60/2019, de 6 de mayo, que también declaró la extinción de cuestiones suscitadas respecto de los preceptos legales anulados por la STC 134/2019 (STC 152/2019, de 25 de noviembre) y la STC 126/2019 (STC 153/2019, de 25 de noviembre).

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El Pleno resolvió, en la STC 9/2019, de 17 de enero, una cuestión prejudicial de validez planteada en relación con la norma foral de las Juntas Generales de Álava que introdujo el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica. Asimismo, dictó tres sentencias en conflictos positivos de competencia, todos ellos promovidos por distintos ejecutivos autonómicos frente a normas estatales sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para móviles del sector público (STC 100/2019, de 18 de julio) y pruebas de evaluación final de educación primaria (STC 109/2019, de 1

de octubre), secundaria y bachillerato (STC 114/2019, de 16 de octubre), y otras tantas resolutorias de impugnaciones de disposiciones autonómicas sobre la propuesta de candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña (STC 19/2019, de 12 de febrero) y sendas resoluciones parlamentarias que afectaban a la posición institucional del rey (SSTC 98/2019, de 17 de julio, y 111/2019, de 2 de octubre).

En 17 de las 61 sentencias dictadas en procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales se formularon votos particulares. Todas estas sentencias fueron dictadas por el Pleno, con excepción de la STC 18/2019, de 11 de febrero, dictada por la Sala Segunda en cuestión de inconstitucionalidad y en la que aplicó la doctrina de la STC 128/2018, sobre integración del órgano judicial que debe resolver los recursos de casación autonómica en el orden contencioso-administrativo.

Durante 2019, el Pleno inadmitió quince cuestiones de inconstitucionalidad, un conflicto positivo de competencia y un conflicto negativo. Asimismo, el Pleno aceptó el desistimiento del Gobierno de Navarra en el recurso de inconstitucionalidad que había interpuesto en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud mental y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (ATC 20/2019, de 26 de marzo) y del presidente del Gobierno en el recurso de inconstitucionalidad promovido respecto de la Ley del Parlamento Vasco 12/2016, de 28 de junio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la comunidad autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999

(ATC 71/2019, de 2 de julio).

Igualmente, estimó tres incidentes de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, dictada en impugnación de disposiciones autonómicas respecto de la resolución del Parlamento de Cataluña que acordara el inicio del proceso de creación de un estado catalán independiente en for-56

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ma de república (AATC 180/2019 y 181/2019, de 18 de diciembre) y de la STC 98/2019, de 17 de julio, que había anulado una resolución parlamentaria contraria a la configuración constitucional de la Corona (ATC 184/2019, de 18 de diciembre); acordó la extinción de otros dos incidentes de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de diciembre, que había anulado una resolución parlamentaria que expresamente contradecía lo decidido en la STC 259/2015 (AATC 182/2019 y 183/2019, de 18 de diciembre) y rechazó, en el ATC 15/2019, de 12 de marzo, un incidente de ejecución que había suscitado el Parlamento de Cataluña respecto de la STC 152/2017, de 21 de diciembre, resolutoria de tres recursos de inconstitucionalidad acumulados respecto del real decreto-ley que dispuso la hibernación de la instalación de almacenamiento subterráneo de gas «Castor».

La Sala Segunda planteó una cuestión interna de inconstitucionalidad en relación con la Ley general de la Seguridad Social (ATC 3/2019, de 29 de enero).

B) Leyes y disposiciones con fuerza de ley del Estado Durante 2019 el Tribunal dictó 19 sentencias en procesos constitucionales que tenían por objeto dieciséis leyes, disposiciones o actos con valor de ley de las instituciones generales del Estado. Dieciséis de estas sentencias fueron dictadas por el Pleno, una por la Sala Primera (STC 26/2019, de 25

de febrero) y dos por la Sala Segunda (SSTC 18/2019, de 11 de febrero, y 153/2019, de 11 de noviembre). Ocho de ellas fueron dictadas en recursos de inconstitucionalidad y las otras once en cuestiones de inconstitucionalidad, tres de ellas cuestiones internas planteadas por la Sala Segunda (SSTC 34/2019, de 14 de marzo, y 91/2019, de 3 de julio) y el Pleno del Tribunal (STC 85/2019, de 19 de junio).

En algunas de estas sentencias el Tribunal apreció la pérdida parcial de objeto del correspondiente proceso constitucional (v.gr., STC 90/2019, de 2 de julio), constatando su desaparición sobrevenida íntegra en la STC 153/2019, de 21 de noviembre, al tratarse de una cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con los preceptos del texto refundido de la Ley de haciendas locales reguladores del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana que habían sido anulados por la STC 126/2019, de 31 de octubre.

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El Tribunal declaró la inconstitucionalidad, total o parcial, de trece preceptos legales estatales. La mayoría de las declaraciones de inconstitucionalidad se acompañó con la anulación de los preceptos legales concernidos; no fue este el caso de la STC 99/2019, de 18 de julio, que declaró inconstitucional el artículo 1.1 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, «pero únicamente en la medida en que incluye en el ámbito subjetivo de la prohibición a los menores de edad con “suficiente madurez” y que se encuentren en una situación estable de transexualidad»; la STC 126/2019, de 31 de octubre, en cuyo fundamento jurídico 5 se precisa el alcance y consecuencias de la declaración de inconstitucionalidad de los preceptos reguladores del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana del texto refundido de la Ley de haciendas locales; y la STC 133/2019, de 13 de noviembre, que hace lo propio en su fundamento jurídico 3 d) respecto de los apartados e incisos de la disposición adicional centésima vigésima de la Ley de presupuestos generales del Estado para 2018 declarados inconstitucionales. En estas dos últimas sentencias se descarta expresamente que el fallo conlleve la revisión de las resoluciones y actos firmes.

El Pleno dictó siete autos de inadmisión de otras tantas cuestiones de inconstitucionalidad que versaban sobre distintas normas estatales con rango de ley. Los preceptos cuestionados formaban parte de los siguientes textos legales: Leyes de enjuiciamiento civil (ATC 134/2019, de 29 de octubre) y criminal (ATC 5/2019, de 29 de enero), Ley general de la Seguridad Social (ATC 8/2019, de 12 de febrero; y 89/2019, de 16 de julio, y 133/2019, de 29 de octubre), Ley del estatuto de los trabajadores (ATC 9/2019, de 12 de febrero) y Ley general tributaria (ATC 116/2019, de 15 de octubre).

Las SSTC 89/2019 y 90/2019, de 2 de julio, resolvieron los recursos de inconstitucionalidad interpuestos, respectivamente, por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea del Congreso de los Diputados y por el Parlamento de Cataluña respecto del Acuerdo del Pleno del Senado de 27 de octubre de 2017, por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno al amparo del artículo 155 de la Constitución. En este acuerdo, la cámara alta apreció que las autoridades de la Generalitat de Cataluña habían incumplido las obligaciones constitucionales y habían realizado actuaciones gravemente contrarias al interés general de España; constató que había sido desaten-58

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dido el requerimiento efectuado por el Gobierno de la Nación a fin de que por la Generalitat de Cataluña se pusiera fin a la situación creada y, consecuentemente, aprobó las medidas solicitadas por el Gobierno para re-vertir la situación.

Particularmente en la primera de estas sentencias, el Tribunal Constitucional perfiló los principales aspectos de la institución recogida en el artí-

culo 155 de la Constitución: mecanismo de coerción estatal, que no herramienta de control competencial; de aplicación restringida a situaciones especialmente críticas al tratarse de un instrumento para la garantizar la validez y eficacia de la Constitución; a la que solo se puede recurrir cuando las vías ordinarias de control se hayan demostrado insuficientes y sujeta a un límite temporal, de suerte que no puede dar lugar a la supresión institucional o a la suspensión indefinida de la autonomía.

En la primera de estas sentencias se constata el cumplimiento de los requisitos procedimentales establecidos por la Constitución y el Reglamento del Senado para la puesta en práctica del mecanismo de coerción estatal concernido. En particular, se apreció que durante la tramitación parlamentaria de la petición gubernamental el presidente autonómico había tenido la posibilidad de comparecer personalmente o remitir por escrito la información que estimara pertinente, como así hizo. Con respecto al alcance de la coerción estatal, esa misma STC 89/2019 precisó que el art. 155 CE no equipara la intervención con la imposición de concretas obligaciones de hacer ni la reduce al reconocimiento de una potestad de impartir instrucciones vinculantes para las autoridades autonómicas. La licitud constitucional de las medidas de intervención debe apreciarse atendiendo al elemento teleológico que las legitima (la reconducción de la autonomía a su marco constitucional y estatutario); su necesidad, enten-dida como adecuación a las circunstancias que desencadenan la puesta en práctica de la coerción estatal; la precisa división de funciones en la ejecución de las medidas, que corresponde al Gobierno de la Nación, y su fisca-lización, potestad privativa del Senado, órgano constitucional que debe definir el marco ordenador de la acción gubernamental.

Contrastadas las medidas concretamente autorizadas por el acuerdo del Senado controvertido con el parámetro de enjuiciamiento así perfilado, la STC 89/2019 concluye —y la STC 90/2019 reitera— que no son contrarios a la Constitución: a) el cese del presidente y demás miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña y la paralela asunción 59

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de sus funciones por el Consejo de Ministros; b) la atribución al presidente del Gobierno de la Nación de la potestad para disolver anticipadamen-te el Parlamento de Cataluña y convocar elecciones; c) la supeditación de la acción administrativa de la Generalitat de Cataluña a un régimen de comunicación o autorización previa; d) la consideración como nulos de pleno derecho de cuantos actos y disposiciones contravengan las medidas aprobadas por el Senado; e) disposiciones relativas al cuerpo de policía autonómica y f) las reglas de actuación dirigidas al Parlamento de Cataluña y, en particular, la privación a su presidente de la facultad de proponer candidato a la presidencia de la Generalitat en tanto estén vigentes las medidas de coerción estatal aquí sintetizadas. Por el contrario, declaró la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de la privación de vigencia, validez y efectos de las disposiciones, resoluciones, actos o acuerdos publicados en el diario oficial autonómico sin autorización o en contra de lo acordado por los órganos o autoridades creados al efecto o designados por el Gobierno de la Nación. La sentencia concluyó que una solución tan radical pone en riesgo el principio de seguridad jurídica, que impide que la desatención de los controles administrativos previos a la publicación oficial pueda saldarse con la inexistencia misma de la disposición o acto afectados.

Las SSTC 76/2019, de 22 de mayo, y 85/2019, de 19 de junio, ambas dictadas por el Pleno, declararon la nulidad de dos preceptos de leyes or-gánicas. La primera de ellas estimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo respecto del precepto de la Ley Or-gánica del régimen electoral general que declaraba amparada en el interés público la recopilación, por los partidos políticos, de datos relativos a las opiniones políticas de las personas «cuando se ofrezcan garantías adecuadas». La STC 76/2019 hizo hincapié en que los relativos a la ideología política son datos personales sensibles que precisan de un nivel superior y específico de garantías que deben estar expresa y suficientemente previstas en la ley orgánica, ya sea directamente o por remisión expresa a fuentes externas dotadas de rango normativo suficiente, exigencia que no po-día entenderse satisfecha con la genérica remisión al ofrecimiento de

«garantías adecuadas» contenida en el precepto controvertido.

A su vez, la STC 85/2019, de 19 de junio —a la que se formularon dos votos particulares, uno de ellos suscritos por dos magistrados—, resolvió la cuestión interna de inconstitucionalidad planteada por el propio Pleno del Tribunal y anuló los incisos del artículo 294.1 de la Ley Orgánica del 60

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Poder Judicial que limitaban la indemnización por haber servido prisión preventiva únicamente a los casos en los que la absolución o el sobreseimiento libre se hubiera dictado «por inexistencia del hecho imputado».

La sentencia concluyó que esta limitación es contraria al principio de igualdad en la ley, toda vez que la diferencia de trato carece de un fundamento objetivo y razonable, y al derecho a la presunción de inocencia como regla de trato aplicable en procesos posteriores pero vinculados a la causa penal.

Las SSTC 40/2019, de 27 de marzo, y 133/2019, de 13 de noviembre, ambas dictadas por el Pleno, estimaron parcialmente sendos recursos de inconstitucionalidad de contenido competencial interpuestos por ejecutivos autonómicos respecto de normas legales estatales que reservaban a la administración del Estado el ejercicio de funciones ejecutivas, descono-ciendo con ello la distribución constitucional y estatutaria de competencias en materia laboral y de empleo. La primera de estas sentencias estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y declaró inconstitucionales aquellos preceptos del Real Decreto-ley 7/2017, de 28 de abril, por el que se prorroga y modifica el programa de activación para el empleo, que atribuían al Servicio Público de Empleo Estatal el ejercicio de diversas funciones ejecutivas, en la tramitación de solicitudes y concesión de ayudas econó-

micas del programa de activación para el empleo. A su vez, la STC 133/2019

resolvió los recursos de inconstitucionalidad planteados por el Gobierno vasco respecto de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de presupuestos generales del Estado para el año 2018, y del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, sobre la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, que habían sido previamente acumulados. Esta sentencia declaró inconstitucional la regulación de la denominada ayuda de acompañamiento pues, habida cuenta de que las medidas del sistema nacional de garantía juvenil se incardinan en la competencia de planificación general de la actividad económica, su gestión corresponde a las comunidades autónomas; por el contrario, no apreció tacha de inconstitucionalidad alguna en la atribución a la administración estatal de la gestión del subsidio extraordinario por desempleo, competencialmente integrado en la materia Seguridad Social.

Seis sentencias dictadas en 2019 resolvieron procesos de inconstitucionalidad que tenían por objeto normas legales estatales en materia procesal.

En tres de ellas —SSTC 6/2019, de 17 de enero; 32/2019, de 28 de febre-61

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ro, y 34/2019, de 14 de enero— el Pleno enjuició la constitucionalidad de diversos preceptos incorporados a la Ley de enjuiciamiento civil por diferentes reformas de este texto legal. La STC 6/2019, dictada en cuestión de inconstitucionalidad, declaró que no es inconstitucional la atribución de plenos efectos a las notificaciones judiciales incorporadas al portal Lexnet sin que medie aviso a sus destinatarios. Esta sentencia, a la que se formuló un voto particular discrepante, subrayó que dicho aviso es una actividad accesoria a la notificación judicial y que no puede reputarse carga desproporcionada la exigencia de que abogados, procuradores y gradua-dos sociales utilicen diariamente el portal en cuestión, antes bien, representa una tarea normal en el ejercicio de su profesión. Por su parte, la STC 32/2019, que cuenta con un voto particular concurrente, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados frente a la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, en relación con la ocupación ilegal de viviendas. La ley de 2018 introdujo un proceso civil sumario destinado a que los titulares legítimos recuperen de manera inmediata sus viviendas y lo hizo en unos términos compatibles tanto con el derecho a la tutela judicial sin indefensión y a un proceso con todas las garantías cuanto con el derecho a una vivienda digna, mandato constitucional que no excluye la existencia de procedimientos judiciales especialmente ágiles y sumarios para dirimir las controversias sobre el mejor derecho de titularidad y posesión sobre los bienes inmuebles. Finalmente, la STC 34/2019, resolutoria de la cuestión interna de constitucionalidad planteada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos de la Ley de enjuiciamiento civil, incorporados por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, que impedían el control judicial de los decretos dictados por los letrados de la administración de justicia en los procedimientos de reclamación de honorarios de los abogados. Esta sentencia reiteró la doctrina contenida en las SSTC 58/2016, de 17 de marzo, y 72/2018, de 21 de junio, sobre revisión judicial de los actos de los letrados de la administración de justicia.

A su vez, la STC 64/2019, de 9 de mayo, resolvió una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado de primera instancia de Barcelona en relación con el art. 18.2 de la Ley de jurisdicción voluntaria, relativo al contenido del acta de la exploración de menores o personas con capacidad jurídica judicialmente modificada y su traslado a las partes. La sentencia concluye que la regulación controvertida es el resultado equili-62

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brado de la ponderación entre el derecho del menor a su intimidad personal y el derecho a la tutela judicial efectiva de las partes, sin que el sacri-fico del primero pueda considerarse desproporcionado.

Finalmente, las SSTC 18/2019, de 11 de febrero, dictada por la Sala Segunda, y 26/2019, de 25 de febrero, de la Sala Primera, aplicaron la doctrina de la STC 128/2018, de 29 de noviembre, acerca de la constitucionalidad de los preceptos de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa relativos a la composición de la sección funcional de la sala de lo contencioso-administrativo que, en los distintos tribunales superiores de justicia, es competente para conocer del recurso de casación autonómica. La STC 18/2019 cuenta con dos votos particulares discrepantes.

La STC 99/2019, de 18 de julio, del Pleno, resolvió una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo respecto del artículo 1 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La sentencia declaró inconstitucional el precepto legal exclusivamente en la medida en que impide promover la rectificación registral a los menores de edad que gocen de «suficiente madurez» y se encuentren en una «situación estable de transexualidad». Esta sentencia cuenta con un voto particular parcialmente discrepante suscrito por dos magistrados.

El Pleno dictó dos sentencias en procesos donde se discutía la constitucionalidad de sendas leyes administrativas: la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público (STC 33/2019, de 14 de marzo), y la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público (STC 63/2019, de 9 de mayo). La Ley 40/2015 ya había sido objeto del recurso de inconstitucionalidad resuelto en la STC 132/2018, de 13 de diciembre, cuya doctrina reiteró, en lo pertinente, la STC 33/2019. Esta última —desestimatoria del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Canarias frente a la ley estatal— declaró que la carac-terización de la inscripción registral como requisito de eficacia de los convenios interadministrativos que pueda suscribir la administración del Estado no merece reproche constitucional alguno, pues se trata de una previsión que responde a las exigencias de eficiencia en el uso de los recursos públicos, transparencia y eficacia de la acción administrativa. Asimismo, concluyó que la atribución al Gobierno de la potestad de resolver convenios de contenido subvencional cuando medie ausencia de crédito 63

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suficiente no vulnera la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas y que el establecimiento de un plazo de tres años para proceder a la adaptación de los convenios vigentes a la nueva ley se incardina en la competencia estatal básica en la materia, que comprende la identificación de los aspectos temporales de aplicación de las bases. Por su parte, la STC 63/2019 desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados en relación con la Ley 9/2017, de contratos del sector público. La sentencia declaró conforme con la Constitución la configuración como prestaciones patrimoniales de carácter pú-

blico no tributario de las tarifas abonadas por los usuarios de servicios gestionados por la administración pública, habida cuenta de que en la regulación controvertida se satisfacen las exigencias propias de la reserva de ley derivada de los arts. 31.3 y 133 CE ya que en ella se establecen los criterios generales que es preciso observar para la definición y revisión de las tarifas de los concretos servicios.

En materia de tributos locales se dictó la STC 126/2019, de 31 de octubre. Continuando la línea doctrinal iniciada por la STC 26/2017, de 16 de febrero, esta sentencia declaró la inconstitucionalidad de la regla de cálculo de la cuota del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, exclusivamente en aquellos supuestos en los que arroje un resultado superior al incremento patrimonial efectivamente obtenido por el contribuyente, por ser tal hipótesis contraria a los principios de capacidad económica y no confiscatoriedad. La conclusión alcanzada en esta sentencia determinó que el Pleno, en la STC 153/2019, de 25 de noviembre, apreciara la extinción de otra cuestión de inconstitucionalidad sobre el mismo objeto.

Para concluir, en materia laboral y de Seguridad Social el Pleno dictó dos sentencias en procesos de inconstitucionalidad. La STC 91/2019, de 3 de julio, resolvió la cuestión interna de inconstitucionalidad planteada por la Sala Segunda del Tribunal y anuló el precepto del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social que introducía el denominado «coeficiente de parcialidad» en el cálculo de la pensión de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial. Se trataba de una regla de cálculo incursa en un motivo de inconstitucionalidad por discriminación indirecta por razón de sexo. Por su parte, la STC 118/2019, de 16 de octubre, resolutoria de una cuestión de inconstitucionalidad, declaró la constitucionalidad del artículo 52 d) del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 64

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relativo al despido objetivo por absentismo laboral. A esta sentencia se formularon tres votos particulares discrepantes, uno de ellos suscrito por dos magistrados.

C) Leyes y disposiciones con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas A lo largo de 2019 se dictaron un total de 36 sentencias en procesos constitucionales que tenían por objeto normas con rango de ley de las comunidades autónomas. El Pleno dictó 33 (25 en recursos de inconstitucionalidad y ocho en cuestiones de inconstitucionalidad) y las salas las tres restantes: una la Sala Primera (STC 60/2019, de 6 de mayo) y dos la Sala Segunda (SSTC 48/2019, de 8 de abril, y 152/2019, de 25 de noviembre).

Si bien en la práctica totalidad de estas sentencias se enjuició el fondo de la controversia constitucional planteada, el Pleno inadmitió un recurso de inconstitucionalidad en la STC 176/2019, de 18 de diciembre, al apreciar la falta de legitimación activa del Gobierno de La Rioja para impugnar una ley de la asamblea legislativa autonómica (Ley del Parlamento de La Rioja 6/2018, de 26 de noviembre, de protección de los animales). A esta sentencia se formularon tres votos particulares discrepantes, dos de ellos suscritos por dos magistrados. Asimismo, el Pleno apreció la extinción de una cuestión de inconstitucionalidad en la STC 152/2019, de 25 de noviembre. Las salas constataron en sentencia la desaparición sobrevenida del objeto de otras dos cuestiones de inconstitucionalidad (SSTC 48/2019, de 8 de abril, de la Sala Segunda, y 60/2019, de 6 de mayo, de la Sala Primera).

El Tribunal declaró la inconstitucionalidad y nulidad total o parcial de 104 preceptos legales autonómicos y estableció la interpretación conforme con la Constitución de otros veinte. En diez de las sentencias dictadas en procesos frente a normas con rango de ley autonómicas se formularon votos particulares.

El Pleno inadmitió por auto ocho cuestiones de inconstitucionalidad planteadas en relación con normas autonómicas con rango de ley (AATC 18/2019, de 12 de marzo; 27/2019, de 9 de abril; 39/2019, de 21

de mayo; 63/2019, de 18 de junio; 113/2019, de 1 de octubre; 117/2019, de 15 de octubre; 132/2019, de 29 de octubre, y 167/2019, de 10 de diciembre) y aceptó el desistimiento del presidente del Gobierno en un recurso de inconstitucionalidad (ATC 71/2019, de 2 de julio). Por otro lado, 65

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en el ATC 62/2019, de 18 de junio, acordó el mantenimiento de la suspensión de un precepto de la Ley de actualización de los derechos históricos de Aragón más tarde anulado por la STC 158/2019, de 12 de diciembre.

Once de las treinta y seis sentencias recaídas en procesos constitucionales sobre leyes y disposiciones con fuerza de ley de las comunidades autónomas, tuvieron por objeto distintos preceptos de leyes aprobadas por el Parlamento de Cataluña. Todas estas sentencias fueron dictadas por el Pleno del Tribunal.

Dos de esas sentencias (SSTC 4/2019, de 17 de enero, y 28/2019, de 28

de febrero) desestimaron los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el presidente del Gobierno frente a las leyes reguladoras de sendos tributos autonómicos. La primera sentencia concluyó que el impuesto sobre viviendas vacías, creado por la Ley 14/2015, de 21 de julio, no incurría en el vicio de doble imposición proscrita por el artículo 6.3 de la Ley Orgánica de financiación de las comunidades autónomas; contrastado el tributo autonómico con el impuesto sobre bienes inmuebles, la STC 4/2019

constató la existencia de diferencias sustanciales en los elementos esenciales de ambos impuestos. La STC 28/2019 no apreció la concurrencia de vicio alguno de constitucionalidad en el impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas, creado por la Ley del Parlamento de Cataluña 6/2017, de 9 de mayo. Este tributo autonómico no se solapa con el impuesto estatal sobre el patrimonio (que grava bienes de personas fí-

sicas como manifestación de la capacidad económica, en tanto que el autonómico recae sobre bienes improductivos de personas jurídicas) ni con los impuestos locales sobre bienes inmuebles y sobre vehículos de tracción mecánica (el impuesto autonómico grava los bienes por su falta de explotación económica, no por su titularidad). Por el contrario, la STC 43/2019, de 27 de marzo, a la que se formuló un voto particular discrepante, declaró la nulidad de los preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2017, de 28 de marzo, que regulaban el impuesto sobre elementos radiotóxicos al solaparse su hecho imponible con el del impuesto estatal sobre producción de energía nuclear: ambos tributos gravan distintas fases del proceso de producción de energía nuclear.

Otras tres sentencias enjuiciaron preceptos legales autonómicos a los que se reprochaba la vulneración del orden constitucional y estatutario de distribución en relación con la legislación civil. La STC 7/2019, de 17 de enero, a la que se formuló un voto particular discrepante, declaró la nuli-66

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dad de la creación del registro de voluntades digitales por la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2017, de 27 de junio, al tratarse de un registro público de Derecho privado, con lo que se invadía la competencia estatal en materia de ordenación de registros e instrumentos públicos; la inscripción de las voluntades digitales revestía carácter constitutivo y producía los mismos efectos jurídicos sustantivos que los instrumentos propios de la sucesión testada existentes en el Derecho civil catalán. La STC 13/2019, de 31 de enero, que cuenta con un voto particular discrepante suscrito por dos magistrados, declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la Ley autonómica 24/2015, de 29 de julio, en cuanto introducía un procedimiento judicial para resolver situaciones de sobreendeudamiento hipotecario que invadía la competencia estatal sobre legislación procesal, y regulaba los efectos de la cancelación y cesión de créditos hipotecarios, ya que esta regulación representaba una innovación de las cláusulas abusivas de la contratación que corresponde adoptar al legislador estatal en virtud de las competencias que ostenta en materia de Derecho civil. Finalmente, la STC 132/2019, de 13 de noviembre, desestimó la mayor parte del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno frente a la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código civil de Cataluña. Esta sentencia declaró la inconstitucionalidad y nulidad del precepto legal autonómico relativo al pacto de condición resolutoria por infringir la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación procesal, al tiempo que reconoció la competencia normativa autonómica para legislar en materia de contratos con finalidad transmisiva (compraventa y permuta) y sobre actividad ajena (mandato y gestión de negocios sin mandato) al integrarse en la garantía de foralidad.

Por otro lado, la STC 132/2019 definió y ejemplificó el alcance de las bases de las obligaciones contractuales, en los términos del art. 149.1.8 CE, concluyendo la conformidad de las normas autonómicas impugnadas (contratos de compraventa y permuta así como mandato y la gestión de negocios ajenos) con la legislación básica estatal en materia contractual. A esta sentencia se formularon cuatro votos particulares discrepantes, dos de ellos suscritos por dos magistrados.

Aplicando la doctrina iniciada en la STC 93/2015, de 14 de mayo, la STC 8/2019, de 17 de enero, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno y declaró la nulidad de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre, en cuanto regulaba la posibilidad de expropiación del uso de la vivienda en los supuestos de lanzamiento hipotecario. La sentencia hizo hincapié en que la 67

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regulación autonómica colidía con las leyes estatales para la protección de los deudores hipotecarios que se encuentren en situación de exclusión residencial quebrando la coherencia de la acción pública en la materia.

La STC 45/2019, de 27 de marzo, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con los preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 2/2018, de 8 de mayo, de modificación de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno, que propiciaban la investidura no presencial del candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña y la celebración a distancia de reuniones del Consejo de Gobierno. Reiterando la doctrina sentada en amparo por la STC 19/2019, de 12 de febrero, la sentencia subrayó que la investidura en ausencia es contraria a los principios plasmados en el bloque de constitucionalidad. Con respecto a las reuniones no presenciales del órgano de gobierno, la STC 45/2019 declaró que aquellos trámites que no precisan deliberación y no conllevan la adopción de acuerdos pueden realizarse telemáticamente; no así aquellos otros que forman parte del núcleo de la función del gobierno y en los que el debate previo es esencial para la correcta formación de la voluntad del órgano.

Por su parte, la STC 51/2019, de 11 de abril, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Popular en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/2009, de 10 de julio, de educación.

La sentencia declaró la nulidad de los preceptos legales autonómicos que definían los elementos del currículo, afectaban a la regulación específica de las enseñanzas regladas y regulaban algunos aspectos de los cuerpos docentes propios de la Generalitat de Cataluña incompatibles con las bases estatales en materia de función pública. La STC 51/2019 estableció la interpretación conforme de la referencia al aranés como lengua vehicular, que no priva al castellano ni al catalán de esa misma condición, y de la obligación de permanencia mínima en una plaza de funcionario docente antes de poder participar en sucesivos concursos, que solo puede entenderse referida a concursos autonómicos y nunca estatales.

La STC 87/2019, de 20 de junio, dictada en recurso de inconstitucionalidad, declaró la nulidad parcial de distintos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático, relativos a los presupuestos de carbono y el sistema de comercio de derechos de emisión, políticas sectoriales, que regulaban el destino de ingresos deriva-68

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dos de la participación en sistemas de comercio de emisión de gases de efecto invernadero o de otros instrumentos de fiscalidad ambiental estatal o, en fin, declaraban el Mediterráneo zona libre de prospecciones y actividades de extracción y explotación de hidrocarburos. La sentencia estableció la interpretación conforme de otros preceptos legales autonómicos, entre ellos el atinente al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de cambio climático finalidad de la ley o la atribución a la administración autonómica de competencias de autorización, supervisión, control y seguimiento de las actividades incluidas en el régimen de comercio de derechos de emisión.

Finalmente, la STC 177/2019, de 18 de diciembre, resolutoria de una cuestión de inconstitucionalidad, anuló un precepto de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, que enunciaba, como supuesto de extinción del contrato laboral de los trabajadores del Instituto Catalán de la Salud, la jubilación forzosa al alcanzar los 65 años de edad. Esta sentencia concluyó que la previsión normativa controvertida se incardina en el ámbito de la competencia exclusiva del Estado sobre legislación laboral.

Cuatro sentencias pusieron fin a sendos procesos de inconstitucionalidad relativos a leyes de la Comunidad Foral de Navarra. Cronológicamente, la primera de ellas fue la STC 44/2019, de 24 de marzo, en la que el Pleno anuló, en cuestión de inconstitucionalidad, un precepto de la Ley Foral 19/2017, de 27 de diciembre, que, invadiendo la competencia exclusiva del Estado sobre legislación procesal, regulaba el modo como debían proceder los órganos judiciales en ejecución de la STC 72/2017, de 5 de julio, que a su vez, había anulado la regulación del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana cuando no mediara plusvalía alguna. La aprobación de esta sentencia determinó la pérdida sobrevenida de objeto de otras dos cuestiones de inconstitucionalidad que se hallaban pendientes de resolución ante las salas del Tribunal. Las SSTC 48/2019, de 8 de abril, de la Sala Segunda, y 60/2019, de 6 de mayo, de la Sala Primera, constataron la concurrencia de esta causa de extinción de los correspondientes procesos constitucionales. En la STC 178/2019, de 18 de diciembre, el Pleno estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con la Ley Foral 23/2018, de 19 de noviembre, de las policías de Navarra. Esta sentencia declaró la nulidad de los preceptos legales forales que atribuían a una entidad de nueva creación el ejercicio de funciones supramunicipales de ca-rácter policial, predicaban la condición de agentes de la autoridad de los 69

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policías auxiliares y permitían a los alcaldes autorizar a los agentes policiales el ejercicio de sus funciones sin vestir el uniforme.

Cuatro sentencias del Pleno resolvieron recursos de inconstitucionalidad interpuestos en relación con normas con rango de ley emanadas de las instituciones de la comunidad autónoma de Aragón.

Reiterando la doctrina sentada en la STC 2/2018, de 11 enero, la STC 5/2019, de 17 de enero, declaró la nulidad del precepto del Decreto-ley del Gobierno de Aragón 3/2015, de 15 de diciembre, de medidas urgentes de emergencia social, que atribuía carácter de inembargable a las prestaciones económicas de carácter social al invadir la competencia estatal exclusiva en materia de legislación procesal. Esta misma sentencia anuló los preceptos que imponían con carácter obligatorio el mecanismo previo de mediación hipotecaria por su incompatibilidad con la nota de voluntariedad introducida por el legislador estatal. Finalmente, la STC 5/2019 estableció la interpretación conforme con la Constitución del precepto autonómico que regulaba la suspensión de los lanzamientos, haciendo hincapié en que sus elementos esenciales (plazo máximo de suspensión, definición de la situación de especial vulnerabilidad y procedimiento para su acreditación) deben ser coherentes con las previsiones legales estatales. La doctrina de esta sentencia fue reiterada en la STC 21/2019, de 14 de febrero, que resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno respecto de la Ley de las Cortes de Aragón 10/2016, de 1 de diciembre, fruto de la conversión en proyecto de ley del Decreto-ley autonómico 3/2015. A esta última sentencia se formuló un voto particular suscrito por dos magistrados, relativo a la desestimación de la impugnación dirigida contra el precepto legal autonómico referente a la suspensión de lanzamientos en procesos judiciales de desahucio por impago del alquiler.

La STC 74/2019, de 22 de mayo, declaró la nulidad del precepto de la Ley de las Cortes de Aragón 2/2016, de 28 de enero, que supeditaba la implantación de nuevas enseñanzas de grado en centros de educación superior privados a la inexistencia de oferta en los centros universitarios públicos.

La sentencia concluyó que una previsión de este tenor vulneraba el derecho fundamental a la autonomía universitaria de las universidades privadas.

Por otro lado, la STC 158/2019, de 12 de diciembre, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta 70

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diputados del Grupo Popular del Congreso respecto de la Ley de las Cortes de Aragón 8/2018, de 28 de junio, de actualización de los derechos históricos de Aragón. La sentencia subrayó que los derechos reconocidos por la disposición adicional primera de la Constitución tienen como únicos titulares los territorios históricos, sin que pueda extenderse su disfrute a las comunidades autónomas, pese a que sobre una determinada materia hayan asumido idénticas competencias. Partiendo de esta premisa y advertida la imposibilidad de actualizar esos derechos históricos a través de la legislación ordinaria, la STC 158/2019 declaró la inconstitucionalidad y la nulidad de los preceptos legales en los que los derechos histó-

ricos aparecen como fundamento del autogobierno aragonés, vulneraban la reserva constitucional de estatuto de autonomía, o pretendían atribuir la condición política de aragoneses o garantizar la participación política de quienes hayan perdido la vecindad civil aragonesa y residan fuera de su territorio.

Tres sentencias del Pleno resolvieron procesos de inconstitucionalidad que tenían por objeto normas legales de las Illes Balears. La STC 106/2019, de 19 de septiembre, dictada en cuestión de inconstitucionalidad, declaró la constitucionalidad de los preceptos legales autonómicos que regulaban el procedimiento de selección y nombramiento de funcionarios interinos para el desempeño de las funciones de policía local. En particular, esta sentencia concluyó que la posibilidad de designar funcionarios interinos para el desempeño de funciones de policía local no está excluida por la normativa básica estatal.

La STC 113/2019, de 3 de octubre, anuló el inciso de la Ley 9/2018, de 31 de julio, por la que se modifica la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears, que sometía los planes y programas aprobados por el Consejo de Ministros a evaluación ambiental estratégica, a realizar por la propia administración autonómica. En consonan-cia con este criterio, estableció la interpretación conforme de los preceptos que definen el ámbito subjetivo de aplicación del régimen de evaluación ambiental, excluyendo en todo caso a la administración del Estado.

Para concluir, la STC 116/2019, de 16 de octubre, desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Popular del Congreso respecto de un precepto de la Ley del Parlamento de las Illes Balears 13/2018, de 28 de diciembre, de caminos públicos y rutas senderistas de Mallorca y Menorca, que atribuía a los planes o pro-71

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yectos de rutas senderistas la declaración de utilidad pública de los terrenos necesarios para ejecutarlos, previéndose asimismo que su adquisición se lleve a cabo, preferentemente, mediante venta o cesión voluntaria. La ley autonómica definía una causa expropriandi que, desde la estricta perspectiva constitucional, legitimaba la utilización de la potestad expro-piatoria.

Dos sentencias del Pleno enjuiciaron leyes aprobadas por las Cortes Valencianas. La STC 14/2019, de 31 de enero, a la que se formularon dos votos particulares concurrentes, declaró la nulidad del precepto de la Ley 8/2018, de 20 de abril, que tenía por efecto excluir a las universidades privadas de la celebración de convenios de formación práctica y clínica de las titulaciones sanitarias. La STC 105/2019, de 19 de septiembre, estableció la interpretación conforme con la Constitución de los preceptos de la Ley 21/2018, de 16 de octubre, de mancomunidades de la Comunidad Valenciana relativos a la colaboración económica de las diputaciones provinciales con las mancomunidades y al carácter prioritario, en los planes provinciales de obras y servicios, de las inversiones propuestas por dichas mancomunidades.

Fueron igualmente dos sentencias las que se pronunciaron sobre la constitucionalidad de sendas leyes de la Región de Murcia. La STC 22/2019, de 14 de febrero, dictada en cuestión de inconstitucionalidad y a la que se formularon tres votos particulares discrepantes, declaró conforme con la Constitución el impuesto regional sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente al constatar que no incurría en doble imposición por so-lapamiento con el impuesto local sobre actividades económicas. A su vez, la STC 161/2019, de 12 de diciembre, enjuició la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 10/2018, de 9 de noviembre, de aceleración de la transformación del modelo económico regional para la generación de empleo estable de calidad. Esta sentencia declaró la nulidad de los preceptos legales autonómicos que introducían un incentivo de edificabilidad para la renovación hotelera y privaban de la condición de instrumentos de planeamiento ambiental a las normas transitorias de ordenación. Igualmente, la STC 161/2019 estableció la interpretación conforme con la Constitución de los preceptos legales autonómicos con incidencia sobre la protección del dominio público marítimo-terrestre, subrayando la necesaria salvedad de las competencias estatales en la materia, las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y la regularización de actividades carentes de licencia urbanística.

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Otras dos sentencias del Pleno enjuiciaron leyes del Parlamento de Canarias. La STC 86/2019, de 20 de junio, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario en el Congreso Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea respecto de diversos preceptos de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias. Esta sentencia declaró la nulidad de los preceptos legales autonómicos que regulaban los usos, actividades y construcciones ordinarios específicos en suelo rústico, definían el objeto de los proyectos de interés insular o autonómico, permi-tiendo su ejecución con independencia de la clasificación urbanística del suelo y limitaban el objeto de la evaluación de impacto ambiental de proyectos que afectaran a la red Natura 2000. La STC 86/2019 estableció igualmente la interpretación conforme de los preceptos que enuncian los derechos de los propietarios de suelo rústico; los usos, actividades y construcciones ordinarios y autorizables en esta categoría de suelo y el alcance de las determinaciones y condiciones de los proyectos de interés insular o autonómico. Por su parte, la STC 157/2019, de 28 de noviembre, dictada en cuestión de inconstitucionalidad, declaró la nulidad del precepto de la Ley de patrimonio histórico de Canarias que supeditaba la caducidad del procedimiento de declaración de los bienes de interés cultural a la previa denuncia de mora ante la administración de bellas artes. Se introducía así una exigencia no prevista por la normativa estatal sobre procedimiento administrativo común.

Las SSTC 127/2019, de 31 de octubre, y 160/2019, de 12 de diciembre, dictadas por el Pleno, enjuiciaron sendos preceptos de leyes de la Asamblea de Madrid. La primera de estas sentencias desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados, integrantes del grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú y Podem-En Marea, en relación con diversos preceptos de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019, que suspendieron temporalmente la vigencia y aplicación de cualquier previsión relativa a la percepción de beneficios sociales, gastos de acción social y similares con origen en acuerdos suscritos entre los entes integrantes del sector público madrileño y los representantes del personal a su servicio. La STC 127/2019 hizo hincapié en que la suspensión controvertida representaba una medida que las comunidades autónomas pueden adoptar en ejercicio de su autonomía presupuestaria, sin afectar por ello al derecho a la negociación colectiva y a la libertad sindical. A su vez, la STC 160/2019, dictada en cuestión de inconstitucio-73

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nalidad, anuló un precepto de la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Madrid que tipificaba una infracción administrativa mediante una remisión genérica al incumplimiento de la normativa autonómica y sin definir los elementos esenciales del ilícito administrativo.

La STC 134/2019, de 13 de noviembre, resolutoria de una cuestión de inconstitucionalidad y a la que se formuló un voto particular, anuló un precepto de la Ley del suelo y ordenación territorial de Extremadura, introducido por la Ley 9/2011, de 29 de marzo, que permitía la transformación urbanística de suelos en lugares de importancia comunitaria o zonas de especial protección de aves integrados en la red Natura 2000.

El pronunciamiento de esta sentencia por el Pleno del Tribunal condujo a la pérdida de objeto de la mayor parte de otra cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con la misma ley autonómica, como así constató la Sala Segunda en su sentencia 152/2019, de 25 de noviembre.

En la STC 79/2019, de 5 de junio, el Pleno estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno respecto de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 2/2018, de 15 de marzo, por la que se modificaron la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de caza de Castilla-La Mancha y otras normas en materia medioambiental y fiscal. El precepto impugnado atribuía a los titulares de las infraestructuras de transportes la responsabilidad por los daños que en ellas pudieran causar las especies cinegéticas, opción que la sentencia descartó que invadiera la competencia estatal sobre el sistema de responsabilidad patrimonial. No obstante, la STC 79/2019 precisó que el precepto no era aplicable a las infraestructuras de titularidad estatal.

Fue igualmente el Pleno, en la STC 117/2019, de 16 de octubre, el órgano del Tribunal que desestimó una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado de lo contencioso-administrativo en relación con un precepto de la Ley de salud de Galicia relativo a los derechos económicos del personal del sistema público de Galicia que prestaran servicios en un régimen jurídico diferente al de su pertenencia al sistema. La sentencia descartó su colisión con la normativa básica estatal sobre la situación administrativa de excedencia al regular un supuesto de hecho distinto, como es el cambio de régimen de personal sin pasar a la situación de excedencia en el puesto de origen.

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Finalmente, la ya reseñada STC 176/2019, de 18 de diciembre, inadmitió el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de La Rioja respecto de la Ley del Parlamento autonómico 6/2018, de 26 de noviembre, de protección de los animales. Reiterando la doctrina de la STC 233/2006, de 17 de julio, el Pleno del Tribunal negó legitimación procesal del Ejecutivo autonómico para impugnar leyes de su propio Parlamento. Se formularon tres votos particulares discrepantes, dos de ellos suscritos por dos magistrados.

D) Conflictos constitucionales

Bajo la rúbrica «Conflictos constitucionales», la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional regula tanto los conflictos territoriales de competencia como los de atribuciones y los conflictos en defensa de la autonomía local.

Durante 2019 no se dictó ninguna sentencia ni auto en este último tipo de conflictos constitucionales.

En 2019 se dictaron tres sentencias en conflictos positivos de competencia y otras tantas resolutorias de impugnaciones de disposiciones autonómicas. Todas estas sentencias, que fueron dictadas por el Pleno, resolvieron el fondo de las pretensiones deducidas por la parte actora. A ninguna de estas seis sentencias se formuló voto particular alguno.

Las tres sentencias dictadas en conflictos positivos de competencia resolvieron impugnaciones de normas reglamentarias estatales en materia de administración electrónica (STC 100/2019, de 18 de julio), enseñanza primaria (STC 109/2019, de 1 de octubre), secundaria y de bachillerato (STC 114/2019, de 16 de octubre). Las impugnaciones de disposiciones autonómicas resueltas por sentencia versaban sobre la presentación de don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato para la investidura como presidente del Gobierno de la Generalitat de Cataluña (STC 19/2019, de 12 de febrero) y sendas resoluciones del Parlamento de Cataluña (SSTC 98/2019, de 17 de julio, y 111/2019, de 2 de octubre).

Como ya se ha indicado en páginas precedentes, el Pleno inadmitió, por auto, un conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno vasco en relación con diversos preceptos del Real Decreto 1234/2018, de 5 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones a entidades locales para la financiación de pro-75

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yectos de empleo, autoempleo y emprendimiento colectivo (ATC 64/2019, de 18 de junio) y un conflicto negativo de competencias promovido por un particular en relación con la pretensión de ejercicio del derecho de reversión o declaración de nulidad de una expropiación agraria llevada a cabo por el extinto Instituto para la Conservación de la Naturaleza en 1979

(ATC 168/2019, de 10 de diciembre). Asimismo, en el ATC 72/2019, de 2 de julio, acordó el mantenimiento de la suspensión de la Resolución 298/XII del Parlamento de Cataluña, de 7 de marzo, sobre creación de una comisión de investigación de la monarquía, objeto de una impugnación de disposiciones autonómicas formulada por el Gobierno.

Por lo que se refiere a las sentencias dictadas en conflictos positivos de competencia, la STC 100/2019, de 18 de junio, estimó parcialmente el conflicto promovido por el Gobierno vasco en relación con el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para móviles del sector público, que trasponía la Directiva 2016/2012, de 26 de octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo.

Esta sentencia declaró que no revestían carácter básico las regulaciones procedimentales del reglamento controvertido que, al versar sobre procesos especiales, no podían merecer la consideración de normas de procedimiento administrativo común. Asimismo, la STC 100/2019 anuló los preceptos que pretendían extender la aplicabilidad de los criterios estatales de aplicabilidad a todas las administraciones públicas (con vulneración del orden constitucional de distribución de competencias), así como a las asambleas legislativas (quebrantando con ello la autonomía parlamentaria).

La STC 109/2019, de 1 de octubre, estimó parcialmente el conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con el Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de educación primaria establecidas en la Ley Orgáni-ca 2/2006, de 3 de mayo, de educación. Concretamente, declaró la nulidad de los preceptos que preveían que los responsables de orientación de cada centro educativo realizarían un informe por cada alumno, al tratarse de una extralimitación competencial por invasión de la esfera de au-toorganización autonómica y de la habilitación a la administración del Estado para elaborar cuestionarios de contexto, función ejecutiva cuyo ejercicio corresponde a las comunidades autónomas. Por otro lado, reiterando la doctrina de la STC 14/2018, de 20 de febrero, la sentencia su-76

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brayó que es conforme tanto el diseño por el Estado de unos parámetros homogéneos para las pruebas como la garantía de que puedan ser realizadas en cualquiera de las lenguas oficiales del territorio, a elección de los progenitores o tutores de los alumnos. En similares términos, la STC 114/2019, de 16 de octubre, estimó parcialmente el conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, de regulación de las evaluaciones finales de educación secundaria obligatoria y bachillerato. En línea con lo decidido en la STC 109/2019, esta sentencia anuló los preceptos reglamentarios que conferían a la administración del Estado la potestad de elaboración de los cuestionarios de contexto y ordenaban que los responsables de orientación de los centros educativos elaboraran informes individualizados de cada uno de los alumnos.

En cuanto a las sentencias dictadas en impugnaciones por el Gobierno de la Nación de disposiciones autonómicas, la STC 19/2019, de 12 de febrero, declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución del presidente del Parlamento de Cataluña proponiendo a don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña.

Toda vez que el candidato propuesto únicamente podía someterse a una investidura en ausencia, la decisión del presidente de la cámara parlamentaria entraba en abierta contradicción con el modelo constitucional de investidura programática, que requiere del candidato una participación personal y activa en el proceso, defendiendo el programa de gobierno para el que solicita la confianza del Parlamento.

La STC 98/2019, de 17 de julio, estimó la impugnación formulada en relación con diversos apartados de la Resolución 92/XII del Parlamento de Cataluña, de 11 de octubre, de priorización de la agenda social y la recuperación de la convivencia, que valoraban críticamente la actuación del rey Felipe VI con ocasión de los acontecimientos del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. La sentencia declaró que la creación de una comisión de investigación para indagar supuestos hechos delictivos atribuibles al monarca es incompatible con las prerrogativas de inviolabilidad y no sujeción a responsabilidad que la Constitución reconoce al rey en cuanto titular de la jefatura del Estado. Por idénticas razones, la STC 111/2019, de 2 de octubre, declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución del Parlamento de Cataluña 298/XII, de 7 de marzo de 2019, de creación de la comisión de investigación sobre la Monarquía.

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E) Procesos sobre normas forales fiscales

La STC 9/2019, de 17 de enero, desestimó la cuestión prejudicial de validez planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco respecto de la Norma Foral de las Juntas Generales de Álava 24/2014, de 9 de julio, del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. La sentencia rechazó que la retroacción de efectos de la norma foral a un momento anterior al de su entrada formal en vigor supusiera un supuesto de retroacción auténtica prohibida por el artículo 9.3 de la Constitución. Se trataba, por el contrario, de una solución técnica lícita para dar cumplimento a las disposiciones de la Ley del concierto económico a fin de homogeneizar la situación de esta figura tributaria de acuerdo con las previsiones de la ley estatal 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, que dispuso que el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica para las provincias comunes surtiera efectos desde el 1

de enero de 2013.

3. Procesos de amparo

A) Preliminar

A lo largo del año el Tribunal dictó 117 sentencias en procesos de amparo.

El Pleno dictó veinticinco, la Sala Primera treinta y siete y la Sala Segunda cincuenta y cinco, que resolvieron cincuenta y siete recursos de amparo pues las SSTC 80/2019, de 17 de junio, y 93/2019, de 15 de julio, resolvieron amparos que habían sido previamente acumulados. A dieciocho de estas sentencias se formuló algún voto particular, siete del Pleno, nueve de la Sala Primera y dos de la Sala Segunda.

En lo que atañe a la parte dispositiva de estas sentencias, en 90 de ellas se otorgó total o parcialmente el amparo, en dieciséis se denegó, en una se declaró la extinción del proceso constitucional por pérdida sobrevenida de su objeto (STC 52/2019, de 11 de abril) y en diez se acordó la inadmisión del recurso de amparo. Tres de estas sentencias decretaron la inadmisión de los correspondientes recursos de amparo al haber sido extemporáneamente interpuestos (SSTC 11/2019, de 28 de enero; 16/2019, de 11 de febrero, y 75/2019, de 12 de mayo); en la STC 15/2019, de 11 de febrero, por falta de interposición del incidente de nulidad de actuaciones; en otras 78

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cinco por tratarse de recursos de amparo planteados prematuramente (SSTC 20/2019, de 12 de febrero; 27/2019, de 26 de febrero; 38/2019 y 39/2109, de 26 de marzo, y 103/2019, de 11 de septiembre); en el caso de la STC 104/2019, de 16 de septiembre, la inadmisión se acordó por extemporaneidad y error en el objeto de un recurso en el que se controvertía un proceso de extradición. A esta última sentencia se formuló un voto particular.

El Pleno del Tribunal inadmitió por auto dos recursos de amparo promovidos en procesos de extradición a la República Popular China (AATC 4/2019, de 22 de enero, y 10/2019, de 14 de febrero; al primero de estos autos se formularon dos votos particulares discrepante y uno al segundo). La Sala Primera inadmitió un recurso promovido en proceso contencioso-administrativo instado por dieciséis diputados del Parlamento de Cataluña (ATC 175/2019, de 16 de diciembre) y otro la Sección Primera en proceso contencioso-administrativo entablado por los herede-ros de don Francisco Franco Bahamonde con motivo de la exhumación de sus restos mortales (ATC 119/2019, de 17 de octubre).

Las distintas secciones dictaron seis autos resolutorios de otros tantos recursos de súplica promovidos por el Ministerio Fiscal frente a las providencias de inadmisión de recursos de amparo. Dos de ellos fueron desesti-matorios y confirmaron, por consiguiente, las providencias de inadmisión en sus propios términos (AATC 11/2019, de 18 de febrero, y 40/2019, de 22 de mayo, al que se formuló un voto particular discrepante). En otros dos se estimó la súplica pero se inadmitió el recurso de amparo al apreciar la concurrencia de un motivo de inadmisión distinto del identificado en la providencia revocada (AATC 29/2019, de 23 de abril, y 161/2019, de 26

de noviembre). En los dos restantes se estimó el recurso de súplica y las demandas de amparo quedaron pendientes de un nuevo examen sobre la concurrencia de los requisitos de admisión (AATC 1/2019, de 9 de enero, y 138/2019, de 6 de noviembre).

Como ya se ha reseñado anteriormente, las salas y secciones dictaron 78

autos sobre medidas cautelares del artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En 54 de ellos las salas denegaron la suspensión interesada y ordenaron la anotación preventiva de la demanda de amparo en el registro de la propiedad. En otros 16 se denegó enteramente la suspensión solicitada (AATC 36/2019 y 38/2019, de 20 de mayo; 55/2019, de 3 de junio; 60/2019 y 61/2019, de 17 de junio; 67/2019 y 68/2019, 79

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de 1 de julio; 82/2019 a 84/2019, de 15 de julio; 97/2019 y 99/2019, de 16 de septiembre; 112/2019, de 30 de septiembre; 125/2019, de 28 de octubre; 154/2019, de 25 de noviembre, y 172/2019, de 16 de diciembre) y en cinco se acordó la suspensión de los actos de los poderes públicos objeto de los recursos de amparo (AATC 6/2019, de 4 de febrero; 73/2019, de 15 de julio; 95/2019, de 23 de julio; 140/2019, de 11 de noviembre, y 159/2019, de 25 de noviembre). En el ATC 59/2019, de 17 de junio, además de suspender los actos controvertidos otorgó una medida cautelar positiva: el mantenimiento de la tarjeta provisional que acreditaba al recurrente como residente en calidad de familiar de ciudadano de la Unión Europea; y en el ATC 66/2019, de 1 de julio, se otorgó la única medida cautelar solicitada por la actora: la anotación preventiva en el registro de la propiedad de la demanda de amparo. Finalmente el ATC 37/2019, de 20 de mayo, constató la extinción de la pieza separada de suspensión abierta en proceso de amparo.

La Sala Primera dictó un auto inadmitiendo la solicitud de ejecución de la STC 137/2017, de 27 de noviembre (ATC 169/2019, de 16 de diciembre) y otros tres autos de acumulación de procesos de amparo (AATC 122/2019

y 123/2019, de 28 de octubre, y 150/2019, de 25 de noviembre). La Sala Segunda acumuló dos procesos en su ATC 58/2019, de 17 de junio.

B) Igualdad y prohibición de discriminación (art. 14 CE) En relación con los derechos a la igualdad y a no padecer discriminación, la STC 2/2019, de 14 de enero, dictada por la Sala Segunda, desestimó el recurso de amparo promovido por un padre que había solicitado la equiparación en extensión temporal de su permiso laboral de paternidad con el permiso de maternidad. En aplicación de la doctrina sentada en la STC 111/2018, de 17 de octubre, la sentencia ahora reseñada declaró que la diferencia de prestaciones y de extensión temporal de los permisos no podía considerarse contraria al principio de igualdad en la ley al referirse a situaciones en las que resultaba razonable que la función tuitiva revis-tiera manifestaciones distintas.

Fue asimismo la Sala Segunda el órgano que conoció del recurso de amparo que dio origen a la cuestión interna de inconstitucionalidad resuelta por la STC 91/2019, de 3 de julio, que declaró la nulidad del precepto de la Ley general de la Seguridad Social que contemplaba la aplicación del 80

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coeficiente de parcialidad para el cálculo de las pensiones por jubilación de los trabajadores a tiempo parcial. La STC 92/2019, de 15 de julio, resolvió definitivamente el proceso principal con el otorgamiento del amparo a quien se había visto perjudicado por la aplicación del citado precepto de la Ley general de la Seguridad Social, con la consiguiente infracción del derecho a la igualdad ante la ley.

Por su parte, la STC 125/2019, de 13 de noviembre, del Pleno, inició una extensa serie de sentencias en las que se otorgó el amparo a quienes ha-bían visto desestimada su petición de indemnización por haber padecido prisión provisional en causas penales en las que resultaron finalmente absueltos. Todos ellos vieron rechazada su solicitud por mor de la aplicación de los incisos del art. 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que fueran anulados por la STC 85/2019, de 19 de junio, y vieron estimados sus recursos de amparo por vulneración de sus derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia. Esta serie jurisprudencial está formada por las SSTC 130/2019 y 131/2019, de 13 de noviembre, y 154/2019, 28 de noviembre, del Pleno; SSTC 135/2019, 137/2019, 139/2019, 140/2019, 141/2019, 143/2019, 145/2019 y 151/2019, de 25 de noviembre, 165/2019, 167/2019, 168/2019, 170/2019 y 175/2019, de 16 de diciembre, de la Sala Primera, y SSTC 136/2019, 138/2019, 142/2019, 144/2019 y 147/2019, de 25 de noviembre, 162/2019, 163/2019, 164/2019, 166/2019, 169/2019, 171/2019, 173/2019 y 174/2019 de 16

de diciembre, de la Sala Segunda.

Con respecto a la igualdad en la aplicación judicial de la ley, la STC 120/2019, de 28 de octubre, de la Sala Segunda desestimó el recurso de amparo promovido por el ayuntamiento de Sobrescobio en relación con la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que había desestimado su recurso contra la que consideraba inactividad del Instituto del Carbón y el Principado de Asturias en la tramitación de ayudas al desarrollo de las infraestructuras en las comarcas mi-neras. La STC 120/2019 declaró que la resolución judicial combatida no representaba una ruptura del criterio constantemente mantenido por el órgano jurisdiccional en casos sustancialmente idénticos sino expresión de la concurrencia de circunstancias que impedían la aplicación de ese mismo criterio.

Finalmente, la Sala Segunda, en la STC 108/2019, de 30 de septiembre, otorgó el amparo por vulneración del derecho a no sufrir discriminación 81

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de sexo a una trabajadora que, pese a haber obtenido plaza en el Instituto Nacional de Estadística, vio cómo se le impedía el derecho a ocuparla por encontrarse en situación de baja por maternidad.

C) Integridad física y moral (art. 15 CE)

La STC 56/2019, de 6 de mayo, dictada por la Sala Primera, estimó el recurso de amparo promovido por un funcionario del cuerpo de adminis-tradores civiles del Estado a quien, tras solicitar su reincorporación en el centro donde tenía derecho a una reserva de puesto de trabajo, le había sido adjudicado un puesto de nueva creación sin atribuciones y en el que se le mantuvo año y medio. Esta situación de inactividad laboral vulneró el derecho fundamental a la integridad moral del funcionario toda vez que, según concluyó la sentencia que ahora se reseña, la administración creó intencionalmente un puesto de trabajo sin contenido para asignárse-lo al recurrente, lo que supuso un claro menosprecio de su dignidad y perturbó el libre desarrollo de su personalidad, generándole un perjuicio moral al que pueden añadirse daños psicofísicos. El tiempo transcurrido y la falta de reparación del daño causado acentuaron la gravedad de la ve-jación.

D) Libertad personal y habeas corpus (art. 17 CE) En las SSTC 29/2019 y 30/2019, de 28 de febrero; 50/2019, de 9 de abril, y 62/2019, de 7 de mayo, el Pleno del Tribunal Constitucional desestimó los recursos de amparo promovidos por quienes habían sido sometidos a la medida cautelar de prisión provisional en causa especial por la posible comisión de los delitos de rebelión, sedición, desobediencia y malversación de caudales públicos. En los recursos de amparo resueltos por las dos primeras se impugnaban las resoluciones dictadas por un juzgado central de instrucción y confirmadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, mientras que en los otros dos se controvertían resoluciones sustancialmente idénticas del juez instructor designado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, confirmadas por la sala de recursos de este mismo órgano jurisdiccional. En todas estas sentencias el Tribunal Constitucional apreció que las resoluciones judiciales recurridas habían satis-fecho el canon de motivación reforzada que exige el derecho a la libertad personal, haciendo especial referencia tanto al tipo de delito y gravedad de 82

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la pena, aportando datos suficientes razonables para inferir la existencia de un riesgo notable de fuga. La STC 62/2019 rechazó expresamente que la medida cautelar acordada provocara un «efecto desaliento» en el ejercicio de los derechos fundamentales de reunión y manifestación o en el de la libertad de expresión.

En aplicación de una reiterada doctrina constitucional, la STC 72/2019, de 20 de mayo, dictada por la Sala Segunda, otorgó el amparo por vulneración del derecho a la libertad personal frente a una decisión judicial de inadmisión de una solicitud de habeas corpus por motivos de fondo. Esta sentencia reiteró, una vez más, que no es posible una desestimación anticipada del tipo de la controvertida pues con ella se pone en tela de juicio la virtualidad del trámite de audiencia al solicitante de habeas corpus; la esencia de este trámite radica no solo en la oportunidad que se brinda al solicitante de manifestar sus razones sino también en la posibilidad de que dispone el juez de comprobar personalmente la situación de quien se halla privado de libertad y reclama el control judicial de su detención.

La Sala Primera, en las SSTC 83/2019, de 17 de junio, y 94/2019

y 95/2019, de 15 de julio, otorgó el amparo a quienes se habían visto privados de la posibilidad de controvertir eficazmente la medida cautelar de prisión provisional porque el juzgado no les había proporcionado información suficiente al efecto. En todas estas sentencias el Tribunal hizo hincapié en que la declaración de secreto de las actuaciones judiciales o su eventual prórroga no puede erigirse en obstáculo infranqueable para quien pretende hacer valer sus derechos fundamentales, siendo precisa una ponderación entre los distintos valores constitucionales concernidos de suerte que ninguno de ellos deba ceder más allá de lo estrictamente necesario para la realización de otros.

E) Honor, intimidad y propia imagen (art. 18 CE) La STC 25/2019, de 25 de febrero, de la Sala Primera, otorgó el amparo a quien fuera objeto de un reportaje elaborado con cámara oculta sobre su actividad profesional, que desarrollaba bajo la denominación genérica de

«coach, mentor y consultor». Las imágenes así obtenidas se emitieron en diversos programas del medio de comunicación para el que se habían captado. Reiterando en cuanto procedía la doctrina sentada en la STC 12/2012, de 30 de enero, la sentencia que ahora se reseña concluyó 83

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que el derecho a la intimidad había sido vulnerado porque la grabación con cámara oculta había tenido lugar en un entorno estrictamente privado y no era necesaria para obtener la información difundida; el derecho a la propia imagen lo fue igualmente porque las imágenes se emitieron sin distorsionar la imagen y voz del afectado, en quien no concurría la condición de personaje público. Para concluir, la STC 25/2019 estimó que se había vulnerado el derecho al honor por las afirmaciones y expresiones, atentatorias contra la reputación del afectado, que acompañaron la emisión de las imágenes en los diversos programas televisivos.

F) Libertades de expresión e información (art. 20 CE) Reiterando la doctrina constitucional sobre la libertad de expresión en el ámbito laboral, la STC 146/2019, de 25 de noviembre, dictada por la Sala Segunda, otorgó el amparo a un trabajador que había sido despedido por las críticas expresadas al desempeño de determinados servicios públicos gestionados por la empresa para la que trabajaba. La sentencia declaró que el hecho de que las críticas se hubieran realizado fuera del ámbito estrictamente empresarial, o que tuvieran mayor o menor fundamento, no les privaba de la protección constitucional ni abría la posibilidad a repu-tarlas quebrantamiento de la buena fe contractual.

Por lo que hace a la libertad de información, la STC 24/2019, de 25 de febrero, de la Sala Primera, otorgó el amparo al director de un medio de comunicación digital que había informado sobre las presuntas irregulari-dades habidas en la percepción, por la presidenta de la Diputación Provincial de León, de dietas por desplazamiento a las reuniones de una caja de ahorros. La sentencia constató la relevancia pública de la noticia, su veracidad y la necesidad de divulgación de los datos suministrados, extremo en el que el medio informativo había tenido la cautela de aislar los estrictamente relativos a las dietas percibidas.

G) Participación en asuntos públicos (art. 23 CE) Diez sentencias dictadas en 2019 resolvieron otros tantos recursos de amparo promovidos frente a actos parlamentarios sin fuerza de ley a través del cauce procesal del artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

84

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En seis de esas sentencias la resolución controvertida había emanado de órganos del Parlamento de Cataluña: Las SSTC 41/2019 y 42/2019, de 27 de marzo, dictadas por el Pleno, estimaron los recursos de amparo promovidos por el grupo parlamentario Ciutadans del Parlamento de Cataluña frente a los acuerdos del pleno y la mesa de la asamblea legislativa autonómica relativos a la tramitación de sendos proyectos de las que ha-brían de ser posteriormente las leyes denominadas «del referéndum de autodeterminación» y «de transitoriedad jurídica y fundacional de la re-pública», respectivamente. Estas leyes fueron declaradas inconstitucionales y nulas en las SSTC 114/2017, de 17 de octubre, y 10/2018, de 5 de febrero, entre otros motivos por el incumplimiento de trámites parlamentarios esenciales para el ejercicio de la función representativa. La Sala Segunda, en la STC 96/2019, de 15 de julio, desestimó el recurso de amparo promovido por los diputados del grupo Socialistes i Units per Avançar del Parlamento de Cataluña en relación con los acuerdos de la mesa de la cámara sobre la tramitación por procedimiento de urgencia en lectura única de una propuesta de modificación de la Ley de la presidencia de la Generalitat de Cataluña. La sentencia apreció que las resoluciones parlamentarias controvertidas no conculcaron el derecho al ejercicio de la función representativa de los recurrentes como tampoco contrariaban lo acordado por el propio Tribunal Constitucional en pronunciamientos anteriores ni invadían ninguna reserva estatutaria en favor del reglamento de la asamblea.

Las SSTC 115/2019, de 16 de octubre; 128/2019, de 11 de noviembre, y 156/2019, de 28 de noviembre, otorgaron el amparo respecto de las decisiones de los órganos de gobierno del Parlamento de Cataluña admitiendo a trámite iniciativas parlamentarias que reiteraban contenidos declarados inconstitucionales y nulos por sentencias anteriores del Tribunal Constitucional (SSTC 259/2015, de 2 de diciembre, y 114/2017, de 17 de octubre). Estas sentencias, dictadas por el Pleno (SSTC 115/2019 y 156/2019) y la Sala Primera (STC 128/2019), concluyeron que la admisión de estas iniciativas representaba tanto un incumplimiento manifiesto de lo resuelto por el Tribunal Constitucional como una vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas de los parlamentarios autonómicos.

Se formuló un voto particular concurrente a la STC 115/2019.

Las SSTC 17/2019, de 11 de febrero, dictada por la Sala Segunda, y 110/2019, de 2 de octubre, del Pleno, resolvieron sendos recursos de amparo promovidos respecto de resoluciones del Congreso de los Diputa-85

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dos. La primera de ellas otorgó el amparo al grupo Confederal de Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea respecto del rechazo de la toma en consideración de una iniciativa parlamentaria como consecuencia del veto gubernamental opuesto con invocación del art. 134.6 CE. Esta sentencia reiteró y aplicó la doctrina sentada por las SSTC 34/2018, de 12 de abril, y 44/2018, de 26 de abril, concluyendo que, en esta ocasión, el veto gubernamental se había ejercido respecto de un supuesto no contemplado en el precepto constitucional invocado al hacer referencia a la incidencia del gasto más allá del ejercicio presupuestario en curso. La STC 110/2019

desestimó el recurso interpuesto por setenta y tres diputados del grupo Socialista del Congreso respecto del rechazo por la mesa de su consideración de tramitación de una iniciativa legislativa por el procedimiento de lectura única en el Pleno.

En la STC 12/2019, de 28 de enero, la Sala Segunda otorgó el amparo que habían promovido parlamentarios de las Cortes de Castilla y León respecto de las dilaciones y paralizaciones padecidas en la labor de una comisión de investigación y que incidieron negativamente en su derecho al ejercicio de las funciones representativas. La STC 159/2019, de 12 de diciembre, del Pleno, otorgó el amparo a un diputado de la Asamblea de Extremadura que, tras abandonar su grupo de origen, había pasado a tener la consideración de parlamentario no adscrito y, como tal, había visto notablemente mermadas sus facultades de iniciativa ante la cámara. A esta sentencia se formuló un voto particular.

H) Tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)

En la STC 3/2019, de 14 de enero, la Sala Segunda otorgó un amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de garantía de la interdicción de sometimiento a un doble proceso penal por los mismos hechos, el denominado non bis in ídem procesal. En esta ocasión, la vulneración se había materializado en el acuerdo de extradición del recurrente a los Estados Unidos de América para ser sometido a un proceso penal por los mismos hechos que ya habían sido enjuiciados en España y respecto de los cuales aquel no llegó a ser acusado.

Por otro lado, las sentencias de la Sala Segunda 49/2019, de 8 de abril, y 93/2019, de 15 de julio, reiteraron la doctrina sobre revisión judicial de las resoluciones de los letrados de la administración de justicia en cone-86

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xión con el principio de exclusividad jurisdiccional, sentada en las SSTC 58/2016, de 17 de marzo; 72/2018, de 21 de junio, y 34/2019, de 14 de marzo, y otorgaron el amparo a quienes habían visto inadmitida la impugnación de decretos del secretario judicial en expedientes de cuenta de abogados.

a) Acceso a la justicia y al recurso legal

Dictada con ocasión de un recurso de amparo en el que se denunciaba la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la justicia, la STC 112/2019, de 3 de octubre, del Pleno, modificó la doctrina constitucional acerca de la exigencia de plantear el incidente de nulidad de actuaciones frente a resoluciones judiciales, que no se dicten en última o única instancia, a las que se reproche la vulneración de derechos fundamentales. Al respecto, esta sentencia precisó que la formulación del incidente de nulidad de actuaciones respecto de sentencias no dictadas en única o última instancia y frente a las cuales se haya intentado infructuosamente la utilización de los recursos ordinarios o extraordinarios pertinentes, si bien es idónea no resulta obligatoria para entender agotada la vía judicial.

La STC 140/2018, de 20 de diciembre, había desestimado un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados respecto de la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de jurisdicción universal penal.

Consecuentemente con la desestimación de ese recurso de inconstitucionalidad, en 2019 la Sala Segunda dictó cinco sentencias denegatorias del amparo interesado: En la STC 10/2019, de 28 de enero, se desestimó el recurso de amparo promovido por quince personas en relación con el archivo de la querella presentada por los posibles delitos de genocidio y torturas que se decían padecidos por los miembros del movimiento espiritual denominado Falun Gong. En las SSTC 23/2019, de 25 de febrero, y 35/2019, de 25 de marzo, se hizo lo propio con respecto al archivo de la querella por los posibles delitos de torturas, genocidio, terrorismo y de lesa humanidad que se habrían cometido en la región autónoma del Tíbet. El objeto del recurso de amparo resuelto en la STC 36/2019, de 25 de marzo, había sido el archivo de la querella por los posibles delitos de torturas, contra la integridad moral y crímenes de guerra que se habrían podido cometer en la base naval de los Estados Unidos de América en Guantána-87

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mo (Cuba). Finalmente, en la STC 80/2019, de 17 de junio, se desestimó el recurso de amparo promovido frente a las resoluciones de la Audiencia Nacional y de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la causa seguida por la muerte en Bagdad del periodista español don José Couso.

Por otro lado, la Sala Primera, en la STC 121/2019, de 28 de octubre, otorgó el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la justicia, a una federación de asociaciones que había visto inadmitido su recurso contencioso-administrativo frente a la inactividad de la administración educativa andaluza como consecuencia de una interpretación en exceso rigorista de los requisitos para la legitimación activa. Concretamente, el órgano judicial que conoció de la impugnación la inadmitió al entender que, no siendo la federación titular directa de ninguno de los centros de enseñanza afectados por la inactividad administrativa, no podía combatirla en sede judicial.

Tres sentencias otorgaron el amparo por vulneración del derecho a los recursos legales: La Sala Segunda, en las SSTC 101/2019, de 16 de septiembre, y 119/2019, de 28 de octubre, estimaron el recurso promovido respecto de la denegación del beneficio de justicia gratuita para la promoción del recurso de apelación en un proceso civil y de vigilancia penitenciaria, respectivamente. En el primero de los casos, la denegación se había fundado en que no se había solicitado disfrutar del beneficio en la primera instancia. En el supuesto que dio lugar a la STC 119/2019, la razón de la denegación era la improcedencia del recurso mismo de apelación, que era justamente uno de los extremos que el apelante frustrado y luego demandante de amparo pretendía contradecir mediante la formalización del recurso. La Sala Primera, en la STC 124/2019, de 28 de octubre, otorgó el amparo a quien padecido la inadmisión de su recurso de apelación penal por extemporaneidad, siendo así que había solicitado expresamente la suspensión del cómputo del plazo en tanto se le proporcionaba la copia de la grabación de la vista oral.

b) Interdicción de la indefensión

Siete de las sentencias dictadas en procesos de amparo a lo largo de 2019

versaron sobre distintos problemas planteados por la inadecuada utilización o defectuoso funcionamiento de las herramientas informáticas de comunicación de los órganos judiciales con las partes procesales. Cinco de 88

MEMORIA 2019

estas sentencias tuvieron por objeto la inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento de la demandada, incumpliéndose así el mandato de citación personal, preferentemente en el domicilio del demandado, establecido por la legislación procesal. En las SSTC 47/2019, de 8 de abril, de la Sala Segunda; 102/2019, de 16 de septiembre, igualmente de la Sala Segunda, y 150/2019, de 25 de noviembre, de la Sala Primera y a la que se formuló un voto particular discrepante, este vicio se padeció en litigios sociales.

En el caso del recurso de amparo estimado por la STC 122/2019, de 28

de octubre, de la Sala Segunda, la dirección electrónica habilitada se ha-bía utilizado como cauce para tramitar el requerimiento de pago en un procedimiento monitorio, y en la STC 129/2019, de 11 de noviembre, de la Sala Primera, el vicio se padeció en proceso concursal. En las SSTC 55/2019 y 61/2019, de 6 de mayo, la indefensión resultó de defi-ciencias técnicas en la aplicación informática. Así, en la STC 55/2019, la Sala Segunda otorgó el amparo a quien había visto rechazada la tramitación de su impugnación de la casación promovida por la contraparte en litigio social por un error padecido al cargar los datos del formulario normalizado a la plataforma Lexnet. En la STC 61/2019, la Sala Primera amparó a quien había sido condenada por un delito leve de estafa sin que se hubiera valorada la prueba de descargo de la que intentó valerse pues no se cargó en el sistema informático y por ello no fue valorada por los órganos judiciales intervinientes en la causa.

La Sala Primera, en la STC 123/2019, de 28 de octubre, otorgó el amparo por incumplimiento del deber de máxima diligencia que pesa sobre los órganos judiciales en punto a la adecuada constitución de la relación jurí-

dica procesal. Concretamente, la sentencia constató que, en un proceso ejecutivo, el juzgado actuante no había agotado las posibilidades de emplazamiento personal de la demandada, decantándose por la comunicación por edictos sin desplegar previamente suficiente actividad indagato-ria sobre el domicilio de la emplazada. Se daba la circunstancia de que el domicilio figuraba en el propio escrito de demanda ejecutiva.

c) Fundamentación en Derecho y motivación de las resoluciones judiciales En la STC 31/2019, de 28 de febrero, el Pleno estimó el recurso de amparo promovido con ocasión de un procedimiento de ejecución hipotecaria en cuya resolución el juzgado no había procedido a la adecuada revisión 89

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de una cláusula calificada de abusiva y, al hacerlo, había desconocido tanto la primacía del Derecho de la Unión Europea como la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 26 de enero de 2017

( Banco Primus). En esta ocasión la denuncia de abusividad había quedado imprejuzgada. A la STC 31/2019 se formuló un voto particular discrepante.

Por su parte, la Sala Segunda otorgó el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en la vertiente de derecho a obtener una resolución jurídicamente fundada, en sus SSTC 107/2019, de 30 de septiembre, y 148/2019, de 25 de noviembre. El objeto del recurso de amparo estimado en la primera de estas sentencias fue la desestimación por un juzgado de lo contencioso-administrativo de un recurso contra la liquidación del impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana fundada en el rechazo, por considerarla no acreditada, de una alegación de minusvalía en la transmisión a título oneroso de un inmueble. La STC 107/2019 hizo especial hincapié en que el órgano judicial no había cumplido con su cometido cuando no entró a valorar las escrituras notariales de compra y venta, de cuyo contraste se infería la pérdida de valor del inmueble. En la STC 148/2019 se otorgó el amparo en relación con la tramitación de un proceso de ejecución de títulos judiciales en cuyo desarrollo se había rechazado la mejor oferta argumentando que el postor era marido de la ejecutada, causa de inadmisión no prevista por la legislación reguladora del procedimiento.

I) Garantías procesales (art. 24.2 CE)

a) Derecho a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia

Como ya se ha indicado en el epígrafe relativo al derecho a la igualdad, las sentencias integrantes de la serie sobre indemnización por prisión provisional padecida en causa penal que concluyera con sentencia absolutoria, relacionadas al hilo de la doctrina sentada en 2019 sobre el derecho a la igualdad, otorgaron el amparo por vulneración del citado derecho y del derecho fundamental a la presunción de inocencia.

A su vez, la STC 37/2019, de 26 de marzo, dictada por el Pleno y a la que se formuló un voto particular discrepante, otorgó el amparo a la Adminis-90

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tración General del Estado por vulneración de su derecho a un proceso con todas las garantías. En esta ocasión, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo había estimado un recurso interpuesto frente al real decreto que fijaba la metodología para el cálculo de los porcentajes de las cantidades a financiar relativas al denominado bono social eléctrico. El órgano judicial había resuelto el fondo sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sin que, según concluyó la STC 37/2019, concurrieran los requisitos necesarios para apreciar la existencia de un «acto aclarado». Esta sentencia inició una serie integrada por otras dieciséis, dictadas a partes iguales por la Sala Primera (SSTC 54/2019, 58/2019 y 59/2019, de 6 de mayo; 67/2019, 68/2019 y 71/2019, de 20 de mayo; 81/2019 y 84/2019, de 17 de junio, todas ellas con voto particular) y la Sala Segunda (SSTC 46/2019, de 8 de abril; 53/2019 y 57/2019, de 6 de mayo; 65/2019, 66/2019, 69/2019 y 70/2019, de 20 de mayo, y 77/2019, de 3

de junio).

En la STC 1/2019, de 14 de enero, la Sala Segunda desestimó un recurso de amparo en el que se achacaba a dos sentencias de la jurisdicción militar la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías. En juicio de depuración de responsabilidades por un accidente paracaidista, la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha-bía anulado la sentencia de instancia, ordenando la retroacción de actuaciones, retroacción que se llevó más allá del pronunciamiento de la sentencia, hasta alcanzar el trámite de conclusiones. Pese a que la STC 1/2019

constató el irregular proceder del órgano judicial, rechazó que esa irregu-laridad representara de por sí una infracción de los derechos fundamentales invocados por el actor, quien no había sufrido indefensión material.

En cinco sentencias se otorgó el amparo por vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia respecto de sentencias condenatorias en apelación. Tres de estas sentencias fueron dictadas por la Sala Segunda: La STC 73/2019, de 20 de mayo, estimó el recurso respecto de una condena en apelación sin valorar el testimonio exculpatorio de los condenados; en la STC 78/2019, de 3 de junio, el defecto se había producido en la reconsideración de la concurrencia de un error de prohibición que requería una audiencia de los acusados que no medió; por último, en la STC 88/2019, de 1 de julio, tampoco se había brindado a la condenada la posibilidad de dirigirse al tribunal de apelación. A esta última sentencia se formuló un voto particular discrepante. La 91

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Sala Primera dictó las SSTC 149/2019, de 25 de noviembre, y 172/2019, de 16 de diciembre: en ambos casos se había procedido a la revisión de la valoración de la prueba de carácter personal sin practicarla nuevamente.

Finalmente, el Pleno, en la STC 97/2019, de 16 de julio, desestimó el recurso de amparo promovido con ocasión de la utilización de la información obrante en la llamada «lista Falciani» como prueba incriminatoria.

La sentencia no apreció vulneración alguna de los derechos a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia.

b) Derecho a la defensa

En la STC 82/2019, de 17 de junio, la Sala Segunda estimó un recurso de amparo promovido frente al emplazamiento por edictos en un procedimiento administrativo sancionador que se practicó sin haber agotado previamente las posibilidades de citación personal. La sentencia recordó la aplicabilidad al procedimiento sancionador de esta garantía y la doctrina constitucional conforme a la cual el emplazamiento por edictos representa un remedio último de carácter supletorio y excepcional, solo admisible cuando se hayan agotado las posibilidades de notificación personal.

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V. Secretaría General.

Los Servicios del Tribunal

1. Servicio de Biblioteca y Documentación

Durante el año 2019 el Servicio ha facilitado el acceso de los lectores a los recursos bibliográficos y documentales de la biblioteca. Se ha seguido prestando especial atención a la descripción e integración en el catálogo de libros y revistas digitales, lo que permite en numerosas ocasiones que el lector consulte el texto completo en formato electrónico. Se han cataloga-do publicaciones procedentes de bases de datos jurídicas, así como otras de acceso gratuito editadas por universidades y otras instituciones relacionadas con el mundo del Derecho. El Servicio ha desarrollado su colabora-

ción con la Fundación Dialnet (https://dialnet.unirioja.es/info/bibliotecas_

especializadas), de acuerdo con el convenio firmado en 2017.

En 2019 se llevó a cabo la novena convocatoria de una beca de formación en biblioteconomía y documentación relacionada con los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional, mediante resolución de la Secretaría General de 26 de abril de 2019 («Boletín Oficial del Estado» núm. 111, de 9 de mayo de 2019). Fue otorgada mediante resolución de la Secretaría General del Tribunal de 1 de octubre de 2019 («Boletín Oficial del Estado» núm. 243, de 9 de octubre de 2019).

Los datos más destacables a propósito de la adquisición y tratamiento de material bibliográfico y de documentación son los que siguen: 1) Proceso técnico

A) Adquisición de material bibliográfico

Libros ingresados: 3.308 títulos, de los cuales

a) Por compra: 3.119.

b) Por donación: 189.

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Revistas: Se han incorporado 32 nuevas publicaciones seriadas, de las cuales 5 son revistas impresas y 27 en línea.

El 31 de diciembre de 2019, los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional incluían 84.979 libros y un total de 1.507 publicaciones seriadas.

De estas últimas, 202 son publicaciones oficiales (Repertorios de jurisprudencia, boletines y diarios de parlamentos y asambleas legislativas, así como de ministerios y otros organismos oficiales) y, el resto, revistas y otras publicaciones periódicas: 683 están publicadas en papel y 622 en formato digital. Se siguen publicando y recibiendo 457 revistas en papel; 227 títulos han quedado cerrados, bien porque han dejado de publicarse o porque se ha dado de baja la suscripción. De las revistas y otras publicaciones en formato digital, 200 se conservan en discos (CD-Rom o DVD) y 422 en línea.

B) Catalogación

El catálogo cuenta con 573.737 registros bibliográficos. Durante el año 2019 se han incorporado al catálogo 26.245 registros nuevos. Desglosados por tipos de materiales quedan de la siguiente forma:

– 3.358 libros, de los cuales 387 son libros digitales;

– 13.881 artículos de revistas;

– 7.136 capítulos de obras colectivas;

– 32 publicaciones periódicas;

– 1.812 registros del Boletín de documentación.

La base de datos de autoridades contiene las formas autorizadas de los nombres de personas, entidades corporativas, títulos uniformes e identificadores. El número total de registros asciende a 187.247. En la gestión de autoridades se ha continuado eliminando las formas duplicadas y se han creado, además, un total de 6.873 registros nuevos.

C) Biblioteca digital

Se han añadido al catálogo de la biblioteca 3.180 objetos digitales de libros a texto completo, artículos de revistas, capítulos de obras colectivas, sentencias de distintos tribunales y otros documentos. Estos recursos digitales se encuentran asociados a los registros bibliográficos correspondientes.

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D) Publicaciones

Boletín de información bibliográfica: 5 números.

Boletín de documentación (normativa, jurisprudencia y doctrina): 12 números.

Boletín de sumarios de revistas: 11 números.

Todos los boletines han sido publicados en la intranet y han sido distribuidos por correo electrónico. Además el «Boletín de documentación» puede ser consultado en la sede electrónica del Tribunal desde enero de 2011 en la siguiente dirección: https://www.tribunalconstitucional.es/es/jurispru-

dencia/Paginas/BD.aspx.

E) Encuadernación

Se han encuadernado 52 libros.

2) Servicios a los lectores

La Biblioteca ha realizado un total de 2.412 préstamos de libros y ha recibido 2.311 devoluciones. Ha atendido 171 consultas en la Sala de lectura y 13.407 a través de la aplicación informática, así como 3.005 solicitudes de bibliografía y documentación que corresponden a un total de 4.571

recursos bibliográficos: 1.742 libros, 1.899 artículos de revistas y 930

capítulos de obras colectivas.

La finalidad de la Biblioteca es, estrictamente, el servicio a los miembros del Tribunal y a los letrados. Ello explica tanto el perfil de sus fondos

—básicamente obras jurídicas, aunque sin descuidar las de carácter económico, histórico, político y sociológico— como el hecho de que sólo ex-cepcionalmente se atiendan peticiones exteriores, fuera de las tramitadas a través de los mecanismos de préstamo interbibliotecario. En esta línea, el Tribunal mantiene relaciones con los siguientes centros:

– Biblioteca Nacional.

– Bibliotecas universitarias.

– Biblioteca del Congreso de los Diputados.

– Biblioteca del Senado.

– Biblioteca del Consejo de Estado.

95

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– Bibliotecas del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.

– Bibliotecas de Parlamentos autonómicos.

– Bibliotecas de Gobiernos autonómicos.

– Bibliotecas de Ministerios.

– Bibliotecas de Academias.

– Bibliotecas de Colegios de Abogados.

– Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

– Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

– Centros bibliográficos extranjeros.

No obstante, y al margen de las visitas colectivas que regularmente son atendidas por su personal (este año fueron 172), se permite la consulta de sus fondos por parte de investigadores debidamente autorizados por la Secretaría General, previa presentación por un magistrado o magistrado emérito o por un letrado del propio Tribunal. En el año 2019 se realizaron un total de 12 estancias, con una media de ocho días de duración, por parte de profesores de distintas universidades, juristas y letrados de otros tribunales, así como antiguos letrados del Tribunal.

2. Servicio de Doctrina Constitucional

Conforme al artículo 34 del Reglamento de organización y personal del Tribunal Constitucional, corresponde al Servicio de Doctrina Constitucional la planificación y gestión de la publicación y edición, por cualesquiera medios, de las resoluciones jurisdiccionales y de la doctrina constitucional del Tribunal, así como la elaboración de su estadística jurisdiccional.

En el año 2019 el Tribunal y la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado publicaron los tomos números 100 y 101 de la colección «Jurisprudencia constitucional» correspondientes al primer y segundo semestres del año 2017. Puede accederse a su versión digital a través del portal web del Tribunal Constitucional.

Por otro lado, en la mencionada web el Servicio de Doctrina Constitucional mantiene actualizados los contenidos, tanto del «Buscador de jurisprudencia constitucional» como de las «Gacetas de Jurisprudencia Constitucional», editadas digitalmente con periodicidad trimestral, que sintetizan todas las resoluciones adoptadas por el Tribunal Constitucional e incluyen diversos índices de la normativa enjuiciada y de la jurisprudencia citada.

96

MEMORIA 2019

En el marco de la colaboración con la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, a lo largo del año 2019 a través del denominado «Foro Venecia», este Servicio dio respuesta a 19 solicitudes de información cursadas por la propia Comisión y por los tribunales constitucionales u órganos con jurisdicción equivalente de Alemania, Bulgaria, República Checa (dos), Repú-

blica de Chile, República Eslovaca, República de Kazajstán, República Kirguisa (tres), República de Letonia (dos), República de Lituania, Repú-

blica de Macedonia del Norte, Países Bajos, Rumanía, República de Ucra-nia (dos) y la República de Sudáfrica.

En el año 2019 el Tribunal Constitucional continuó su colaboración con la Red de Tribunales Superiores del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que facilita diversa información sobre la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de indudable interés para el trabajo de magistrados y letrados y que envió cinco consultas que fueron respondi-das a través del Servicio de Doctrina Constitucional.

Con arreglo a lo previsto en la resolución de la Secretaría General del Tribunal Constitucional de 23 de julio de 2019, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del siguiente día 25 de julio, se convocó concurso para la adjudicación de seis becas de formación en tareas relacionadas con la investigación y tratamiento de la doctrina constitucional. Finalizado el proceso selectivo, se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» de 12 de noviembre de 2019 la resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, por la que se adjudicaron estas becas de formación.

3. Servicio de Informática

La página web del Tribunal (www.tribunalconstitucional.es) recibió durante el año 2019 un total de 904.439 visitas, realizadas por 579.452 visitantes diferentes:

Año

2015

2016

2017

2018

2019

Total de visitas

907.830 1.053.651

761.049

859.723

904.439

Total de visitantes

567.738

680.233

529.238

587.756

579.452

Promedio de visitantes al día

1.555

1.864

1.450

1.610

1.588

97

MEMORIA 2019

La mayoría de los accesos a la página web se realizaron desde España (el 71,80 por 100). Del resto de accesos, el 11,48 por 100 se efectuó desde países iberoamericanos, el 8,24 por 100 desde países europeos, el 6,09 por 100 desde los Estados Unidos y Canadá, el 0,49 por 100 desde China, resto de Asia y Australia, y, en fin, el 0,22 por 100 desde países africanos.

El 1,68 por 100 restante es de origen desconocido.

Visitas

80

71,8

70

60

50

40

30

20

11,48

8,24

6,09

10

0,49

0,22

0

España

Iberoamérica

Europa

Estados Unidos Asia y Oceanía

África

y Canadá

Las visitas desde los países iberoamericanos se llevaron a cabo fundamentalmente desde Perú (26,90 por 100), México (19,19 por 100), Argentina (10,06 por 100), Bolivia (7,71 por 100), República Dominicana (7,44 por 100), Colombia (5,85 por 100) y Chile (4,95 por 100). Por su parte, en Europa se produjeron, sobre todo, desde Francia (30,59 por 100), Rusia (24,23 por 100), Gran Bretaña (13,30 por 100), Alemania (7,06 por 100), Italia (5,42 por 100), Rumanía (3,68 por 100) y Polonia (2,62 por 100). Desde el continente asiático, China fue el país desde el que se realizó el mayor número de entradas (el 33,19 por 100), seguido de India (14,21 por 100), Pakistán (9,61 por 100) y Turquía (8,07 por 100). En fin, desde el continente africano, los visitantes procedían principalmente de Marruecos (38,52 por 100), Sudáfrica (13,56 por 100), Egipto (5,87

por 100) y Argelia (5,59 por 100).

El «Buscador de jurisprudencia constitucional» (https://hj.tribunalconsti-

tucional.es/), ubicado dentro de la página web, recibió a lo largo del año 98

MEMORIA 2019

2019 un total de 2.433.173 visitas, con un promedio de 6.667 visitas diarias de un total de 328.735 visitantes diferentes: Año

2015

2016

2017

2018

2019

Visitas

2.713.992

2.683.691

2.863.590

2.682.110

2.433.173

Del total de visitas, 1.456.633 correspondieron a usuarios de España (el 59,90 por 100), mientras que 976.540 lo fueron por usuarios del resto del mundo (el 40,10 por 100). Por continentes, América fue el lugar desde donde se realizaron la mayoría de las visitas (17,17 por 100), seguido de Asia (13,12 por 100), Europa —España excluida— (10,68 por 100), África (0,02 por 100) y Oceanía (0,01 por 100).

Los usuarios que accedieron al «Buscador de jurisprudencia constitucional» lo hicieron, sobre todo, a través de los navegadores Chrome (42,93 por 100), Android Browser (16,01 por 100), Firefox (14,85 por 100), Safari (10,68 por 100), Internet Explorer (7,16 por 100) y Mozi-lla (2,95 por 100).

Las resoluciones más consultadas a través del «Buscador de jurisprudencia constitucional» a lo largo del año 2019 fueron las siguientes: 1. La STC 105/1992, de 1 de julio, relativa a la prevalencia del convenio colectivo —por su fuerza vinculante y carácter normativo— sobre la voluntad individual de los trabajadores (5.979 veces).

2. La STC 59/2018, de 4 de junio, sobre la vulneración de los derechos a un proceso con todas la garantías y a la presunción de inocencia por las condenas penales en segunda instancia (tras la absolución en la primera) mediante una nueva valoración de la prueba personal sin haberse celebrado una vista oral (5.008 veces).

3. La 53/1985, de 11 de abril, que declaró que la despenalización del aborto prevista en el proyecto de ley orgánica de modificación del Código penal era contraria al art. 15 CE, pero no por los supuestos en que consideraba el aborto como no punible (delimitándose así de forma constitucional el ámbito de la protección penal del nascit urus), sino por incumplir en su regulación el deber de garantizar que la realización del aborto se llevaría a cabo dentro de los límites previstos por el legislador y en las condiciones médicas adecuadas para salva-guardar el derecho a la vida y a la salud de la mujer (4.499 veces).

99

MEMORIA 2019

4. La STC 11/1981, de 8 de abril, relativa al Real Decreto-ley 17/1977, regulador del derecho de huelga y de los conflictos colectivos de trabajo (4.277 veces).

5. La STC 120/1990, de 27 de junio, que rechazó el recurso de amparo interpuesto por unos reclusos miembros de los «Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre» (Grapo) contra la decisión judicial que ordenaba a la Administración penitenciaria darles asistencia médica y alimentación obligatoria durante la huelga de hambre (4.153 veces).

6. La STC 154/2002, de 18 de julio, que apreció la lesión del derecho fundamental a la libertad religiosa por la condena penal a los padres de un menor (testigos de Jehová) que falleció tras haberse negado a recibir transfusiones de sangre autorizadas por el Juzgado de guardia (3.850 veces).

7. La STC 31/2010, de 28 de junio, referente a la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña (3.810 veces).

8. La STC 155/2009, de 25 de junio, que interpretó el requisito de la

«especial trascendencia constitucional» del recurso de amparo previsto en el art. 50.1 b) LOTC redactado en 2007 (3.115 veces).

9. La STC 198/2012, de 6 de noviembre, que apreció la constitucionalidad de la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modificaba el Código civil en materia de derecho a contraer matrimonio por personas del mismo sexo (2.751 veces).

10. La STC 214/1991, de 11 de noviembre, que apreció la lesión del derecho al honor de una judía (Violeta Friedman) por la revista

«Tiempo» como consecuencia de la publicación de un reportaje titu-lado «Cazadores de nazis vendrán a España para capturar a Degre-lle» (2.466 veces).

Por otra parte, de los documentos existentes en la página web, los diez más descargados fueron los relativos a:

1. Las «26 cuestiones básicas sobre el recurso de amparo constitucional» (77.130 descargas).

2. El currículum del magistrado Sr. Martínez-Vares García (55.142 descargas).

3. El documento «Estructura y funcionamiento del Tribunal» (22.464

descargas).

100

MEMORIA 2019

4. La STC 118/2019, de 16 de octubre, que avaló la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas en los supuestos de faltas de asistencia justificadas pero intermitentes (enfermedades de corta duración) a los efectos de proteger la productividad y combatir el absentismo (13.740 descargas).

5. La STC 91/2019, de 3 de julio, que apreció que la forma de cómputo del periodo de cotización de las trabajadoras a tiempo parcial, a los efectos del cálculo de su pensión de jubilación, era contrario al principio de igualdad y generaba una discriminación indirecta por razón de sexo (11.501 descargas).

6. La STC 59/2017, de 11 de mayo, que declaró la inconstitucionalidad del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos en aquellos supuestos en los que se sometiese a tributación situaciones inexpresi-vas de capacidad económica, esto es, aquellas que no presentaban un aumento de valor del terreno al momento de la transmisión (10.513

descargas).

7. El folleto divulgativo sobre el Tribunal Constitucional (7.748 descargas).

8. La STC 126/2019, de 31 de octubre, que declaró nuevamente la inconstitucionalidad del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, pero esta vez cuando la cuota a pagar fuese superior al incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente (6.470 descargas).

9. La nota de prensa núm. 74/2019, por la que se adelantaba la parte dispositiva de la STC 76/2019, de 22 de mayo, que declaró la inconstitucionalidad, para los partidos políticos, de recopilar datos personales relativos a las opiniones políticas de los ciudadanos (6.412 descargas).

10. La STC 39/2016, de 3 de marzo, sobre el uso de cámaras de videovigilancia en el trabajo y el alcance de la información a dar a los trabajadores (5.709 descargas).

Dado que la página web tiene diferentes versiones idiomáticas (en francés e inglés), los documentos más descargados en francés fueron: 1. La STC 114/2017, de 17 de octubre, que declaró la inconstitucionalidad de la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, del referéndum de autodeterminación (312 descargas); 101

MEMORIA 2019

2. La Constitución española en francés (297 descargas); 3. El folleto divulgativo sobre el Tribunal Constitucional (290 descargas); y

4. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (287 descargas).

Por su parte, los documentos más descargados en inglés a lo largo del año 2019 han sido:

1. La STC 26/2014, de 13 de febrero, relativa a la entrega del detenido en el marco de una orden europea de detención (1.160 descargas); 2. La STC 31/2010, de 28 de junio, referente a la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía para Cataluña (1.143 descargas);

3. La STC 124/2017, de 8 de noviembre, que declaró la inconstitucionalidad de la Ley del Parlamento de Cataluña 20/2017, de 8 de septiembre, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República (850 descargas);

4. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en inglés (787 descargas);

5. La STC 114/2017, de 17 de octubre, que declaró la inconstitucionalidad de la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, del referéndum de autodeterminación (670 descargas);

6. La declaración 1/2004, de 13 de diciembre, relativa a la supremacía de la Constitución y la primacía del Derecho de la Unión, en relación con el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa (416 descargas);

7. La STC 237/2005, de 26 de septiembre, referida a la jurisdicción universal de los tribunales españoles en materia penal (362 descargas);

8. La STC 103/2008, de 11 de septiembre, relativa a las competencias en materia de referéndum (343 descargas); y

9. La STC 198/2012, de 6 de noviembre, relacionada con el matrimonio entre personas del mismo sexo (302 descargas).

Desde el apartado «Ayúdanos a mejorar» de la página web se recibieron 88 encuestas que aportaron, de forma anónima, opiniones y sugerencias acerca de la web del Tribunal. Además, desde la pestaña de «Acceso a la información pública» se realizaron 109 peticiones de información, y desde 102

MEMORIA 2019

la de «Visitas» se efectuaron 230 solicitudes de visita a la sede del Tribunal Constitucional, correspondientes a 142 organizaciones diferentes. Por lo demás, las suscripciones existentes durante el año 2019 al «Sistema de alertas» de la página web fueron las siguientes: MATERIAS

N.º

Notas de prensa

420

Resoluciones

465

Anuncios de contratación

90

Convocatorias de personal

135

Resoluciones en materia de transparencia

176

La página web de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucio-

nal (www.cijc.org) registró a lo largo del año 2019 un total de 15.480 visitas, que dieron lugar a 376.853 consultas a los diferentes apartados (documentos, fotografías, vídeos, etc.).

Visitas a la página

80.000

68.826

70.000

62.125

60.000

50.000

36.071

40.000

25.679

30.000

15.480

20.000

10.000

0

2015

2016

2017

2018

2019

Los países desde los que se realizó un mayor número de consultas de este sitio web fueron España, Estados Unidos, China, México, Perú, República Dominicana, Argentina, Brasil, Guatemala y Alemania.

103

MEMORIA 2019

Consultas por países

Alemania

6.905

Guatemala

8.721

Brasil

8.793

Argentina

9.590

República Dominicana

12.429

Perú

13.102

México

18.120

China

19.690

Estados Unidos

62.834

España

92.167

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

Los documentos más descargados fueron:

1. Dentro del cuestionario de la IX Conferencia celebrada en Cádiz en el año 2012 sobre el «Presidencialismo y parlamentarismo en la jurisprudencia constitucional», las respuestas de Perú (2.107 descargas).

2. Con relación al Seminario de Cartagena de Indias del año 2013 sobre los «Procesos constitucionales de protección de los derechos fundamentales», la ponencia de la República Dominicana (1.792 descargas), de Guatemala (1.326 descargas), de Perú (818 descargas) y de Costa Rica (369 descargas).

3. Con referencia al cuestionario de la X Conferencia, celebrada en Santo Domingo en el año 2014 sobre «La Normatividad de la Constitución», las respuestas de Bolivia (1.763 descargas), de Paraguay (981

descargas), de la República Dominicana (617 descargas) y de Ecua-dor (214 descargas).

4. Respecto del cuestionario de la XII Conferencia celebrada en Panamá en el año 2018 sobre las «Relaciones entre jurisdicción constitucional y ordinaria: Evolución desde la reunión de Sevilla de 2005», las respuestas de Bolivia (1.834 descargas), de México (1.678 descargas) y de Panamá (1.370 descargas).

Por otra parte, la aplicación o app desarrollada por el Tribunal Constitucional para dispositivos móviles en el año 2017 (con los sistemas operati-vos IOS y Android) tuvo durante el año 2019 un total de 475 descargas 104

MEMORIA 2019

(199 descargas para dispositivos Apple y 276 descargas para dispositivos Google).

La mayor parte de las descargas se produjeron en España (el 83,16 por 100). El resto lo fueron, fundamentalmente, desde Perú (4,21 por 100), China y República Dominicana (2,10), Estados Unidos y México (1,26

por 100), Chile (1,05 por 100), y Bolivia y Brasil (0,84 por 100).

Durante el año 2017 la página web del Tribunal incorporó un registro electrónico para la presentación electrónica de demandas de amparo (Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se regula el Registro General y se crea el Registro Electrónico del Tribunal). La presentación fue, en un principio, de manera voluntaria (Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, por la que se fijaba el ámbito de aplicación del Registro Electrónico del Tribunal Constitucional). Sin embargo, desde el día 1 de enero de 2018 resultó obligatoria para la presentación

«por medio de Procurador» de demandas, escritos y documentos que de-biesen surtir efectos en los procesos de amparo (Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, por la que se fija el ámbito de aplicación del Registro Electrónico del Tribunal Constitucional). Pues bien, a lo largo del año 2019 se extendieron los trámites y actuaciones susceptibles de efectuarse a través de la sede electrónica a la presentación de escritos de iniciación «de cualquier proceso constitucional atribuido a la competencia del Tribunal, así como de cualesquiera otros escritos y documentos que deban surtir efectos en los mismos» (Resolución de 16 de diciembre de 2019, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, por la que se fija el ámbito de aplicación del Registro Electrónico del Tribunal Constitucional). Además, los interesados pueden consultar electrónicamente los expedientes de los procesos en los que son parte a través de sus representantes procesales.

Si durante el año 2017 se presentaron el 45,08 por 100 de los escritos de iniciación de los procesos de amparo de forma electrónica (de un total de 6.309 escritos), y durante el año 2018 ese porcentaje ascendió hasta el 77,88

105

MEMORIA 2019

por 100 (de un total de 6.918 escritos), en el año 2019 se amplió hasta el 81,63 por 100 (de un total de 7.554 escritos). Es importante señalar, sin embargo, que los 1.388 escritos presentados de forma no telemática no se corresponden con «demandas de amparo» sino con escritos presentados casi en su totalidad por personas físicas sin la representación de un Procurador, de forma presencial en el registro general del Tribunal (356 escritos), a través del correo postal (823 escritos) o de otros medios (209), tratándose, fundamentalmente, de escritos enviados por personas, bien internadas en establecimientos penitenciarios, bien que solicitaban justicia gratuita.

Escritos de iniciación (amparo)

7.000

6.166

6.000

5.388

5.000

4.000

3.465

2.844

3.000

2.000

1.530

1.388

1.000

0

2017 (6.309)

2018 (6.918)

2019 (7.554)

Registro electrónico

Registro presencial

Desde la puesta en marcha del Registro Electrónico, en 2017, un número importante de escritos de trámite (distintos a la presentación de demandas) en los procesos de amparo se han venido presentando a través de él: concretamente, a lo largo de 2019, de un total de 14.402 escritos presentados, 7.465 lo fueron electrónicamente (el 51,83 por 100), mientras que otros 6.937 fueron introducidos de manera presencial, por correo postal o por otros medios (el 48,17 por 100 restante).

Por otro lado, en el marco del expediente de gasto núm. 2018/00876

(Servicio de comunicaciones de voz y datos corporativos), en julio de 2019 se firmaron los nuevos contratos de servicio de comunicaciones de datos y voz (fija y móvil) con las empresas, respectivamente, Aire Net-works del Mediterráneo, S. L. U., y Vodafone España, S. A. U. Estos contratos sustituyeron al que hasta entonces había estado vigente con la 106

MEMORIA 2019

unión temporal de empresas Telefónica de España, S. A. U. - Telefónica Móviles España, S. A. U. (expediente de gasto núm. 2013/00195), pre-viendo una duración de cuatro años, prorrogable por otro más (de conformidad con lo previsto en la cláusula 4 del pliego de cláusulas administrativas particulares).

Por lo demás, durante el año 2019, el Servicio de Informática ha sustituido la antigua aplicación informática que venía usando el Tribunal para la tramitación jurisdiccional de los procesos constitucionales («Gestión procesal») por una nueva herramienta («Tramitación jurisdiccional») más diná-

mica, versátil y plenamente integrada con la nueva sede electrónica. El Servicio ha continuado la adaptación de la aplicación informática de gestión económica del Tribunal para hacer posible su integración con la Plataforma de contratación del sector público, tanto en lo relativo a la publicación de su perfil del contratante como a la licitación electrónica. Ha iniciado la integración con la informática de la Intervención General de la Administración del Estado para el envío de documentos contables electrónicos. Y, en fin, el Servicio ha desarrollado tanto un acceso al Sistema integrado de gestión de personal (SIGP) del Ministerio de Política Territorial y Función Pública para la gestión de incapacidades temporales y otros módulos, como una solución informática para el control estadístico del absentismo.

4. Servicio de Gerencia

1) Personal y Asuntos Generales

A) Cobertura de puestos

Se han cubierto por concurso las siguientes plazas: Una plaza de funcionario del grupo C, subgrupo C2, mediante concurso convocado por resolución de la Presidencia de 13 de marzo de 2019

(BOE de 15 de marzo de 2019) y resuelto por resolución de la Presidencia de 16 de julio de 2019 (BOE de 18 de julio de 2019).

Una plaza de jefe de sección, mediante concurso convocado por resolución de la Presidencia de 20 de junio de 2019 (BOE de 6 de julio de 2019) y resuelto por resolución de 14 de noviembre de 2019 (BOE de 20 de noviembre de 2019).

107

MEMORIA 2019

Tres plazas de gestor procesal, mediante concurso convocado por resolución de la Presidencia de 2 de julio de 2019 (BOE de 6 de julio de 2019) y resuelto por resolución de 14 de noviembre de 2019 (BOE de 20 de noviembre de 2019).

Por otra parte, también debe destacarse la convocatoria, por libre designación, del siguiente puesto:

Un puesto de secretario/a de jefe de gabinete, convocado por resolución de la Presidencia de 15 de febrero de 2019 (BOE de 1 de marzo de 2019) y que quedó desierto por resolución de 21 de mayo de 2019 (BOE de 30 de mayo de 2019). Dicho puesto volvió a ser convocado por resolución de la Presidencia de 23 de septiembre de 2019 (BOE de 1 de octubre de 2029) y fue resuelto por resolución de 2 de diciembre de 2019 (BOE de 2 de enero de 2020).

B) Relación de puestos de trabajo (RPT)

El 3 de diciembre de 2019, la mesa de negociación del Tribunal Constitucional firmó un acuerdo sobre modificación de la relación de puestos de trabajo, asignación de fondos adicionales y revisión de complementos de destino del personal funcionario al servicio del Tribunal. El pleno gubernativo del Tribunal Constitucional aprobó la modificación de la RPT con fecha 18 de diciembre de 2019. La relación de puestos de trabajo vigente puede ser consultada en el portal de transparencia del Tribunal Constitucional.

C) Convenio colectivo

Por resolución de 27 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid, fue publicado el convenio colectivo para el personal laboral del Tribunal Constitucional (BOCM de 11 de mayo de 2019).

D) Formación

Se han impartido los siguientes cursos de formación para el personal adscrito al Tribunal:

– Dos ediciones del curso de procesos constitucionales y derechos del artículo 24 de la Constitución.

108

MEMORIA 2019

– Ley de contratos del sector público.

– Dos ediciones del curso de comunicación eficaz.

– Dos ediciones del curso de protocolo y organización de eventos.

– Dos cursos en colaboración con el INAP: uno sobre Excel avanzado y otro sobre certificados digitales y firma electrónica.

– Asimismo, se han impartido tres jornadas sobre prevención de riesgos laborales.

E) Personal al servicio del Tribunal Constitucional El personal al servicio del Tribunal Constitucional (efectivos a 31 de diciembre de 2019) se distribuye como sigue:

Hombres

Mujeres

Total

ALTOS CARGOS

12

2

14

LETRADOS

32

20

52

Secretarios Justicia

3

2

FUNCIONARIOS Gestión procesal

7

10

ADMINISTRACIÓN Tramitación procesal

10

12

DE JUSTICIA

Auxilio judicial

6

1

Suma

26

25

51

Subgrupo A1

2

4

FUNCIONARIOS

Subgrupo A2

6

4

ADMINISTRACIÓN

Subgrupo C1

10

9

CIVIL

Subgrupo C2

3

11

Suma

21

28

49

Nivel 1

0

0

PERSONAL

Nivel 2

0

1

LABORAL

Nivel 3

11

8

Suma

11

9

20

PERSONAL EVENTUAL

4

18

22

TOTAL

106

102

208

109

MEMORIA 2019

2) Asuntos económicos y contabilidad

En la vertiente de la gestión económico-presupuestaria se han tramitado 2.435 documentos contables, con el siguiente detalle: Capítulo

Documentos contables

I

83

II

1.713

IV

281

VI

350

VIII

8

Además se han tramitado 12 cuentas de reposición de fondos, por un importe de 252.880,53 euros, relacionadas con el sistema de gestión de fondos del anticipo de caja fija.

El conjunto de todos estos documentos contables reflejan, en último término, la ejecución del presupuesto del Tribunal Constitucional, cuyos principales datos agregados se ofrecen en el capítulo siguiente de esta Memoria. La información pormenorizada sobre la actividad contractual y la ejecución presupuestaria del ejercicio 2019 se muestra en el apartado de «Información económica, presupuestaria y estadística» del portal de transparencia e información institucional de la página web del Tribunal Constitucional.

3) Mantenimiento

En lo que respecta a la gestión de las infraestructuras del Tribunal, la unidad de mantenimiento ha realizado las siguientes actuaciones, además del trabajo diario respecto de las instalaciones, inmueble, mobiliario y necesidades del personal:

– Obtención del certificado energético.

– Realización de la inspección técnica de edificios.

110

MEMORIA 2019

– Certificado de la instalación eléctrica de baja tensión por un organismo de control autorizado.

– Trabajos de análisis y diagnóstico de la sede de Doménico Scarlatti preparatorios para la redacción del plan director de su rehabilitación.

– Sustitución de las tuberías del circuito de consumo de agua desde los depósitos hasta las ascendentes verticales.

– Sustitución del climatizador de aire de las plantas 1.ª a 6.ª

– Reparación de la enfriadora núm. 1 y la sustitución de los filtros y aceite de las enfriadoras núm. 1 y 2.

– Impermeabilización de la zona de jardineras en las rampas de acceso al garaje.

– Reparación y adaptación a la normativa de las puertas de carruajes.

– Restauración y traslado de dos obras de arte en depósito del Museo del Prado.

4) Archivo General

En cuanto a la unidad de Archivo General, los principales datos relativos a su ámbito de actuación son los siguientes:

A) Ingreso de fondos y gestión documental

En 2019 han ingresado por transferencia un total de 786 unidades físicas de instalación normalizadas, procediéndose a su cotejo, estanteo e incorporación a las bases de datos del Archivo General. Asimismo, como resultado de la eliminación de documentación quedaron libres un total de 384

cajas normalizadas de archivo. Actualmente el Archivo General tiene un total de 29.133 cajas ocupadas1.

1 Durante 2019 se reutilizaron 200 cajas normalizadas cuyo contenido había sido eliminado previamente.

111

MEMORIA 2019

La documentación que se ha generado a lo largo de 2019 tanto en soporte físico como electrónico y que integra el fondo archivístico del Tribunal Constitucional suma las siguientes cantidades2:

Total de expedientes creados en 2019 (en trámite y en custodia) 14.395

Total de expedientes en fase de custodia

8.122

– Expedientes físicos

3.010

– Expedientes electrónicos

4.657

– Expedientes digitalizados

44

– Expedientes en proceso de transferencia 3

411

Los anteriores corresponden a:

Expedientes de la función gobierno y administración 4.900

Expedientes de la función jurisdicción constitucional 3.222

Total de expedientes en el repositorio del AGTC

425.438

Respecto de los documentos en soporte electrónico (únicos cuantificables), durante 2019 se han creado los siguientes:3

Total de documentos electrónicos creados en 2019

92.664

– Documentos electrónicos

89.296

– Documentos digitalizados

3.368

Los anteriores corresponden a:

Documentos de la función gobierno y administración 20.307

Documentos de la función jurisdicción constitucional 72.357

Total de documentos electrónicos en el repositorio del AGTC

502.151

El 7 de junio de 2019 ingresó en el Archivo del Tribunal Constitucional el archivo personal de quien fuera su Presidente, don Francisco Tomás y Valiente. La documentación está actualmente siendo objeto del correspondiente proceso técnico que permitirá en breve que dichos documentos 2 Dichas cifras incluyen tanto procedimientos terminados (en fase de custodia) como iniciados y aún en tramitación, dado que el repositorio del Tribunal Constitucional incorpora todos los documentos desde el momento de su generación en los sistemas de tramitación o de su ingreso mediante el registro electrónico. Puede haber variaciones respecto de los totales de años anteriores debido a procesos de depuración de datos o a eliminación de registros.

3 Se refiere a expedientes en soporte físico ya cerrados pero aún no remitidos al Archivo General.

112

MEMORIA 2019

puedan conservarse a lo largo del tiempo y servir a la comunidad científi-ca y a la sociedad en general.

B) Reproducción de documentos

Se han digitalizado 19.786 páginas de documentación a efectos de conser-vación y referencia.

C) Servicios a usuarios

Durante 2019 se han realizado 721 préstamos de documentación del Archivo General, además de atender un total de 47 solicitudes de digitalización de documentos y a diversas consultas y peticiones de información elaborada.

Asimismo, se han registrado 3.747 accesos —internos— por parte de los usuarios a la herramienta de consulta del Archivo General.

Otras actividades desarrolladas por la unidad han consistido en la realización de informes, estudios y propuestas.

5. Gabinete de Prensa

El Tribunal Constitucional a lo largo de 2019 ha revalidado su compromiso con la transparencia y la difusión de su actividad jurisdiccional e institucional, con el objetivo de proporcionar a la ciudadanía información de-tallada sobre su función constitucional y lograr un mayor conocimiento sobre su organización y estructura.

La página web del Tribunal Constitucional juega un papel decisivo en esta tarea. En ella se pone a disposición del ciudadano toda la normativa, jurisprudencia e historia de la institución y contenidos relativos a su composición y competencias. En este último ejercicio se ha actualizado de forma constante con la publicación de las últimas decisiones jurisdiccionales.

También se han incorporado numerosas fotografías y datos de los actos, seminarios, reuniones de trabajo y visitas institucionales que han tenido lugar tanto en la sede del Tribunal como a nivel internacional en los que han participado el presidente, magistrados, secretario general y letrados.

Por segundo año consecutivo, se ha incrementado la publicación de notas de prensa hasta un total de 149 (en 2018 fueron 137 y en 2017, 113).

Con esta práctica se informa de forma rápida y efectiva sobre las decisio-113

MEMORIA 2019

nes más relevantes a nivel jurídico, político y social, ya sean providencias, autos o sentencias. Con el máximo rigor, objetividad e inmediatez, el Tribunal ofrece un resumen del fallo y sus fundamentos para dar difusión a sus resoluciones jurídicas y contribuir a su comprensión por los medios de comunicación y la ciudadanía. Merece una especial mención el dato de que todas las notas de prensa fueron traducidas al inglés.

En enero de 2019 se puso en marcha la comunicación en redes sociales, a través de la cuenta en Twitter @TConstitucionE. En este perfil y también de forma regular, se han publicado todas las novedades institucionales y jurisdiccionales. Además, periódicamente se han elaborado contenidos divulgativos para dar a conocer la institución, sus servicios y su funcionamiento y acercar su cometido constitucional a los ciudadanos. En total, se han compartido 414 mensajes, que han obtenido un impacto de más de 2

millones de impresiones (número total de veces que los usuarios de la red ven un tuit) y se han logrado casi 9.000 seguidores.

Desde el Gabinete de Prensa del Tribunal Constitucional también se ha realizado una importante labor de relación con los medios de comunicación, a los que se presta la máxima ayuda y colaboración para la resolución de dudas referidas a los conceptos jurídicos o las consecuencias prácticas de las resoluciones, así como para mejorar en términos generales la comprensión de los asuntos.

Desde el Gabinete de Prensa se elabora diariamente un boletín de prensa donde se recogen las principales noticias de la prensa escrita y digital que se refirieren a la Jefatura del Estado, Tribunal Constitucional, Gobierno, Parlamento, partidos políticos, política internacional y tribunales. Este boletín se complementa con las editoriales de los periódicos junto con un apartado variado y plural de artículos de opinión.

Asimismo se ha prestado la asistencia necesaria en las intervenciones pú-

blicas del presidente del Tribunal Constitucional, don Juan José González Rivas. En particular, en la entrevista concedida al programa «Audiencia Abierta» de Radiotelevisión Española con motivo de la presentación de la memoria del año 2018, emitida el 16 de junio de 2019.

En este contexto de crecimiento de la actividad en el Gabinete de Prensa, el Pleno gubernativo del Tribunal Constitucional, celebrado el 18 de diciembre de 2019, aprobó la creación del puesto de ayudante en la oficina de prensa, dentro del marco de la nueva relación de puestos de trabajo del Tribunal.

114

VI. Presupuesto

El Tribunal Constitucional cuenta con autonomía presupuestaria y su presupuesto constituye la sección 04 del estado de gastos de los presupuestos generales del Estado. Con arreglo a lo previsto en el artículo 10.3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, el Tribunal en Pleno, en ejercicio de su autonomía como órgano constitucional, elabora su presupuesto, que se integra como una sección independiente dentro de los presupuestos generales del Estado, remitiéndose a tal fin el proyecto a las Cortes Generales para su aprobación, a través del Ministerio de Hacienda.

Los créditos presupuestarios del Tribunal Constitucional en el ejercicio 2019 ascendieron a 23.866,87 miles de euros, el mismo importe respecto del ejercicio 2018, como consecuencia de la prórroga de los presupuestos generales del Estado.

Las dotaciones iniciales de los distintos capítulos presupuestarios fueron las siguientes:

– Capítulo 1 (Gastos de personal): 17.886,34 miles de euros.

– Capítulo 2 (Gastos corrientes en bienes y servicios): 4.842,72 miles de euros.

– Capítulo 4 (Transferencias corrientes): 523,81 miles de euros.

– Capítulo 6 (Inversiones reales): 566,00 miles de euros.

– Capítulo 8 (Activos financieros): 48,00 miles de euros.

Con arreglo a la normativa reguladora de las modificaciones presupuestarias, durante el ejercicio 2019 se realizó una transferencia de crédito por importe de 12.127 euros desde el concepto 121.00 «Retribuciones complementarias. Complemento de destino» al concepto 100.00 «Altos Car-115

MEMORIA 2019

gos. Retribuciones básicas» para atender las obligaciones derivadas del pago de retribuciones a los altos cargos del Tribunal Constitucional, fija-das para el ejercicio 2019 en el artículo 5.1.2 del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre.

La ejecución del presupuesto del Tribunal Constitucional corresponde a su Secretario General, con asistencia de personal técnico, bajo la dirección del Presidente y con arreglo a las directrices que a tal fin establezca el Pleno. Asimismo corresponde al Secretario General la liquidación del presupuesto, la cual se pone en conocimiento del Pleno.

La liquidación del presupuesto de 2019 ofrece los resultados que se señalan a continuación, para los distintos capítulos presupuestarios, indicándose el grado de ejecución que los mismos representan respecto de los créditos presupuestarios definitivos:

Capítulo

Créditos

presupuestario

definitivos

Gastos realizados

Grado de

ejecución

Capítulo 1

17.886.340,00

16.625.258,57

92,95 por 100

Capítulo 2

4.842.720,00

3.566.662,49

73,65 por 100

Capítulo 4

523.810,00

203.348,83

38,82 por 100

Capítulo 6

566.000,00

502.700,47

88,82 por 100

Capítulo 8

48.000,00

21.080,00

43,92 por 100

Total

23.866.870,00

20.919.050,36

87,65 por 100

Una información más pormenorizada sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio 2019 se muestra en el apartado de «Información económica, presupuestaria y estadística» del portal de transparencia e información institucional de la página web del Tribunal Constitucional.

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VII. Relaciones institucionales VIAJES OFICIALES

24 - 26 de enero

Participación en el solemne acto de apertura del año judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estrasburgo (Francia).

6 - 10 de febrero

XIV Reunión de la Mesa Ejecutiva de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional (WCCJ). Santo Domingo (República Dominicana).

31 de marzo - 2 de abril

Visita institucional y de trabajo a la sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Kirchberg, Luxemburgo.

29 de julio - 8 de agosto

Visita institucional y de trabajo a la sede del Tribunal Constitucional de Chile y a las Supremas Cortes de Justicia de la Nación Argentina y de Uruguay. Santiago de Chile, Buenos Aires y Montevideo.

10 - 11 de octubre

III Reunión cuadrilateral de Tribunales Constitucionales de Portugal, Es-paña e Italia y del Consejo Constitucional de Francia. Lisboa.

20 - 23 de noviembre

Visita institucional y de trabajo a la sede de la Corte Constitucional del Reino de Marruecos. Clausura por parte del Presidente del Seminario entre los Tribunales Constitucionales de los Reinos de Marruecos y de España.

117

MEMORIA 2019

VISITAS INSTITUCIONALES RECIBIDAS

23 de enero

Director Técnico del Museo del Prado, don Miguel Falomir Faus.

30 de enero

Decano y Vicedecano del Colegio de Abogados de Cáceres, don Juan José Flores Gómez y don Juan Ramón Corvillo Repullo, y Directora de la revista Fundamentos del Derecho, doña Ruth Timón Morillo-Velarde.

4 de febrero

Directora General de Gobernanza Pública del Ministerio de las Administraciones Públicas, doña María Pía Junquera Temprano.

12 de febrero

Magistrado del Tribunal Constitucional de Chile, don Nelson Pozo Silva.

20 de febrero

Ex Vicepresidente del Tribunal Supremo y Ex Fiscal General del Estado de Israel, don Elyakim Rubinstein, y Embajador de Israel en España, don Daniel Kutner.

29 de marzo

Profesionales del ámbito legislativo de diversos países iberoamericanos.

Organización Iberoamericana de Seguridad Social.

8 de abril

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, doña María Elósegui Itxaso.

15 de abril

Magistrado del Tribunal Constitucional de Panamá, don Luis Ramón Fá-

brega.

29 de mayo

Presidente del Tribunal Supremo de Chipre, don Myron Michael Nicolatos.

4 de julio

Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, don Pe-tronilo Flors Condori.

118

MEMORIA 2019

REUNIONES DE TRABAJO Y ACTOS EN LA SEDE DEL TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL

12 de febrero

Estancia de trabajo de una delegación del Tribunal Constitucional de Indonesia, encabezada por la magistrada doña Enny Nurbaningsih.

4 - 5 de marzo

Visita institucional y de trabajo de la Corte Constitucional de Marruecos.

7 de marzo

Acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer.

27 de marzo

Visita de los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con motivo del Homenaje a la Corte en su XL Aniversario.

5 de abril

Visita de la Promoción de 1965 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla.

7 de mayo

Estancia de trabajo de jueces y magistrados del Aula Iberoamericana de la Escuela Judicial, Consejo General del Poder Judicial.

28 de mayo

Jornada de trabajo de la Asociación de Letrados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Amicale).

17 de junio

Jornada de trabajo de un grupo de fiscales de Brasil, participantes en un congreso de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense.

20 de junio

Firma de un memorándum de entendimiento de cooperación interinstitu-cional e internacional entre el Tribunal Constitucional de la República Dominicana y el del Reino de España.

10 de julio

Sesión de trabajo de la LXXI Promoción de Diplomáticos en prácticas de la Escuela Diplomática.

119

MEMORIA 2019

2 de septiembre

Letrados de la Corte Constitucional de Corea, don Kim Huym Young y don Yoo Mira.

19 de septiembre

Presentación del libro «El Estado de Derecho en el mundo hispánico».

24 de septiembre

Visita de trabajo de una delegación del Tribunal Constitucional de Corea.

2 - 4 de octubre

Estancia de trabajo de miembros de la carrera judicial.

4 de octubre

Jornada de trabajo de la 58.ª promoción de Fiscales.

24 de octubre

Sesión de trabajo de don Zhen Zang, juez de la República de China y de don Wouter Pas, juez de Bélgica, integrantes de un programa de intercambio del Consejo General del Poder Judicial.

5 de noviembre

Estancia de trabajo de los jueces y otros juristas que cursan el Aula Iberoamericana de la Escuela Judicial, Consejo General del Poder Judicial.

5 de noviembre

Presentación del libro «Memento Recurso de Amparo».

OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

8 de enero

Acto de entrega de despachos a la LXVIII Promoción de la carrera judicial, bajo la presidencia de S. M. el Rey. Real Academia Española, Madrid.

21 de enero

Conferencia del Presidente con motivo del 800 Aniversario de la Universidad de Salamanca. Salamanca.

120

MEMORIA 2019

24 - 25 de enero

Entrega de la Distinción de Santo Tomás de Aquino al Tribunal Constitucional y de la Distinción de Abderramán III al Presidente del Tribunal.

Universidad de Córdoba.

31 de enero

Presentación del libro «40 Protagonistas de la Justicia: 40 años de Constitución», editado por el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid. Senado.

14 de febrero

Entrega del Premio a la Concordia al Tribunal Constitucional, otorgado por el Ayuntamiento de Tres Cantos. Madrid.

18 de febrero

Inauguración del XXI Congreso Internacional de Derecho Constitucional Europeo Comparado. Sede del Consejo General del Notariado, Madrid.

19 - 20 de febrero

Apertura y clausura del XXVI Congreso Bienal de la Asociación Mundial de Juristas (WJA) y entrega a S. M. el Rey del World Peace & Liberty Award. Teatro Real, Madrid.

27 de febrero

Actos oficiales con motivo de la visita del Presidente de la República de Perú. Palacio Real, Madrid.

28 de febrero

Visita institucional al Museo del Prado con motivo de su Bicentenario.

Madrid.

6 de marzo

Conferencia del Presidente en el ciclo «Constitución y libertad», organizado por la Fundación para la Magistratura. Caixa Forum, Madrid.

11 de marzo

Acto conmemorativo en homenaje a las víctimas de los atentados del 11-M

en su XV Aniversario. Plaza de Daoiz y Velarde. Madrid.

121

MEMORIA 2019

27 de marzo

Discurso de apertura del Presidente en las jornadas «Protegiendo derechos en Europa y América. Homenaje a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su 40 aniversario». Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid.

4 de abril

Funeral en memoria de don José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo, con asistencia de SS. MM. los Reyes. Iglesia de San Jerónimo el Real, Madrid.

8 de abril

Entrega del premio Gumersindo de Azcárate 2019 (IX Edición) al Tribunal Constitucional por el Colegio de Registradores de España. Madrid.

6 de mayo

Presentación de la obra «Filosofía del Derecho y Constitución» de don Andrés Ollero Tassara. Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid.

28 de mayo

Presentación del libro «El dedo de Dios. La mano del hombre» de don Pedro González-Trevijano. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid.

14 de junio

Entrega a S. M. el Rey de la Memoria anual de actividades del Tribunal Constitucional correspondiente al año 2018. Palacio de la Zarzuela, Madrid.

27 de junio

Sesión solemne en recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo.

Congreso de los Diputados, Madrid.

27 de junio

Fiesta institucional de los Procuradores de España. Acto de entrega de los Premios «Convivencia y Tolerancia» y «Balanza de oro de la Justicia».

Madrid.

28 de junio

Graduación de los alumnos del máster universitario de acceso a la profesión de abogado de la Universidad CEU San Pablo. Madrid.

122

MEMORIA 2019

24 - 25 de julio

Acto de entrega de las Medallas de Galicia 2019 y asistencia a la Ofrenda al Apóstol Santiago. Santiago de Compostela.

9 de septiembre

Solemne acto de apertura del año judicial. Palacio de Justicia sede del Tribunal Supremo del Reino de España. Madrid.

3 de octubre

Conferencia del Presidente en la Cátedra de Estudios Jurídicos Iberoamericanos sobre «El papel de los Tribunales Constitucionales». Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid.

12 de octubre

Acto solemne de homenaje a la bandera nacional y al desfile militar y recepción en el Palacio Real, Madrid.

17 de octubre

Sesión inaugural de la Cátedra de Estudios Jurídicos Iberoamericanos de la Universidad Carlos III, Campus Puerta de Toledo. Madrid.

18 de octubre

Asistencia al acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2019.

Teatro Campoamor, Oviedo.

21 de octubre

Solemne sesión de apertura del curso académico 2019-2020 de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Madrid.

22 de octubre

Participación en el solemne acto de inauguración del curso 2019-2020 de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila. Lección magistral sobre «El Tribunal Constitucional en el Estado de Derecho ante la proxi-midad de su cuarenta aniversario». Ávila.

25 de octubre

Participación en el acto de inauguración, Lectio Magistralis del Presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y entrega de medallas de honor de la XXX edición del máster universitario en Derecho de la Unión Europea de la Universidad Carlos III. Campus Puerta de Toledo, Madrid.

123

MEMORIA 2019

30 de octubre

Conferencia del Presidente en la Facultad de Derecho de la UNED sobre

«Las garantías en los procesos constitucionales ante el Tribunal Constitucional». Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid.

7 - 8 de noviembre

Inauguración y clausura de las XXV Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, en presencia del Alcalde de Córdoba y el Rector de la Universidad de Córdoba. Córdoba.

18 de noviembre

Presentación del libro «El artículo 155 de la Constitución». Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid.

26 de noviembre

Asistencia al acto de entrega XV Premio de reconocimiento a la labor en la erradicación de la violencia de género 2019, presidido por S. M. el Rey, distinguido en la categoría de Personalidad más destacada a Su Majestad la Reina. Consejo General del Poder Judicial, Madrid.

3 de diciembre

Acto académico en homenaje a don Alfredo Montoya Melgar con motivo del cincuenta aniversario de su nombramiento como catedrático universitario de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid.

4 de diciembre

Conferencia inaugural del seminario «Hacia un Derecho internacional del medio ambiente: del pacto global a la Convención sobre el delito de Eco-cidio», en el marco de la Cumbre COP’25. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid.

6 de diciembre

Recepción con motivo de la celebración del Día de la Constitución Espa-

ñola. Congreso de los Diputados, Madrid.

12 de diciembre

Conferencia de clausura del ciclo con motivo del XL Aniversario de la Constitución, organizado por el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Extremadura, Cáceres.

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VIII. Otras actividades

Actividad editorial

El Tribunal ha coeditado con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales la obra «El artículo 155 de la Constitución», que plasma los resultados de las XXIV Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional celebradas en Santander (Cantabria) en octubre de 2018.

Actividades formativas

El Tribunal Constitucional mantiene distintos programas de formación desde el año 2002. Durante 2019 fueron convocados cuatro: Mediante resolución de 5 de febrero de 2019, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional (BOE núm. 40, de 15 de febrero de 2019), fue convocada una beca de formación en tareas relacionadas con el Derecho constitucional comparado y la actividad internacional del Tribunal Constitucional. El procedimiento fue resuelto por resolución de 20 de junio de 2019 (BOE núm. 154, de 28 de junio de 2019).

La resolución de 26 de abril de 2019, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, convocó una beca de formación en biblioteconomía y documentación relacionada con los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional (BOE núm. 111, de 9 de mayo de 2019; corrección de errores de 22 de mayo de 2019, BOE núm. 129, de 30 de mayo). La beca fue concedida por resolución de 1 de octubre de 2019 (BOE núm. 243, de 9 de octubre de 2019).

Por resolución de 23 de julio de 2019, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, fueron convocadas seis becas de formación en tareas 125

MEMORIA 2018

relacionadas con la investigación y tratamiento jurídico de la doctrina constitucional (BOE núm. 177, de 25 de julio de 2019). Las becas fueron otorgadas mediante resolución de 6 de noviembre de 2019 (BOE núm. 272, de 12 de noviembre de 2019).

Finalmente, la resolución de 26 de julio de 2019, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, convocó dos becas de formación en materia de traducción jurídica (BOE núm. 181, de 30 de julio de 2019). El plazo de presentación de solicitudes fue ampliado por resolución de 30 de agosto de 2019 (BOE núm. 210, de 2 de septiembre). Las becas fueron otorgadas por resolución de 18 de noviembre de 2019 (BOE núm. 280, de 21

de noviembre de 2019).

Convenios de colaboración

El Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial han acordado prorrogar el convenio de colaboración entre ambas instituciones, firmado el 21 de noviembre de 2014, en atención a los positivos resultados obtenidos en su quinto año de funcionamiento.

Al igual que en años anteriores, el Tribunal Constitucional ha firmado nuevos convenios de colaboración para mejorar el intercambio de experiencias y buenas prácticas en la impartición de justicia constitucional o la difusión de sus resultados, entre otros asuntos.

En el ámbito internacional, el 20 de junio de 2019 el Tribunal Constitucional del Reino de España firmó un convenio con el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Su objeto consiste en establecer y desa-rrollar un marco de colaboración entre ambos tribunales durante tres años prorrogables, en línea de continuidad con el convenio de 23 de septiembre de 2015.

El Tribunal Constitucional celebró un convenio, el 16 de octubre de 2019, con la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila (México). En él se establecen las bases para realizar acciones de colaboración en materia de derechos humanos, en el ámbito de la normativa aplicable y de sus respectivas competencias, así como para fomentar una cultura a favor de su protección. Las partes se compro-meten a llevar a cabo actividades conjuntas relacionadas con el desarrollo, 126

MEMORIA 2018

el fomento, la difusión y el análisis, así como estudios e investigaciones en materia de protección de derechos humanos, en cuya realización se mues-tren ambas partes de acuerdo.

En el ámbito doméstico, el 30 de enero de 2019 el Tribunal Constitucional firmó con la Universidad Complutense de Madrid un convenio para establecer las condiciones en las que estudiantes de dicha universidad pueden realizar un programa de prácticas externas así como trabajos de fin de ciclo (grado o máster) de cualquier enseñanza impartida por la Universidad Complutense de Madrid, tanto oficiales como propias, según las condiciones particulares de cada modalidad establecidas en el correspondiente programa formativo en el Tribunal Constitucional, durante el curso académico 2018-2019.

Una relación de todos los convenios firmados por el Tribunal Constitucional que se encuentran vigentes se ofrece en la página de internet de la institución (https://www.tribunalconstitucional.es/es/transparencia/informacion-

economica/Convenios/Paginas/default.aspx).

127

IX. Transparencia y acceso

a la información pública

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno tiene por objeto «ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento» (artículo 1).

En el ámbito subjetivo de aplicación de las disposiciones de su título I, que tiene por rúbrica «Transparencia de la actividad pública», se incluye, entre otros órganos constitucionales, al Tribunal Constitucional, si bien con la precisión de que dicha inclusión lo es «en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo» [artículo 2.1 f)].

En la página web del Tribunal Constitucional (www.tribunalconstitucional.es),

en la pestaña «Transparencia e información institucional», se publica la información institucional, organizativa, económica, presupuestaria y estadística que el Tribunal está obligado a suministrar de forma periódica y actualizada y en las condiciones técnicas legalmente establecidas (artículos 5 a 9 de la Ley 19/2013).

Al Tribunal Constitucional también le resultan de aplicación las previsiones relativas al derecho de acceso a la información pública (artículos 12 a 24 de la Ley 19/2013). Para facilitar a sus titulares el ejercicio de este derecho, en la página web del Tribunal, en la pestaña ya indicada de

«Transparencia e información institucional», en el apartado «Acceso a la información pública», se identifica a la Secretaría General como el órgano competente para conocer y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública dirigidas al Tribunal; se ofrece un modelo de solicitud para utilizar cuando el medio que pretenda emplearse para ejercer el derecho de acceso a la información pública sea el correo electrónico, así como se 129

MEMORIA 2019

facilita la dirección postal del Tribunal en caso de que sea este el medio al que se quiera recurrir para ejercer aquel derecho; se publican las resoluciones dictadas por la Secretaría General en respuesta a las solicitudes de información formuladas, siendo posible el acceso a su contenido; y, en fin, se recoge la información más solicitada.

Durante el año 2019 se han dirigido al Tribunal Constitucional 67 solicitudes de información pública, lo que supone un incremento respecto a las recibidas en los años 2018 (54), 2017 (37), 2016 (33) y 2015 (42), ejercicio este último en el que entraron en vigor las disposiciones de la Ley 19/2013 en materia de derecho de acceso a la información pública. Sesen-ta y cinco de ellas (97 por 100) fueron promovidas por personas físicas; las dos restantes (3 por 100) lo fueron por personas jurídicas: un parlamento autonómico y una empresa privada. Todas las solicitudes se forma-lizaron a través del modelo de acceso a la información pública de la pági-na web del Tribunal Constitucional. En casi todas se interesó, como modalidad de acceso a la información solicitada, la vía electrónica (66

casos, 98,50 por 100). En una única ocasión (1,50 por 100) el solicitante no indicó de manera expresa la modalidad de respuesta requerida, por lo que la información interesada se facilitó por la vía electrónica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 19/2013.

En 19 resoluciones de la Secretaría General (28,35 por 100) se concedió el acceso a la información solicitada; en 27 (40,29 por 100) se remitió la información solicitada a las Secretarías de Justicia del Tribunal Constitucional por versar sobre la actividad jurisdiccional de éste; en 12 (17,90

por 100) se remitió a los solicitantes a las páginas web del Tribunal Constitucional y de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado por figurar publicada en esas páginas la información interesada o poder acceder a ella a través de esas páginas, sin que resulte exigible al Tribunal una acción previa de reelaboración de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 c) de la Ley 19/2013; en una resolución (1,50 por 100) se remitió la solicitud al Pleno del Tribunal por tener ca-rácter jurisdiccional la petición formulada y ser el órgano competente para su resolución; en seis resoluciones (8,96 por 100) no se accedió a la información pedida; en una (1,50 por 100) se inadmitió la solicitud de información, por manifiestamente repetitiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.1 e) de la Ley 19/2013; y en otra (1,50 por 100) se tuvo por desistido al solicitante, por no haber atendido al requerimiento de identificar suficientemente la información interesada.

130

MEMORIA 2019

Cuatro de las solicitudes en las que no se concedió el acceso a la información solicitada versaron sobre la prestación de asesoramiento jurídico por parte del Tribunal. Las otras dos tenían por objeto, respectivamente, el alcance del pronunciamiento de una sentencia del Tribunal dictada en un procedimiento de declaración de inconstitucionalidad y el calendario de votación y fallo de los recursos de amparo interpuestos durante el año 2018, tratándose en ambos casos de una información de naturaleza jurisdiccional que excedía del ámbito del derecho de acceso a la información pública regulado en la Ley 19/2013 (art. 2.1.f).

Las solicitudes de acceso a la información han versado sobre una variada tipología de materias que pueden agruparse en las siguientes rúbricas: a) Información sobre la duración del mandato de la Vicepresidencia del Tribunal (1);

b) Información relativa a los datos profesionales, administrativos y económicos del personal al servicio del Tribunal (2); c) Información sobre la convocatoria y procesos de selección de puestos de trabajo del Tribunal (3);

d) Acceso a resoluciones del Tribunal (3);

e) Información sobre pronunciamientos del Tribunal en determinadas materias (5);

f) Información sobre requisitos para la interposición, el estado de tramitación y documentación relativa a concretos procesos constitucionales (36);

g) Información sobre el beneficio de justicia gratuita (1); h) Información sobre el concepto, evolución y bibliografía del recurso de amparo (1);

i) Información sobre los efectos de la declaración de inconstitucionalidad (1);

j) Solicitud de cancelación de datos personales en resoluciones del Tribunal (1);

k) Información sobre los presupuestos del Tribunal (2); l) Información sobre los gastos en fotocopias (1); m) Información sobre la utilización de lenguas cooficiales en la página web (1);

n) Acceso a expedientes de la Unidad de Archivo (1); ñ) Información y asesoramiento para promover denuncias, acciones en vía judicial y obtener prestaciones asistenciales (4); 131

MEMORIA 2019

o) Información sobre la posibilidad de que el Tribunal actúe de oficio (1); p) Información sobre el Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República (1); y, en fin,

q) Información sobre la obligación de cargos públicos no de no bloquear foros públicos (1).

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Anexos

I. Normas legales y reglamentarias y otras

disposiciones relativas al Tribunal

II. Relación de sentencias y de autos publicados en el «Boletín Oficial del Estado»

III. Estadísticas jurisdiccionales

IV. Actividad del Tribunal Europeo

de Derechos Humanos en relación

con España

V. Magistrados eméritos

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I. Normas legales y reglamentarias y otras disposiciones relativas

al Tribunal

1) Acuerdo de 14 de febrero de 2019, del Pleno del Tribunal Constitucional, que aprueba las normas de estilo para la redacción de las resoluciones del Tribunal Constitucional.

2) Acuerdo de 23 de mayo de 2019, del Pleno del Tribunal Constitucional, sobre modificación de criterio en materia de emplazamiento en los amparos parlamentarios.

3) Resolución de 16 de diciembre de 2019, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, por la que se fija el ámbito de aplicación del Registro Electrónico del Tribunal Constitucional.

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MEMORIA 2019

ACUERDO DE 14 DE FEBRERO DE 2019, DEL PLENO DEL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, QUE APRUEBA LAS NORMAS DE

ESTILO PARA LA REDACCIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

NORMAS DE ESTILO PARA LA REDACCIÓN DE LAS

RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Tribunal Constitucional ha dispensado siempre gran atención a la estructura y estilo de sus resoluciones. Esa atención se plasmó inicialmente en sendos acuerdos del Pleno del Tribunal de 10 de noviembre de 1980, por el que se aprobaron «las normas provisionales relativas a la vista y la deliberación, a la votación y al fallo, la redacción de las sentencias y los votos particulares», y de 15 de enero de 1981, «sobre la forma y publicación de las sentencias». Desde entonces, los aspectos formales de las resoluciones del Tribunal Constitucional han seguido fielmente los criterios establecidos en aquellos acuerdos, posteriormente actualizados por las

«Normas de estilo» a las que se atiene el Tribunal para la elaboración, aprobación y difusión de sus resoluciones jurisdiccionales, cuya versión actualmente vigente data de los años 1991 y 2002.

La presente versión es fruto del trabajo de la comisión de estudio sobre la estructura y reglas de estilo de las sentencias del Tribunal que se constituyó en cumplimiento del acuerdo adoptado al efecto por el pleno gubernativo de 7 de septiembre de 2017. Bajo la presidencia de la magistrada doña Encarnación Roca Trías, vicepresidenta del Tribunal Constitucional, han integrado la comisión don Salvador Gutiérrez Ordóñez, de la Real Academia Española; los magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan Antonio Xiol Ríos; el secretario general, don Andrés Gutiérrez Gil y el letrado jefe del servicio de doctrina constitucional, don Luis Pomed Sánchez. Esta comisión ha desarrollado su labor mediante reuniones pe-riódicas a lo largo de las cuales sus miembros han podido ir confeccionan-do el texto luego sometido al Pleno del Tribunal Constitucional para su examen y aprobación.

Estas normas de estilo son un modesto instrumento para propiciar el uso de un lenguaje jurisdiccional claro y sencillo, que evite lo artificioso, pues sabido es que «más valen quintaesencias que fárragos». En su elaboración 136

MEMORIA 2019

se han tenido especialmente presentes las indicaciones plasmadas por la Real Academia Española en la Nueva gramática de la lengua española (2009) y la Ortografía de la lengua española (2010). La comisión ha tenido igualmente a la vista el Prontuario de estilo para el Tribunal Supremo, aprobado por su Sala de Gobierno mediante acuerdo de 19 de enero de 2018, y diferentes trabajos y monografías, de entre los que cabe citar, a título exclusivamente ilustrativo, el Libro de estilo de la Justicia, dirigido por el académico don Santiago Muñoz Machado, o el estudio «Algunas consideraciones sobre el uso de las mayúsculas en las normas», publicado en el número 81 de la Revista de las Cortes Generales por don Fernando Centenera Sánchez-Seco.

Siguiendo la pauta habitual en este tipo de documentos, en las normas de estilo se diferencian dos bloques temáticos cuya adecuada utilización debería facilitar la mejor comprensión de las resoluciones jurisdiccionales del Tribunal Constitucional. Así, bajo la rúbrica «Estructura de las resoluciones», en la primera parte de estas normas se establece la disposición de las distintas partes que deben integrar e identificar las sentencias y autos del Tribunal, remitiendo lo concerniente a las providencias a lo que se acuerde por el Pleno a propuesta de la Secretaría General. La segunda parte lleva por título «Criterios ortográficos y gramaticales». En ella se contienen las reglas lingüísticas, su organización y combinación, que ha-brán de observarse en la redacción de las resoluciones jurisdiccionales para facilitar su comprensión tanto por los lectores de jurisprudencia como por el conjunto de ciudadanos, destinatarios últimos de la labor del Tribunal Constitucional.

I. Estructura de las resoluciones

Las reglas que seguidamente se detallan facilitan la adecuada sistematización del contenido de las distintas decisiones que en el ejercicio de su potestad jurisdiccional debe adoptar el Tribunal Constitucional. Estas reglas, que plasman en lo esencial la experiencia atesorada por el Tribunal desde que dictara sus primeras resoluciones en enero de 1981 (auto 1/1981, de 9 de enero, y sentencia 1/1981, de 26 de enero), colaboran a la fácil identificación de lo acordado por el Tribunal en un entorno informático, que es el habitualmente empleado para la consulta de la jurisprudencia constitucional.

137

MEMORIA 2019

1. Sentencias

A) Encabezamiento

Las sentencias comenzarán con el siguiente encabezamiento:

«El Pleno [la Sala o Sección] del Tribunal Constitucional, compuesto [compuesta] por el magistrado [la magistrada] don [doña]

…, presidente [presidenta] y los magistrados [las magistradas] don

[doña] …, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA»

Con la composición vigente al momento de redactar estas normas de estilo y para una sentencia del Pleno, el encabezamiento quedaría así:

«El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José González Rivas, presidente; la magistrada doña Encarnación Roca Trías; los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodrí-

guez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho y don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA»

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MEMORIA 2019

B) Preámbulo

Tras el encabezamiento, se incluirá un sucinto preámbulo en el que se dé cuenta del tipo de proceso constitucional en el que se dicta la sentencia, su objeto, las partes personadas y la identidad del magistrado ponente (ambas en minúscula). Se suprime el inciso final en el que se venía indicando que el magistrado ponente expresaba «el parecer del Tribunal» o «de la Sala».

El preámbulo se redactará en un solo párrafo, evitando siempre el uso de siglas o acrónimos. En particular, se identificará con precisión al recurrente por sí mismo (v.gr., presidente del Gobierno) y no a través de quien lo sustituya o asuma su representación en el proceso constitucional (v.gr., el abogado del Estado en nombre y representación del presidente del Gobierno), así como a las partes que hayan comparecido y formulado alegaciones.

C) Antecedentes y fundamentos jurídicos. Ordenación Cada uno de los antecedentes o fundamentos jurídicos irá precedido del número en cifra arábiga que le corresponda.

Cuando solo exista un antecedente o fundamento jurídico, irá precedido del término «Único», seguido de punto.

En aquellos supuestos en los que, por su complejidad, los antecedentes o fundamentos jurídicos deban subdividirse en epígrafes estos seguirán una ordenación correlativa: A), a), b), B), a), b). Si no existe más de una sub-división, se optará por las minúsculas: a), b), c).

D) Antecedentes y fundamentos jurídicos: conveniencia de distinguir sentencias creativas y aplicativas de doctrina y posibilidad de introducir rú-

bricas temáticas en los fundamentos jurídicos Los antecedentes y fundamentos jurídicos han de ser breves para facilitar tanto su lectura y comprensión como la localización de las citas jurisprudenciales que puedan contenerse en resoluciones posteriores. Salvo supuestos excepcionales —a los que será de aplicación la regla de subdivi-139

MEMORIA 2019

sión interna establecida en el punto anterior—, la extensión de cada uno de los fundamentos jurídicos no debería superar las dos páginas.

a) Se aconseja diferenciar, también desde la perspectiva formal, las sentencias reiterativas o aplicativas de doctrina de aquellas otras que la crean, matizan o desarrollan. La distinta presentación formal de unas y otras debería facilitar la selección y el tratamiento de la jurisprudencia constitucional por sus lectores.

En tal sentido, se sugiere que las sentencias estrictamente aplicativas de doctrina no superen la extensión necesaria para identificar la resolución o resoluciones que contienen esa doctrina que se aplica. Al respecto, se aconseja la elaboración de sentencias de fundamento jurídico único, evitando la reproducción innecesaria de lo ya declarado por el Tribunal en resoluciones anteriores que son objeto de reiteración o aplicación.

b) Por lo que respecta a las sentencias que no sean reiterativas o aplicativas de doctrina, se aconseja que, en la medida de lo posible, sus fundamentos jurídicos vayan precedidos de las correspondientes rúbricas temá-

ticas, ordenadas correlativamente [A), B), C)…] como se hizo, entre otras, en las sentencias 76/1983, de 5 de agosto, y 96/1996, de 30 de mayo. La opción de rubricar cada uno de los fundamentos jurídicos queda a criterio del ponente, en atención a las características del texto y a su propio estilo.

E) El fallo

La parte dispositiva de las sentencias figurará al final de las sentencias e irá precedida de la fórmula siguiente:

«Fallo

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional (con independencia de la composición que dicte la sentencia), por la autoridad que le confiere la Constitución de la nación española, ha decidido».

Cuando sea preciso, se dividirá en párrafos separados que se abrirán con el correspondiente ordinal en cifra: 1.º, 2.º, 3.º…, sin puntos ni cambios de fuente. Se mencionará el nombre del recurrente o demandante, salvo que 140

MEMORIA 2019

la propia sentencia exprese las razones que justifican la omisión de su identidad. Cuando el fallo mencione normas, se incluirán todos los datos de identificación.

F) Fecha

Las sentencias se seguirán datando conforme al siguiente criterio:

«Dada en Madrid, a treinta y uno de enero de dos mil dieciocho»

(sentencia).

«Madrid, a treinta y uno de enero de dos mil dieciocho» (voto particular).

G) Votos particulares

Los votos particulares, cuya estructura es variable, van precedidos de una rúbrica que, en la medida de lo posible, se ajustará al siguiente modelo:

«Voto particular que formula el magistrado [la magistrada] don/

doña XXX respecto de la sentencia dictada en el [clase de proceso]

núm. 523-2000 [, al que se adhiere el magistrado/la magistrada XXX].»

2. Autos

A) Encabezamiento y preámbulo

En los autos se agruparán el encabezamiento y preámbulo. El resultado será un texto que deberá ajustarse al siguiente modelo:

«El Pleno del Tribunal Constitucional [Sala o Sección] compuesto por los magistrados (las magistradas)…, en el recurso de amparo núm. 1001-2017, promovido por don XXX en causa penal, ha dictado el siguiente

AUTO»

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MEMORIA 2019

En el caso de que el proceso constitucional verse sobre normas, el encabezamiento y preámbulo se adaptarán del siguiente modo:

«El Pleno del Tribunal Constitucional [la Sala] compuesto por los magistrados (las magistradas)…, en el recurso de inconstitucionalidad núm. 6240-2017, interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 1/2017, de 9 de marzo, por la que se establecen medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio ambiente, ha dictado el siguiente

AUTO»

B) Cuerpo del auto

Respecto del contenido del texto de los autos, se seguirán las reglas establecidas para las sentencias con las siguientes salvedades: a) La parte dispositiva irá precedida de la fórmula siguiente:

«Por lo expuesto, el Pleno [la Sala, Sección]

Acuerda»

b) Se datarán de igual modo que los votos particulares, es decir, de acuerdo con este modelo:

«Madrid, a treinta y uno de enero de dos mil dieciocho.»

3. Providencias

La estructura de las providencias se ajustará a las plantillas que en cada caso acuerde el Pleno del Tribunal a propuesta de la Secretaría General.

II. Criterios ortográficos y gramaticales

El conjunto de normas que regula la correcta escritura de una lengua constituye la ortografía. Su respeto permite conservar la unidad de una 142

MEMORIA 2019

lengua, como el castellano o español, que compartimos con más de 500

millones de habitantes en todo el mundo. Las reglas ortográficas que aquí se plasman han sido tomadas de la Ortografía de la lengua española, editada en 2010 por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, y se concreta en los siguientes puntos: uso de mayúsculas y minúsculas, acentos gráficos y signos ortográficos, así como representación de las expresiones numéricas.

La gramática alude a la estructura de las palabras, las formas como se enlazan y los significados a que dichas combinaciones dan lugar. El tratamiento de los aspectos gramaticales que se incluyen en estas reglas de estilo se inspira en la Nueva gramática de la lengua española, publicada en 2009 por las mismas instituciones editoras de la Ortografía.

1. Uso de las letras mayúsculas y minúsculas

A) La letra minúscula es la forma no marcada que debe utilizarse en todos aquellos casos en los que no se prescribe el uso de mayúscula. La función básica de las mayúsculas es la delimitación de fragmentos de un texto y la identificación de nombres. No son funciones de las mayúsculas señalar la relevancia (se utilizaba la «mayúscula de relevancia» para marcar el respeto hacia determinadas personas o realidades: papa, rey, patria, bandera…) ni distinguir significados (solo se utiliza cuando uno de los sentidos de una voz polisémica designa una entidad institucional: Estado, Gobierno, Iglesia, Parlamento…). «Derecho» y «derecho», se escribirán con mayúscula o minúscula, respectivamente, según corresponda a su sentido objetivo o subjetivo (norma o facultad).

En todos los casos se seguirá el criterio establecido por las normas ortográficas de la Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. En los puntos siguientes se hace referencia a los supuestos de utilización habitual en las resoluciones del Tribunal.

B) Uso de mayúsculas y minúsculas condicionado por la puntuación.

Se utiliza la mayúscula inicial tras los dos puntos, siempre que estos anun-cien el comienzo de una unidad con independencia de sentido («Se exponen a continuación los hechos: El 25 de enero se celebró vista del recurso…»).

143

MEMORIA 2019

C) Uso de mayúsculas y minúsculas en nombres y denominaciones.

a) Tratamientos.

Las fórmulas de tratamiento deben escribirse con minúscula, tanto si se trata de antenombres (que preceden al nombre propio, como es el caso de don/doña) como si en aquellos casos en que pueden utilizarse sin ese nombre propio (doctor/doctora, señor/señora, señoría, excelencia). Se admite la mayúscula para las fórmulas honoríficas reservadas a las más altas dignidades, siempre que su uso no vaya seguido del nombre propio de la persona («La recepción a Su Santidad tendrá lugar en el palacio arzobis-pal», pero «La recepción a su santidad Francisco I»).

En las abreviaturas se emplea la mayúscula: Sr./Sr.ª, D./D.ª, Ilmo./Ilma.

b) Títulos y cargos.

Los sustantivos que designan títulos nobiliarios, dignidades y cargos o empleos de cualquier rango (ya sean civiles, militares, religiosos, públicos o privados) deben escribirse con minúscula inicial por su condición de nombres comunes, tanto si se trata de usos genéricos («El rey reina, pero no gobierna», «El presidente de la república es un cargo electo») como si se trata de menciones referidas a personas concretas («El rey inaugurará la nueva biblioteca», «Asistirá al acto el presidente del Gobierno, acompa-

ñado de la ministra de Defensa»).

c) Profesiones.

Por su condición de nombres comunes, los sustantivos que designan profesiones deben escribirse siempre con minúsculas: abogado, médico.

d) Lugares.

Los nombres de continentes, países y ciudades deben escribirse con ma-yúscula inicial (Europa, España, Burgos), como también las denominaciones de federaciones integradas por varios Estados independientes (Unión Europea). Se escriben asimismo con mayúsculas las áreas geopolíticas (América Latina, Cono Sur); no así las denominaciones no basadas en parámetros geográficos o expresiones singulares con valor colectivo (zona euro, países productores de petróleo).

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MEMORIA 2019

Los nombres propios de los accidentes geográficos se escriben con mayúscula inicial, pero no los sustantivos comunes genéricos que los acompañan (mar Mediterráneo, río Guadalquivir, islas Canarias). Se exceptúan los supuestos en los que el genérico se haya convertido en parte inherente de la denominación (Picos de Europa, Selva Negra); se escriben en minúsculas las denominaciones que emplean un adjetivo derivado del topónimo al que corresponde el accidente («cordillera andina», donde andino deriva del topónimo Andes; «islas británicas», donde británicas deriva del topó-

nimo histórico Britania).

Se escriben con mayúscula inicial los nombres propios de comarcas (miel de la Alcarria), regiones naturales (Amazonía) y espacios naturales protegidos (parque nacional de Doñana). Se puede escribir con mayúscula inicial cuando se refiera a la denominación de la entidad que los gestiona (Parque Nacional de Doñana), pero no cuando se trate de nombres gené-

ricos, como en «la creación de una red de parques nacionales». Lo mismo sucede con las divisiones territoriales de carácter administrativo (ayuntamiento de Benalmádena).

e) Entidades.

Se escriben con mayúscula inicial todas las palabras significativas que componen la denominación completa de entidades, instituciones, organismos, departamentos o divisiones administrativas, unidades militares, partidos políticos, asociaciones, etc. (Biblioteca Nacional, Partido Popular, Grupo Parlamentario Socialista, Asociación de Amistad Hispano-Árabe, Ministerio de Fomento…). La misma pauta debe aplicarse a nombres de grupos o asociaciones que no son gramaticalmente estructuras nominales (Por un Mundo Limpio). También se escriben con mayúscula inicial las denominaciones alternativas de carácter antonomástico que poseen algunas de estas entidades (Cámara Alta por Senado, Benemérita por Guardia Civil).

En las menciones anafóricas se prescinde de la mayúscula inicial (El Ministerio de Defensa convocó concurso-oposición. Dicho ministerio…), como también se puede prescindir de ella cuando se trate de menciones en plural (Se abrió el período de solicitud de ayudas a los ministerios de Justicia e Interior).

Mayúscula colectiva o institucional. Se aplica a los sustantivos que, junto a sus usos como nombres comunes, cuentan con acepciones en las que 145

MEMORIA 2019

designan entidades, organismos o instituciones (la Corona, las Cortes, la Administración, el Gobierno, la Iglesia, la Hacienda Pública, el Parlamento, la Universidad). La mayúscula inicial no se aplica a los especificadores (Iglesia católica, Universidad española).

Formas de Estado y de gobierno. En principio, son nombres comunes que deben escribirse con minúsculas (España es una monarquía parlamentaria). Cabe el empleo de mayúscula cuando se refiere a un período concreto de la historia caracterizado por la forma de gobierno (la Dictadura, para hablar de la España de 1923 a 1930; Antiguo Régimen y Nuevo Régimen…). Se escriben en mayúscula cuando forman parte de la denominación oficial completa de un Estado (Reino de España, Estados Unidos Mexicanos), pero no cuando se emplee un sustantivo genérico (repú-

blica mexicana).

Los poderes del Estado se escriben con minúscula cuando se refieren ge-néricamente a la facultad o poder en sí (poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial), pero se utiliza la mayúscula institucional para referirse al órgano que los ejerce (El Poder Judicial notificó su cese al magistrado) o cuando se trata de denominación estilística alternativa (Ejecutivo por Gobierno, Legislativo por Parlamento).

Se escribe con mayúscula inicial Estado y con minúsculas comunidades autónomas, entes locales, ayuntamientos, etc., salvo que se trate del nombre propio (Comunidad Foral de Navarra, Ayuntamiento de Zaragoza…).

f) Normas, resoluciones y órganos judiciales.

Se escriben con mayúsculas iniciales los elementos significativos del título de las normas (Declaración Universal de los Derechos Humanos, Código Civil, Fuero Juzgo). En el caso de las leyes y reglamentos, su extensión hace que se limite el uso de la mayúscula al primer elemento (valgan los siguientes ejemplos: Ley 4/2013, de 4 de junio, de medias de flexibiliza-ción y fomento del mercado del alquiler de viviendas; Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo inter-profesional para 2018, o Acuerdo de la Junta Electoral Central de 11 de enero de 2018, imponiendo sanción por la publicación y difusión de una entrevista a la candidata de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía el día de la jornada de reflexión de las elecciones al Parlamento de Cataluña de 21

de diciembre de 2017). Si se utiliza una versión abreviada, debe mante-146

MEMORIA 2019

nerse la mayúscula (Ley 4/2013), pero no cuando se emplee la mención genérica o anafórica porque entonces no se emplea el título ni completo ni abreviado (El artículo 14 de dicha ley; el acuerdo sancionador de la Junta Electoral Central).

Las palabras sentencia, auto, providencia, decreto, diligencia de ordenación, se escribirán siempre en minúscula pues no son nombres propios sino la forma que adopta cada una de las resoluciones judiciales.

Las palabras tribunal, juzgado, audiencia… se escriben con mayúscula únicamente cuando formen parte de un nombre propio: Tribunal Supremo, Audiencia Nacional… Lo mismo para Sala (Sala de lo Penal del Tribunal Supremo / la sala que conoció en apelación).

2. El acento gráfico

En la lengua castellana, la tilde desempeña dos funciones básicas: prosó-

dica (identifica la vocal que porta el acento prosódico en una determinada palabra) y diacrítica (distingue la forma tónica de la átona en pares de palabras monosílabas y algunas polisílabas de uso muy frecuente que per-tenecen a categorías gramaticales distintas).

A) Tilde prosódica

En estas normas de estilo se dan por conocidas las reglas que rigen la función prosódica de la tilde en español, de modo que las indicaciones siguientes se referirán en exclusiva a la función diacrítica; en particular porque el desempeño de esta función conlleva la quiebra de aquellas reglas. No obstante, interesa recordar ahora tres de las reglas atinentes a la función prosódica:

a) La primera de esas reglas afirma que solo las palabras bisílabas o polisílabas tónicas pueden llevar tilde. Por ello las palabras de una sola síla-ba no se acentúan nunca gráficamente salvo en caso de tilde diacrítica.

Así, no llevan tilde palabras monosílabas como dio, fe, fue o vio. Por ser átona y monosílaba, tampoco ha de llevar tilde la conjunción disyuntiva o cuando se escriba entre dos números escritos con cifras (el propósito de evitar su confusión con el cero no justifica la desatención de esta regla).

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MEMORIA 2019

b) Reglas de acentuación de palabras con diptongo y triptongo (secuencias de dos y tres vocales que forman parte de la misma sílaba) Los diptongos se forman por la combinación de una vocal abierta (a, e, o), seguida o precedida de una vocal cerrada átona (i, u), como sucede en estabais, reunir, antiguo; o por la combinación de dos vocales cerradas distintas (i, u), como en ciudad, ruido, muy. En el primero de los casos la tilde se escribe siempre sobre la vocal abierta ( diéresis, alféizar, después, terapéutico); en el segundo, se coloca sobre la segunda vocal ( veintiún, jesuítico). En aplicación de esta norma, a efectos ortográficos se conside-ran monosílabas palabras como guion, lio (frente a lío), guie (frente a guíe), rio (frente a río), truhan, liais, fiais, riais…

Los triptongos son secuencias de tres vocales que forman una misma síla-ba. Están formados por la combinación de vocal abierta tónica (a, e, o) seguida y precedida de una vocal cerrada átona (i, u), como en buey, despreciéis o confiáis. La tilde se coloca siempre en la vocal abierta: cambiéis, puntuéis, apreciáis.

c) Reglas de acentuación en hiatos

Forman hiato las combinaciones de vocal cerrada (i, u) tónica antepuesta o pospuesta a una vocal abierta (a, e, o). Igualmente, forman hiato las secuencias de dos vocales idénticas (aa, ee, oo, ii, uu).

En el caso de hiatos, la secuencia de vocales pertenece a dos sílabas distintas (consecuentemente, las palabras con hiatos son siempre polisílabas).

Si el hiato está formado por una vocal cerrada tónica (i, u), seguida o precedida de una vocal abierta (a, e, o), la tilde se coloca siempre sobre la cerrada tónica (por eso se acentúan gráficamente palabras como sería, oído, búhos, caída, a pesar de ser llanas terminas en vocal, -n o –s; lo mismo ocurre con raíz, oír, laúd, tahúr, que llevan tilde pese a ser agudas terminadas en consonante distinta de –n o –s). El resto de hiatos se somete a las reglas generales de acentuación ( Jaén, rehén o chií llevan tilde por ser voces agudas terminadas en vocal, –n o –s; alcohol o soez no la llevan por ser agudas terminadas en otras consonantes; bóer o Sáez la llevan por ser palabras llanas terminadas en consonante distinta de –n o –s y las llanas poetas, chiita, vean o museo no la llevan por terminar en –n –s o vocal, y caótico, zoólogo o teórico portan tilde por ser esdrújulas).

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MEMORIA 2019

B) Tilde diacrítica

Se emplea para diferenciar palabras de igual forma y distinto significado que se oponen entre sí por ser una de ellas tónica y la otra átona, hecho que normalmente se asocia a su pertenencia a categorías gramaticales diferentes.

Afecta a palabras monosílabas tónicas para diferenciarlas de sus correspondientes átonas ( él / el, tú / tu, sí / se, mí / mi, sé / se, dé / de, té / te). También afecta a la distinción entre interrogativos y exclamativos (palabras tónicas) frente a los relativos (palabras átonas): qué / que, cuál / cual, quién / quien, dónde/donde, cuándo / cuando, cómo / como, cuánto / cuanto, cuán / cual.

Todas las voces que se escriben con tilde diacrítica son palabras que no deberían llevarla según las reglas de acentuación, bien por tratarse de monosílabos ( él, dé, sí, quién…), bien por tratarse de polisílabas llanas acabadas en vocal, –n o –s ( cómo, cuántos, quiénes…). Se trata, por tanto, de una excepción que como tal debe ser tratada.

El adverbio solo y el adjetivo solo son palabras tónicas. No deben llevar acento según las reglas generales de la acentuación (las dos son voces llanas terminadas en vocal), ni en aplicación de la regla de la tilde diacrítica (pues tanto el adverbio como el adjetivo son tónicos). Por la misma razón, los demostrativos este, ese y aquel, con sus femeninos y plurales, funcionen como pronombres ( Quiero aquella) o como determinantes ( aquellos tipos), son voces que no deben llevar tilde según las reglas generales de acentuación. La Ortografía vigente prescinde de la tilde que tradicionalmente se había utilizado en estos casos y que no oponía formas tónicas a otras átonas idénticas (requisito prosódico que justifica el uso de la tilde diacrítica).

Como ya se ha avanzado, tampoco debe hacerse uso de la tilde diacrítica para la conjunción disyuntiva o, por ser palabra monosílaba átona, con independencia de que aparezca entre palabras, cifras o signos: ¿Quieres té o café? , Terminaré dentro de 3 o 4 días; Escriba los signos + o – en la casilla correspondiente.

El adverbio aún es palabra tónica con hiato ( a-ún) cuando puede sustituir-se por todavía (con valor tanto temporal como ponderativo o intensivo, a menudo en oraciones de sentido comparativo: Aunque el resultado es bueno, aún podríamos mejorarlo). Es monosílabo átono con diptongo ( aun) cuando se utiliza con el mismo sentido que hasta, incluso, también; tiene valor concesivo en oraciones que admiten paráfrasis con aunque o a pesar de…

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MEMORIA 2019

3. Signos de puntuación y signos auxiliares

Los signos de puntuación organizan el discurso para facilitar su comprensión. Ponen de manifiesto las relaciones sintácticas y lógicas entre sus diferentes partes constituyentes, evitan posibles ambigüedades y señalan el carácter especial de determinados fragmentos.

Subraya la Ortografía que «la puntuación tiene como fin primordial facilitar que el texto escrito transmita de forma óptima el mensaje que se quiere comunicar».

Se dan por conocidas las reglas ortográficas generales que rigen el uso de los signos de puntuación, de indudable aplicación en la elaboración de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Sentado esto, parece oportuno recordar algunos extremos de especial interés para el trabajo de quienes intervienen en la redacción de dichas resoluciones.

A) En relación con el punto, conviene recordar que nunca se escribe punto tras los títulos y subtítulos de los libros, capítulos, obras de arte, rúbricas de preceptos, cuando aparecen aislados y son el único texto del ren-glón (así sucederá cuando se reproduzca un precepto legal con su rúbrica correspondiente).

B) Los textos que se transcriban literalmente, procedentes de una ley, sentencia u otras resoluciones, se escribirán entrecomillados («texto»).

Cuando, a su vez, el texto transcrito incluya otra cita, se empleará un signo de entrecomillado distinto, a ser posible más sencillo («texto que cita

‘otro texto distinto’, por ejemplo»).

En aras de la facilidad de uso y de acuerdo con las normas de estilo que han regido la redacción de resoluciones del Tribunal, se dará preferencia a las comillas inglesas (« ») y las simples (‘ ’). Se reservan las españolas o latinas (« ») para los casos en los que se hayan de diferenciar tres niveles: «…«…‘… ’…»…»

Es preciso advertir que aunque las citas suelen ser de pasajes concretos de textos normativos o resoluciones jurisdiccionales, no es necesario dejar constancia de ello abriendo y cerrando con puntos suspensivos (según nos recuerda la Ortografía, «no es necesario marcar la supresión de texto al comienzo o al final»). Así, por ejemplo, no es precisa la cita de un pasaje de 150

MEMORIA 2019

la STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 3, en los siguientes términos: «…La ley orgánica es, en definitiva, jerárquicamente inferior a la Constitución y superior a las normas infralegales dictadas en el ámbito de su competencia propia…» pues a nadie escapa que dicha sentencia tiene una extensión notablemente superior al pasaje extractado.

De igual modo, conviene recordar que, a diferencia de lo que sucede en la lengua inglesa, en español nunca debe escribirse un punto de cierre de enunciado delante de un signo de cierre de comillas, paréntesis, corchetes o rayas (tampoco debe escribirse detrás de puntos suspensivos o de un signo de cierre de exclamación o interrogación). Siguiendo con el ejemplo tomado de la STC 31/2010, la forma correcta de citar no es «La ley orgánica es, en definitiva, jerárquicamente inferior a la Constitución y superior a las normas infralegales dictadas en el ámbito de su competencia propia.», sino «La ley orgá-

nica es, en definitiva, jerárquicamente inferior a la Constitución y superior a las normas infralegales dictadas en el ámbito de su competencia propia».

C) Cuando se citen entre textos que contengan paréntesis se utilizarán corchetes: «El precepto [enunciado en la letra a) del art. 125 de esta Ley]

no resulta...».

También se utilizarán corchetes cuando se inserte un texto nuevo en una cita: «Por lo tanto [continúa la STC 122/1990], no es posible...».

D) Los puntos suspensivos son tres (…) y cuando sirvan para indicar la supresión de una palabra o de un fragmento en una cita textual se escribirán entre corchetes […] para dejar así constancia de la alteración de la literalidad del pasaje reproducido.

E) La barra (/) se puede utilizar como signo indicador de final de línea a fin de evitar saltos de línea en citas breves.

4. Ortografía de nombres propios y topónimos

La Ortografía del español define los nombres propios como aquellas voces o expresiones que, carentes de sentido léxico, se emplean para designar o referirse concretamente a seres, entidades u objetos únicos, individualizándolos. A continuación se señalan algunos criterios estrictamente destinados a su utilización en las resoluciones del Tribunal Constitucional, cri-151

MEMORIA 2019

terios que se inspiran, como en los demás pasajes de estas normas de estilo, en las reglas definidas en la Ortografía.

A) Nombres de personas físicas y jurídicas

La inclusión de datos personales en las resoluciones del Tribunal Constitucional debe atenerse a los criterios sistematizados jurisprudencialmente en la STC 114/2006, de 5 de abril, y luego reiterados por vía reglamentaria en el Acuerdo de 23 de julio de 2015, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se regula la exclusión de los datos de identidad personal en la publicación de las resoluciones jurisdiccionales («Boletín Oficial del Estado» núm. 178, de 27 de julio de 2015). Estos criterios parten de la necesidad de ponderar dos valores de relevancia constitucional: (a) por un lado, una «exigencia constitucional específica de máxima difusión y publicidad de las resoluciones jurisdiccionales» del Tribunal Constitucional (STC 114/2006, FF JJ 6 y 7), exigencia que se refiere a «la resolución íntegra» y comprende «por lo común, la completa identificación de quienes hayan sido parte en el proceso constitucional respectivo, en tanto que permite asegurar intereses de indudable relevancia constitucional, como son, ante todo, la constancia del imparcial ejercicio de la jurisdicción constitucional y el derecho de todos a ser informados de las circunstancias, también las personales, de los casos que por su trascendencia acceden, precisamente, a esta jurisdicción; y ello sin olvidar que, en no pocos supuestos, el conocimiento de tales circunstancias será necesario para la correcta intelección de la aplicación, en el caso, de la propia doctrina constitucional.» (STC 114/2006, FJ 6) y

(b) por otro, el derecho a la protección de los datos personales de quienes sean parte en el proceso, particularmente cuando se trate de menores de edad o eventuales víctimas de ilícitos penales. Los criterios a los que ahora se remite incluyen igualmente el «especial cuidado que [el Tribunal Constitucional] muestra en no incluir en sus resoluciones ningún dato personal que no resulte estrictamente necesario para formular su razona-miento y el correspondiente fallo» (STC 114/2006, FJ 7; con anteriori-dad, ATC 516/2004, de 20 de diciembre, FJ 1).

La cautela con que han de utilizarse y difundirse los datos personales debe extremarse en el caso de quienes no hayan sido parte en el proceso consti-152

MEMORIA 2019

tucional, como sucederá con la identificación de las partes en un proceso judicial en el que se eleva cuestión de inconstitucionalidad. En particular, resulta desaconsejable proporcionar datos que de manera agregada per-mitan una fácil identificación de las personas y resulten innecesarios para la correcta comprensión de la resolución de que se trate (conviene evitar la acumulación de nombre y apellidos, domicilio, número de matrícula del vehículo propiedad del actor…).

Cuando las identidades de las personas vayan precedidas de la expresión don o doña, esta se escribirá con todas las letras y en minúscula, salvo que inicie frase. Por el contrario, la expresión señor o señora, seguida del apellido de la persona a que se refiera, siempre en abreviatura: Sr. González o Sra. González.

Los nombres de quienes sean parte en el proceso, sean personas físicas o jurídicas, se escribirán siempre siguiendo las reglas generales para el empleo de mayúsculas y minúsculas. En el caso de las personas jurídicas figurarán entre comas las abreviaturas correspondientes a la clase: El Corte Inglés, S. A., evitando tanto el uso de las mayúsculas como la conversión de la abreviatura S. A., en la palabra SA.

Las resoluciones del Tribunal Constitucional reproducirán los nombres propios de las personas físicas y jurídicas tal como ellas mismas se identi-fiquen, sin hispanizarlos ni adaptarlos a la ortografía española, excepción hecha del supuesto de que provengan de lenguas que no utilicen el alfabe-to latino. En ningún caso se utilizarán los nombres hipocorísticos, seudó-

nimos, sobrenombres, alias o apodos, salvo que figuren en la resolución judicial que pudiera ser objeto de reproducción literal.

B) Denominación de las instituciones públicas En el caso de las instituciones, se utilizará su denominación oficial establecida legalmente (así, se hablará de la Generalitat de Cataluña y no Generalidad de Cataluña ni Generalitat de Catalunya y del Síndic de Greuges y no del Síndico de Agravios, por tratarse de las denominaciones empleadas en el Estatuto de Autonomía de Cataluña). Aunque el nombre oficial no sea el correspondiente a la lengua castellana, nunca se utilizará la cursiva para referirse a las instituciones autonómicas.

153

MEMORIA 2019

Por el respeto institucional que les es debido, no se emplearán siglas para referirse a tribunales de justicia (se escribirá siempre Tribunal Supremo y no TS, Tribunal Superior de Justicia y no TSJ, Tribunal de Justicia de la Unión Europea y no TJUE o Tribunal Europeo de Derechos Humanos y no TEDH), entes territoriales (comunidades autónomas y no CCAA) y otros poderes públicos.

C) Topónimos

Para denominar los lugares que únicamente tengan nombre en castellano se utilizará la forma asentada, salvo que tengan una variante ortográfica admitida ( Cusco y Cuzco). Cuando existan dos formas cooficiales igualmente válidas, quedará a criterio del Tribunal la elección de una u otra.

En el caso de lugares ubicados en comunidades autónomas con cooficiali-dad lingüística, se estará a la denominación oficial establecida por el legislador (así, las provincias y municipios de Gerona y Lérida se denominan Girona y Lleida en virtud de lo dispuesto en la Ley 2/1992, de 28 de febrero). Cuando existan discrepancias sobre las denominaciones, se aplicará el principio de jerarquía normativa, otorgando primacía en todo caso al correspondiente estatuto de autonomía (esto hace que deba hablarse de la isla de Ibiza, a la que así denomina el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears de 2007 en su artículo 2, y de la ciudad de Eivissa).

Para los nombres de lugares y accidentes situados fuera del ámbito de influencia de la lengua castellana, se utilizará el exónimo español. De modo que se escribirá Nueva York, no New York; Aquisgrán, no Aachen; Pekín, no Beijing; Bombay, no Mumbai, o Costa de Marfil, no Côte d’Ivoire.

5. Ortografía de expresiones numéricas y fechas A) Las fechas se escribirán de la siguiente forma: el día del mes en núme-ro, incluso cuando se trate del primer día del mes (1); el mes con minúscula (julio) y no abreviado; el año sin punto para el millar: 1 de julio de 2018. En ningún caso se escribirá «del 2018».

Deben evitarse formulaciones parecidas a la siguiente: Sentencia 5-IX-87.

154

MEMORIA 2019

Las horas con minutos, como regla general, se expresarán con dos puntos, nunca con comas: 10:50 horas, 22:50 horas (nunca 10,50 o 22,50).

B) De acuerdo con los criterios de la Ortografía de la lengua española, se escribirán en letras los números inferiores a la centena (uno al noventa y nueve) y en cifras los restantes.

Los porcentajes se escribirán del siguiente modo: 20 por 100.

C) No deben utilizarse ni el punto ni la coma para separar los grupos de tres dígitos en la parte entera de un número.

Según nos recuerda la Ortografía de la lengua española, las normas establecidas por la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, así como por la Organización Internacional para la Estandarización, conocida como ISO

por sus siglas para la versión inglesa del nombre ( International Organisa-tion for Standardization) y las entidades correspondientes en cada nación, han resuelto que solo se emplee un espacio en blanco para separar los grupos de tres dígitos en los números de más de cuatro cifras. Importa advertir que cualquier signo que aparezca en una cifra, sea el punto o la coma, será interpretado como marcador decimal:

12 327,16 (grafía latina) = 12 327.16 (grafía inglesa).

6. Ortografía de expresiones en otras lenguas

Todas las expresiones en idiomas distintos del castellano irán en cursiva (sin subrayar, por tanto, y sin comillas): lex praevia. Esta regla se aplicará tanto a las lenguas extranjeras como a las españolas cooficiales a fin de evitar eventuales confusiones terminológicas.

III. Cita de sentencias y normas

1. Cita de resoluciones jurisdiccionales

A) Sentencias y autos del Tribunal Constitucional La primera vez que se mencione una sentencia o auto del Tribunal se citará por las siglas correspondientes (STC para sentencia del Tribunal 155

MEMORIA 2019

Constitucional, ATC para auto del Tribunal Constitucional; en caso de referirse a varias resoluciones, SSTC o AATC), con expresa indicación de su número de orden y fecha: STC 31/2010, de 28 de junio; ATC 58/2016, de 2 de marzo. En citas posteriores de la misma sentencia, dentro de la misma resolución, bastará con indicar su número de orden: STC 31/2010.

Esta forma de citar permite la creación de hipervínculos en la versión digital de las resoluciones jurisdiccionales del Tribunal, facilitando así tanto la localización del pasaje objeto de cita como la eventual corrección de errores en la cita (un desajuste entre el número de orden y la fecha impide la creación del hipervínculo porque no existe documento al que enlazar).

Cuando, como es frecuente, la cita vaya seguida de una referencia al fundamento jurídico correspondiente, se citará del modo siguiente: FJ 1, o bien FFJJ 1, 4 y 10. No se usarán ordinales.

Si se desconoce todavía el número de identificación asignado a la sentencia o auto que se pretende citar, se puede solicitar del Servicio de Doctrina Constitucional. Alternativamente, cabe mencionar el número del recurso a que corresponda, para que se sustituya por el número y fecha de la resolución en fase de preparación del texto para su inserción en el «Boletín Oficial del Estado» o en la base de datos de jurisprudencia constitucional que el Tribunal mantiene en su portal de Internet.

B) Sentencias de otros órganos jurisdiccionales españoles y supranacionales a) Autos y sentencias del Tribunal Supremo: ATS (AATS) o STS (SSTS), con indicación de la sala y sección, número de orden (cuando sea posible, lo que no sucederá en resoluciones antiguas) y fecha.

b) Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 25 de febrero de 1993 ( Funke contra Francia, o bien Funke c. Francia); o bien STEDH de 25 de febrero de 1993... Dado que no existe distinción entre antecedentes y fundamentos jurídicos, se citará el número de parágrafo [§] que corresponda.

En el caso de las decisiones de la Comisión Europea de Derechos Humanos se citarán del siguiente modo: Decisión de la Comisión Europea de Derechos Humanos 6094/73, de 6 de julio de 1973 ( Asociación X contra Suecia, o bien Asociación X c. Suecia).

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MEMORIA 2019

c) Tribunal de Justicia de la Unión Europea: Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de septiembre de 2016 (asunto de Diego Porras); o bien STJUE de 14 de septiembre de 2016…

2. Cita de normas

A) Criterios generales

a) Identificación. La referencia a cualquier tipo de norma se hará respetando los criterios de identificación con los que fuera publicada en el diario oficial correspondiente y siempre separando con una barra (/) el nú-

mero identificador de la norma y el año de su promulgación (con sus cuatro cifras), seguido de coma (,) antes de la fecha (día y mes), a continuación, en su caso, el título. Por ejemplo: Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional; Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

Deben evitarse formas abreviadas semejantes a Dto. o R. D. L.

Si se emplea el enunciado perifrástico de ciertas normas (por ej.: Ley Adjetiva, Ley Procesal Penal) conviene eliminar las letras mayúsculas (ley adjetiva, ley procesal penal).

b) Publicación de las normas. Diarios oficiales. Las referencias al «Boletín Oficial del Estado» o a los diarios oficiales de las comunidades autónomas se harán con la denominación completa y entre comillas. En posteriores citas podrán emplearse las abreviaturas de uso común («BOE»,

«BOJA», «DOGC»…). La mención de la agencia u organismo público gestor de la publicación seguirá las reglas establecidas para los nombres propios y prescindirá de las comillas: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

c) Abreviaturas de preceptos y títulos de normas. La expresión «artículo»

o «artículos», cuando va seguida del número o números de los mismos, podrá ir en abreviatura: «art.» o «arts.»; en cuanto al número, se escribirá con cardinal, por ej., «arts. 5 y 27».

Se procurará evitar la proliferación de citas abreviadas de los nombres de los textos normativos. Al efecto, se estará a la relación normalizada de abreviaturas que figure en el anexo actualizado de estas normas de estilo.

157

MEMORIA 2019

La incorporación de nuevas abreviaturas deberá hacerse evitando confusión con las ya existentes y ponderando la posibilidad de su reutilización posterior. En ningún caso se abreviarán las normas autonómicas a fin de evitar coincidencias en las siglas y para facilitar el manejo de la base de datos por los lectores de jurisprudencia constitucional.

Cuando se utilice la abreviatura de la norma citada (p. ej. LEC para la Ley de Enjuiciamiento Civil), deberá evitarse el uso de la cláusula copu-lativa «de» o «de la»; así, art. 5 LEC, no art. 5 de la LEC.

d) Cita de preceptos de la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal.

Se procurará que la referencia a artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional o de la Constitución se haga de la siguiente forma: número del artículo seguido, en su caso, de punto si se hace referencia a un apartado o párrafo del mismo. Se seguirá la misma regla en el supuesto en que se haga referencia también a un subpárrafo, en esta forma: artículo 44.1 b) LOTC, arts. 148.1.7 y 149.1.7 CE. Si se menciona una frase o un inciso del precepto, se indicará expresamente: art. 24.2, inciso 6, CE; segunda frase del art. 28.1 CE, o bien artículo 28.1, frase 2, CE. Si el precepto se encuentra dividido en párrafos identificados con letra, también se podrá citar así: art. 50.1 b) LOTC.

e) Cita de otras normas. Debe procurarse seguir los modos de cita habituales en la comunidad jurídica española. Cuando se trate de artículos, se pondrá en la forma que estime el redactor del documento: ejemplo, párrafos 5 y 6 del art. 145 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; párrafos quinto y sexto del artículo 145; art. 145, párrafos 5 y 6, o art. 145.5 y 145.6.

Debe evitarse siempre puntuar los millares: art. 1435 LEC (nunca art. 1.435 LEC); los signos de puntuación quedan reservados para separar el número, apartados y subapartados de los artículos de cuerpos legales.

La(s) disposición(es) transitoria(s) [adicional(es) o final(es)] primera (o segunda, etc.) se escribirán en esta forma, evitando las mayúsculas.

B) Normas estatales

Salvo las leyes de cita usual (Código Civil, Código Penal, Ley de enjuiciamiento civil, etc.), las leyes posteriores a la Constitución deben ser citadas, 158

MEMORIA 2019

cuando lo sean por primera vez en los fundamentos jurídicos, al completo: Ley 24/1999, de 6 de julio, por la que se modifica el artículo 92.2 del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores. Con posteriori-dad pueden utilizarse las abreviaturas que figuran en anexo y que norma-lizan las citas de legislación.

C) Normas de las comunidades autónomas

La primera cita en los fundamentos jurídicos de cualquier ley o decreto autonómico identificará la comunidad autónoma de procedencia y órgano de la que emana: Ley del Parlamento de Andalucía 6/1999, 7 de julio, de atención y protección a las personas mayores. Debe evitarse, en particular, utilizar expresiones coloquiales del tipo «Ley andaluza 6/1999», o hacer del órgano del que emana la norma su objeto, como sucede cuando se habla de la Ley 6/1999, de 7 de julio, del Parlamento de Andalucía, de atención y protección a las personas mayores.

En el caso de la Comunidad Foral de Navarra, la denominación de sus leyes como Ley Foral es suficientemente identificativa; sin embargo, los decretos forales y las órdenes forales deben indicar «del Gobierno de Navarra», «de la Consejería…» o expresión similar, a fin de evitar su confusión con las normas emanadas de las diputaciones forales de los territorios históricos vascos.

D) Actos jurídicos de la Unión Europea

La cita de los actos jurídicos de la Unión mencionados en el artículo 288

del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes) se ajustará a los modelos oficiales utilizados para su difusión en el «Diario Oficial de Unión Europea». Igual criterio se utilizará para los actos jurídicos de las comunidades europeas (antes del Tratado de la Unión Europea de 1992) y de la Comunidad Europea.

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MEMORIA 2019

ACUERDO DE 23 DE MAYO DE 2019, DEL PLENO DEL TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL, SOBRE MODIFICACIÓN DE CRITERIO EN

MATERIA DE EMPLAZAMIENTO EN LOS AMPAROS

PARLAMENTARIOS

En los recursos de amparo parlamentario ex art. 42 LOTC, cualquiera que sea el órgano parlamentario al que se atribuya la vulneración de un derecho fundamental, el emplazamiento previsto en el art. 51.2 LOTC

debe realizarse a la Cámara (por ser la que ostenta la capacidad procesal para personarse en el proceso constitucional) por conducto de su presidente (por ser quien ostenta su representación institucional).

160

MEMORIA 2019

RESOLUCIÓN DE 16 DE DICIEMBRE DE 2019, DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR LA QUE SE

FIJA EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Registro Electrónico del Tribunal Constitucional fue creado por acuerdo de su Pleno, de 15 de septiembre de 2016 (BOE número 284, de 24 de noviembre). En su artículo 14 se establece que mediante resolución del secretario general publicada en la sede electrónica del Tribunal se deter-minarán progresivamente determinados aspectos de su funcionamiento.

En ejecución del mismo, se dispone:

1. Son trámites y actuaciones susceptibles de efectuarse a través del Registro Electrónico: la presentación de escritos de iniciación de cualquier proceso constitucional atribuido a la competencia del Tribunal, así como de cualesquiera otros escritos y documentos que deban surtir efectos en los mismos.

2. Su utilización tiene carácter obligatorio para la presentación por medio de procurador de demandas, escritos y documentos que deban surtir efectos en procesos de amparo.

3. Los sistemas de autenticación y firma electrónica admitidos para la presentación de los documentos son: DNI electrónico, certificados expedidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) de Persona Física o Clase 2 y de Empleado Público o Clase AP; así como el emitido por la Autoridad de Certificación de la Abogacía (ACA).

Madrid, 16 de diciembre de 2019. El Secretario General del Tribunal Constitucional, Andrés Gutiérrez Gil.

161

II. Relación de sentencias y de autos publicados en el «Boletín

Oficial del Estado»

Índice de suplementos del «Boletín Oficial del Estado» en los que se han publicado las sentencias y determinados autos del Tribunal.

NÚMERO DE SUPLEMENTO

SENTENCIAS

39, de 14 de febrero de 2019

1/2019 — 9/2019

46, de 22 de febrero de 2019

10/2019 — 14/2019

67, de 19 de marzo de 2019

15/2019 — 22/2019

73, de 26 de marzo de 2019

23/2019 — 32/2019

90, de 15 de abril de 2019

33/2019 y 34/2019

99, de 25 de abril de 2019

35/2019 — 45/2019

116, de 15 de mayo de 2019

46/2019 — 52/2019

138, de 10 de junio de 2019

53/2019 — 64/2019

151, de 25 de junio de 2019

65/2019 — 76/2019

162, de 8 de julio de 2019

77/2019 — 79/2019

177, de 25 de julio de 2019

80/2019 — 87/2019

192, de 12 de agosto de 2019

88/2019 — 100/2019

247, de 14 de octubre de 2019

101/2019 — 106/2019

262, de 31 de octubre de 2019

107/2019 — 113/2019

279, de 20 de noviembre de 2019

114/2019 — 118/2019

293, de 6 de diciembre de 2019

119/2019 — 127/2019

304, de 19 de diciembre de 2019

128/2019 — 134/2019

5, de 6 de enero de 2020

135/2019 — 157/2019

10, de 11 de enero de 2020

158/2019 — 161/2019

21, de 24 de enero de 2020

162/2019 — 178/2019

163

MEMORIA 2019

NÚMERO DE SUPLEMENTO

AUTOS

46, de 22 de febrero de 2019

4/2019

67, de 19 de marzo de 2019

8/2019 y 10/2019

116, de 15 de mayo de 2019

27/2019

151, de 25 de junio de 2019

40/2019

177, de 25 de julio de 2019

63/2019

192, de 12 de agosto de 2019

89/2019

293, de 6 de diciembre de 2019

133/2019

10, de 11 de enero de 2020

167/2019 y 168/2019

21, de 24 de enero de 2020

180/2019 — 184/2019

SENTENCIAS

Sala Segunda. Sentencia 1/2019, de 14 de enero de 2019

Recurso de amparo 4421-2017. Promovido por don Antonio Clemente Albaladejo respecto de las sentencias de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo y un tribunal militar territorial, dictadas en proceso sobre delito contra la eficacia del servicio.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías: sentencia absolutoria dictada en proceso resultante de un accidente paracaidista y dimanante de una retroacción de actuaciones que no incurrió en bis in idem procesal ni causó indefensión a la acusación.

Sala Segunda. Sentencia 2/2019, de 14 de enero de 2019

Recurso de amparo 308-2018. Promovido por don Alberto Mielgo Hernández y la asociación Plataforma por permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción, respecto de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y un Juzgado de lo Social de Bilbao y las resoluciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social que desestimaron su petición de ampliación del permiso de paternidad.

164

MEMORIA 2019

Supuesta vulneración del derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación por razón de sexo: STC 111/2018 (resoluciones administrativas y judiciales que rechazan la equiparación en extensión temporal del permiso de paternidad con el correlativo de maternidad).

Sala Segunda. Sentencia 3/2019, de 14 de enero de 2019

Recurso de amparo 3248-2018. Promovido por don Gabriele Biondo respecto de los autos dictados por el pleno y la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en procedimiento de extradición.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que desconocen la interdicción de doble enjuiciamiento penal en el ámbito transnacional.

Pleno. Sentencia 4/2019, de 17 de enero de 2019

Recurso de inconstitucionalidad 2255-2016. Interpuesto por el Presidente del Gobierno, representado en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 14/2015, de 21 de julio, del impuesto sobre las viviendas vacías, y de modificación de normas tributarias y de la Ley 3/2012.

Límites a la potestad tributaria de las comunidades autónomas: impuesto autonómico que no vulnera la prohibición de doble imposición.

Pleno. Sentencia 5/2019, de 17 de enero de 2019

Recurso de inconstitucionalidad 4952-2016. Interpuesto por la Presidenta del Gobierno en funciones en relación con diversos preceptos del Decreto-ley del Gobierno de Aragón 3/2015, de 15 de diciembre, de medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, ordenación del cré-

dito y legislación procesal: nulidad del precepto autonómico que establece la inembargabilidad de las prestaciones económicas de carácter social (STC 2/2018) y de las disposiciones relativas al código de buenas prácticas para la reestructuración viable de deudas con garantía hipotecaria 165

MEMORIA 2019

sobre la vivienda habitual y al procedimiento de embargo de ayudas; interpretación conforme de la regulación legal autonómica sobre suspensión de lanzamientos.

Pleno. Sentencia 6/2019, de 17 de enero de 2019

Cuestión de inconstitucionalidad 3323-2017. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en relación con el último inciso del artículo 152.2 de la Ley de enjuiciamiento civil, en la redacción dada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre.

Derecho a la tutela judicial sin indefensión: constitucionalidad del precepto legal que deslinda la validez de los actos de comunicación judiciales de la efectiva remisión de un aviso comunicando el envío de dichos actos a los representantes procesales. Voto particular.

Pleno. Sentencia 7/2019, de 17 de enero de 2019

Recurso de inconstitucionalidad 4751-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2017, de 27 de junio, de las voluntades digitales y de modificación de los libros segundo y cuarto del Código civil de Cataluña.

Competencias sobre ordenación de los registros públicos de derecho privado: nulidad de los preceptos legales autonómicos relativos a la ordenación de voluntades digitales en ausencia de disposiciones de última voluntad, designación de persona encargada de ejecutar las últimas voluntades, registro electrónico de voluntades digitales y mediación para resolver las discrepancias surgidas en aplicación de la ley. Voto particular.

Pleno. Sentencia 8/2019, de 17 de enero de 2019

Recurso de inconstitucionalidad 4752-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial.

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MEMORIA 2019

Competencias sobre vivienda: nulidad de los preceptos legales autonómicos relativos a la expropiación del uso de la vivienda (STC 93/2015).

Pleno. Sentencia 9/2019, de 17 de enero de 2019

Cuestión prejudicial de validez 3790-2018. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con la disposición final primera de la Norma Foral de las Juntas Generales de Álava 24/2014, de 9 de julio, del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica.

Principio de seguridad jurídica y retroactividad de las normas tributarias: constitucionalidad de la disposición que sitúa la producción de efectos jurídicos de la norma foral tributaria en un momento anterior a su entrada en vigor.

Sala Segunda. Sentencia 10/2019, de 28 de enero de 2019

Recurso de amparo 4641-2015. Promovido por doña Z. D., y otras cator-ce personas más, en relación con las resoluciones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que acordaron el sobreseimiento y archivo, por falta de jurisdicción de los tribunales españoles, de la querella presentada en relación con los posibles delitos de genocidio y torturas que habrían padecido los miembros del movimiento espiritual denominado Falun Gong.

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resoluciones que acuerdan el archivo de la causa penal al apreciar falta de competencia jurisdiccional de los tribunales españoles (STC 140/2018).

Sala Segunda. Sentencia 11/2019, de 28 de enero de 2019

Recurso de amparo 5326-2017. Promovido por don Pau Furriol Fornells en relación con el auto de un juzgado de instrucción de Barcelona denegatorio de habeas corpus.

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MEMORIA 2019

Alegada vulneración de los derechos a la libertad personal y a la asistencia letrada: inadmisión del recurso de amparo extemporáneamente interpuesto.

Sala Segunda. Sentencia 12/2019, de 28 de enero de 2019

Recurso de amparo 799-2018. Promovido por don José Javier Izquierdo Roncero y don José Francisco Martín Martínez frente a los acuerdos adoptados por la mesa de las Cortes de Castilla y León en relación con la paralización de las actividades de una comisión parlamentaria de investigación.

Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas, en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes: dilación de los trabajos de una comisión parlamentaria que impide a sus miembros el ejercicio de sus funciones representativas.

Pleno. Sentencia 13/2019, de 31 de enero de 2019

Recurso de inconstitucionalidad 2501-2016. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

Competencias sobre consumo, legislación procesal, derecho civil, ordenación crediticia y económica general: nulidad de los preceptos legales autonómicos que establecen un procedimiento judicial para resolver las situaciones de sobreendeudamiento y regulan determinados efectos de la cancelación y cesión de créditos hipotecarios. Voto particular.

Pleno. Sentencia 14/2019, de 31 de enero de 2019

Recurso de inconstitucionalidad 4182-2018. Interpuesto por más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Popular del Senado, en relación con el apartado 65 del artículo único de la Ley de las Cortes Valencianas 8/2018, de 20 de abril, de modificación de la Ley 10/2014, de 29

de diciembre, de salud de la Comunitat Valenciana.

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MEMORIA 2019

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad y sanidad, libertades de creación y elección de centros docentes: nulidad del precepto legal autonómico que excluye a las universidades privadas de los acuerdos de colaboración para garantizar la docencia práctica y clínica de las titulaciones académicas en materia de ciencias de la salud. Votos particulares.

Sala Segunda. Sentencia 15/2019, de 11 de febrero de 2019

Recurso de amparo 2769-2016. Promovido por don Seyez Morteza Ko-marizadehasl y don Mohammad Reza Mohade en relación con las resoluciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y de un juzgado central de instrucción que acordaron el sobreseimiento y archivo, por falta de jurisdicción de los tribunales españoles, de la querella presentada en relación con los posibles delitos contra la comunidad internacional que se habrían cometido en el campo de refugiados de Ashraf (Irak).

Alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): inadmisión del recurso de amparo promovido sin plantear incidente de nulidad de actuaciones.

Sala Segunda. Sentencia 16/2019, de 11 de febrero de 2019

Recurso de amparo 5379-2017. Promovido por don Josep Masoliver Puig en relación con el auto de un juzgado de instrucción de Barcelona denegatorio de habeas corpus.

Alegada vulneración del derecho a la libertad personal: inadmisión del recurso de amparo extemporáneamente interpuesto.

Sala Segunda. Sentencia 17/2019, de 11 de febrero de 2019

Recurso de amparo 1104-2018. Promovido por doña Irene María Montero Gil, portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea del Congreso de los Diputados en relación con los acuerdos de la mesa de la cámara que inadmitieron una iniciativa parlamentaria.

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MEMORIA 2019

Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas, en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes: acuerdos de la mesa del Congreso de los Diputados que, aceptando el criterio del Gobierno, rechazaron la toma en consideración de una proposición de ley de reforma del Estatuto de los trabajadores (SSTC 34/2018 y 44/2018).

Sala Segunda. Sentencia 18/2019, de 11 de febrero de 2019

Cuestión de inconstitucionalidad 2861-2018. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha respecto del artículo 86.3, párrafos 2 y 3, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, en la redacción dada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21

de julio.

Principios de seguridad jurídica e igualdad, derecho a la tutela judicial efectiva y alcance de la reserva de ley orgánica en la creación de secciones funcionales: STC 128/2018 (constitucionalidad del modo de integración del órgano que, en los tribunales superiores de justicia, debe conocer del recurso de casación fundado en infracción de normas autonómicas). Votos particulares.

Pleno. Sentencia 19/2019, de 12 de febrero de 2019

Impugnación de disposiciones autonómicas 492-2018. Formulada por el Gobierno de la Nación en relación con las resoluciones en las que el presidente del Parlamento de Cataluña proponía candidato para la investidura como presidente del Gobierno de la Generalitat de Cataluña a don Carles Puigdemont i Casamajó.

Derecho al ejercicio de las funciones públicas y a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos a través de sus representantes: nulidad de las resoluciones de la presidencia de la asamblea legislativa autonómica que tenía por objeto la celebración de la sesión de investidura del presidente del Gobierno de la Generalitat en ausencia del candidato.

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MEMORIA 2019

Pleno. Sentencia 20/2019, de 12 de febrero de 2019

Recurso de amparo 4132-2018. Promovido por doña Carme Forcadell Lluís en relación con las resoluciones dictadas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en el incidente de recusación del magistrado instructor de la causa especial por los posibles delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.

Alegada vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (imparcialidad judicial): inadmisión del recurso de amparo prematuramente planteado (STC 129/2018).

Pleno. Sentencia 21/2019, de 14 de febrero de 2019

Recurso de inconstitucionalidad 4403-2017. Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 10/2016, de 1

de diciembre, de medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas del sistema público de servicios sociales y con el acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Competencias sobre ordenación del crédito y general de la economía, legislación procesal, hacienda pública y régimen jurídico de las administraciones públicas: nulidad de los preceptos legales autonómicos que, al definir la naturaleza de las prestaciones económicas del sistema aragonés de servicios sociales, contravienen la normativa básica estatal sobre subvenciones, establecen la inembargabilidad de prestaciones económicas de carácter social e imponen la mediación obligatoria para la resolución de discrepancias surgidas con ocasión de la aplicación del código de buenas prácticas para la reestructuración viable de deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual; interpretación conforme del precepto legal que suspende lanzamientos judicialmente acordados (STC 5/2019).

Voto particular.

Pleno. Sentencia 22/2019, de 14 de febrero de 2019

Cuestión de inconstitucionalidad 4200-2018. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con el artículo 6 de la Ley 7/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y de fomento económico en la Región de Murcia.

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MEMORIA 2019

Límites de la potestad tributaria de las comunidades autónomas: constitucionalidad de los preceptos legales que regulan el impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente (STC 120/2018). Votos particulares.

Sala Segunda. Sentencia 23/2019, de 25 de febrero de 2019

Recurso de amparo 3986-2015. Promovido por la asociación Comité de Apoyo al Tíbet y otros dos en relación con las resoluciones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que acordaron el sobreseimiento y archivo, por falta de jurisdicción de los tribunales espa-

ñoles, de la querella presentada en relación con los posibles delitos de genocidio, torturas, terrorismo y de lesa humanidad, que se habrían cometido en la región autónoma del Tíbet.

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción) y a la igualdad: resoluciones que acuerdan el archivo de la causa penal al apreciar falta de competencia jurisdiccional de los tribunales españoles (STC 140/2018).

Sala Primera. Sentencia 24/2019, de 25 de febrero de 2019

Recurso de amparo 3264-2017. Promovido por don Luis Javier Calvo Montero en relación con las sentencias de la Audiencia Provincial de León y de un juzgado de lo penal que le condenaron por un delito de revelación de secretos.

Vulneración del derecho a la libertad de información: resoluciones judiciales que condenaron por la difusión en un diario digital de un hecho noticioso de relevancia pública, como fuera la existencia de posibles irre-gularidades en el pago de dietas por desplazamientos a la presidenta de la diputación provincial.

Sala Primera. Sentencia 25/2019, de 25 de febrero de 2019

Recurso de amparo 169-2018. Promovido por don Thomas Erich Hertlein y por Homo Simplex, S. L., en relación con la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que desestimó su demanda por intromisión ilegítima en la intimidad formulada en relación con la emisión en un reportaje televisivo de imágenes captadas mediante cámara oculta.

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MEMORIA 2019

Vulneración de los derechos a la intimidad personal, a la propia imagen y al honor: obtención subrepticia de información en un ámbito estrictamente privado, como es una consulta profesional, que no está amparada por la libertad de información (STC 12/2012).

Sala Primera. Sentencia 26/2019, de 25 de febrero de 2019

Cuestión de inconstitucionalidad 3019-2018. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha respecto del artículo 86.3, párrafos 2 y 3, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, en la redacción dada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio.

Principios de seguridad jurídica e igualdad, derecho a la tutela judicial efectiva y alcance de la reserva de ley orgánica en la creación de secciones funcionales: STC 128/2018 (constitucionalidad del modo de integración del órgano que, en los tribunales superiores de justicia, debe conocer del recurso de casación fundado en infracción de normas autonómicas).

Pleno. Sentencia 27/2019, de 26 de febrero de 2019

Recurso de amparo 4706-2018, promovido por don Carles Puigdemont i Casamajó y otras dos personas respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la tramitación de la causa especial por los presuntos delitos de rebelión, desobediencia y malversación de caudales públicos.

Alegada vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, asistencia letrada, juez ordinario predeterminado por la ley y a un proceso con todas las garantías e imparcialidad judicial, así como del derecho a la legalidad penal: inadmisión del recurso de amparo prematuramente interpuesto.

Pleno. Sentencia 28/2019, de 28 de febrero de 2019

Recurso de inconstitucionalidad 4063-2017. Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento 173

MEMORIA 2019

de Cataluña 6/2017, de 9 de mayo, del impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas.

Límites de la potestad tributaria de las comunidades autónomas: constitucionalidad del impuesto autonómico.

Pleno. Sentencia 29/2019, de 28 de febrero de 2019

Recurso de amparo 5678-2017. Promovido por don Jordi Sànchez i Pi-canyol en relación con las resoluciones de un juzgado central de instrucción y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordando la medida cautelar de prisión provisional.

Supuesta vulneración de los derechos a la libertad personal, tutela judicial efectiva, a un juez imparcial y de defensa: inadmisión, por prematura, de la queja relativa a la imparcialidad judicial; medida cautelar de ca-rácter personal acordada de manera razonada y respetando las garantías procesales.

Pleno. Sentencia 30/2019, de 28 de febrero de 2019

Recurso de amparo 6198-2017. Promovido por don Jordi Cuixart i Nava-rro en relación con las resoluciones de un juzgado central de instrucción y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordando la medida cautelar de prisión provisional.

Supuesta vulneración de la libertad de expresión y de los derechos de reunión, a la libertad personal, tutela judicial efectiva, a un juez imparcial y de defensa: inadmisión, por prematura, de la queja relativa a la imparcialidad judicial y de la relativa a la vulneración de la libertad personal en relación la libertad de expresión y los derechos de reunión y manifestación, por falta de invocación; medida cautelar de carácter personal acordada de manera razonada y respetando las garantías procesales.

Pleno. Sentencia 31/2019, de 28 de febrero de 2019

Recurso de amparo 1086-2018. Promovido por doña Cruz Ximena Gai-borquiroz respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Madrid en procedimiento de ejecución hipotecaria.

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MEMORIA 2019

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): ausencia de control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la primacía del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Voto particular.

Pleno. Sentencia 32/2109, de 28 de febrero de 2019

Recurso de inconstitucionalidad 4703-2018. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados, respecto de la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, en relación con la ocupación ilegal de viviendas.

Derechos a la inviolabilidad del domicilio, tutela judicial efectiva, de defensa, a un proceso con todas las garantías y a la vivienda: constitucionalidad de las medidas introducidas para hacer frente a la ocupación ilegal de viviendas. Voto particular.

Pleno. Sentencia 33/2019, de 14 de marzo de 2019

Recurso de inconstitucionalidad 3903-2016. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

Interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, lealtad institucional, estabilidad presupuestaria y reserva de ley orgánica; competencias sobre régimen jurídico de las administraciones públicas y autoorga-nización; autonomía política y financiera: constitucionalidad de los preceptos legales que definen los trámites preceptivos para la suscripción de convenios administrativos, así como los requisitos de su validez y eficacia, establecen la necesidad de adaptación de los ya suscritos y vigentes y regulan el registro electrónico estatal de órganos e instrumentos de cooperación (STC 132/2018).

Pleno. Sentencia 34/2019, de 14 de marzo de 2019

Cuestión interna de inconstitucionalidad 4820-2018. Planteada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional respecto del párrafo segundo 175

MEMORIA 2019

del artículo 35.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, en relación con la regulación de los párrafos segundo y tercero del artícu-lo 34.2 a los que remite, en la redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial.

Derecho a la tutela judicial efectiva y exclusividad del ejercicio de la potestad jurisdiccional por jueces y tribunales: nulidad de los preceptos legales que excluyen la posibilidad de interposición de recurso frente al decreto del letrado de la administración de justicia resolutorio de la controversia sobre honorarios del abogado y cuenta del procurador.

Sala Segunda. Sentencia 35/2019, de 25 de marzo de 2019

Recurso de amparo 4011-2015. Promovido por la asociación Instituto de Derechos Humanos Sri Aurobindo y don Juan Ramón Blanco Aristín respecto de diversas resoluciones de un juzgado central de instrucción y las salas de lo penal de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo que acordaron el sobreseimiento y archivo, por falta de jurisdicción de los tribunales españoles, de la querella presentada en relación con los posibles delitos de genocidio, torturas, terrorismo y de lesa humanidad que se ha-brían cometido en la región autónoma del Tíbet.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción) y a la igualdad: resoluciones que acuerdan el archivo de la causa penal al apreciar falta de competencia jurisdiccional de los tribunales españoles (STC 140/2018).

Sala Segunda. Sentencia 36/2019, de 25 de marzo de 2019

Recurso de amparo 6615-2015. Promovido por la asociación Prodignidad de los Presos y Presas de España y otros cuatro respecto de diversas resoluciones de un juzgado central de instrucción y las salas de lo penal de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo que acordaron el sobreseimiento y archivo, por falta de jurisdicción de los tribunales españoles, de la querella presentada en relación con los posibles delitos de torturas, contra la integridad moral y crímenes de guerra que se habrían cometido en la base naval de los Estados Unidos de América en la bahía de Guantánamo (Cuba).

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MEMORIA 2019

Supuesta vulneración de los derechos a no padecer torturas, a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías: resoluciones que acuerdan el archivo de la causa penal al apreciar falta de competencia jurisdiccional de los tribunales españoles (STC 140/2018).

Pleno. Sentencia 37/2019, de 26 de marzo de 2019

Recurso de amparo 593-2017. Promovido por la Administración General del Estado respecto de la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimatoria del recurso formulado frente al Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, por el que se desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social.

Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: sentencia dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando no concurrían los requisitos necesarios para apreciar la existencia de un acto aclarado respecto del problema interpretativo suscitado. Voto particular.

Pleno. Sentencia 38/2019, de 26 de marzo de 2019

Recurso de amparo 4308-2018. Promovido por doña Meritxell Serret i Aleu y don Antoni Comín Oliveres respecto de la inadmisión de la recusación del magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo instructor de causa especial por los presuntos delitos de desobediencia y malversación.

Alegada vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías (imparcialidad judicial): inadmisión del recurso de amparo prematuramente planteado (STC 129/2018).

Pleno. Sentencia 39/2019, de 26 de marzo de 2019

Recurso de amparo 5758-2018. Promovido por don Jordi Turull Negre y don Josep Rull Andreu respecto de la inadmisión de la recusación de magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en causa especial por los presuntos delitos de desobediencia y malversación.

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MEMORIA 2019

Alegada vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías (imparcialidad judicial): inadmisión del recurso de amparo prematuramente planteado (STC 129/2018).

Pleno. Sentencia 40/2019, de 27 de marzo de 2019

Recurso de inconstitucionalidad 4007-2017. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 7/2017, de 28 de abril, por el que se prorroga y modifica el programa de activación para el empleo.

Competencias en materia de empleo: nulidad de los preceptos legales que atribuyen al Servicio Público de Empleo Estatal el ejercicio de competencias ejecutivas de titularidad autonómica (STC 153/2017). Voto particular.

Pleno. Sentencia 41/2019, de 27 de marzo de 2019

Recurso de amparo 5868-2017. Promovido por los diputados del Grupo Parlamentario Ciutadans en el Parlamento de Cataluña en relación con diversos acuerdos adoptados por el pleno y la mesa de la cámara respecto de la tramitación de una proposición de ley denominada «del referéndum de autodeterminación».

Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas: acuerdos que suprimieron trámites esenciales del procedimiento legislativo y afectaron a los derechos de los parlamentarios (SSTC 114/2017

y 10/2018).

Pleno. Sentencia 42/2019, de 27 de marzo de 2019

Recurso de amparo 5892-2017. Promovido por los diputados del Grupo Parlamentario Ciutadans en el Parlamento de Cataluña en relación con diversos acuerdos adoptados por el pleno y la mesa de la cámara respecto de la tramitación de una proposición de ley denominada «de transitoriedad jurídica y fundacional de la república».

Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas: acuerdos que suprimieron trámites esenciales del procedimiento legislati-178

MEMORIA 2019

vo y afectaron a los derechos de los parlamentarios (SSTC 124/2017

y 27/2018).

Pleno. Sentencia 43/2019, de 27 de marzo de 2019

Recurso de inconstitucionalidad 6367-2017. Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas enva-sadas y sobre emisiones de dióxido de carbono.

Límites de la potestad tributaria de las comunidades autónomas: nulidad de los preceptos legales que regulan el impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos (STC 74/2016). Voto particular.

Pleno. Sentencia 44/2019, de 27 de marzo de 2019

Cuestión de inconstitucionalidad 1319-2018. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Pamplona, en relación con el apartado cuatro, epígrafe 2, de la disposición transitoria única de la Ley Foral 19/2017, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de haciendas locales de Navarra.

Derechos a la tutela judicial efectiva y al juez ordinario predeterminado por la ley; competencia sobre legislación procesal: nulidad de los incisos de la ley foral relativos a la actuación que habrían de seguir los órganos judiciales que estuvieran conociendo de impugnaciones respecto de liquidaciones del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, a las que fuera aplicable la doctrina de la STC 72/2017.

Pleno. Sentencia 45/2019, de 27 de marzo de 2019

Recurso de inconstitucionalidad 2533-2018. Interpuesto por el presidente del Gobierno respecto de diversos preceptos de la Ley del Parlamento de 179

MEMORIA 2019

Cataluña 2/2018, de 8 de mayo, de modificación de la Ley 13/2008, de 5

de noviembre, de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno.

Nulidad de los preceptos legales autonómicos que posibilitan la investidura no presencial del candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, así como la celebración de reuniones a distancia del consejo de gobierno (STC 19/2019).

Sala Segunda. Sentencia 46/2019, de 8 de abril de 2019

Recurso de amparo 597-2017. Promovido por la Administración General del Estado en relación con la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimatoria del recurso formulado frente al Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, por el que se desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social.

Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: sentencia dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando no concurrían los requisitos necesarios para apreciar la existencia de un acto aclarado respecto del problema interpretativo suscitado (STC 37/2019).

Sala Segunda. Sentencia 47/2019, de 8 de abril de 2019

Recurso de amparo 5693-2017. Promovido por Meka Block, S. A. U., respecto de la sentencia dictada por un juzgado de lo social de Toledo en procedimiento por sanción.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento de la entidad demandada (STC 6/2019).

Sala Segunda. Sentencia 48/2019, de 8 de abril de 2019

Cuestión de inconstitucionalidad 1394-2018. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Pamplona en relación con el 180

MEMORIA 2019

apartado cuatro, epígrafe 2, de la disposición transitoria única de la Ley Foral 19/2017, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de haciendas locales de Navarra.

Derechos a la tutela judicial efectiva y al juez ordinario predeterminado por la ley; competencia sobre legislación procesal: pérdida sobrevenida de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 44/2019).

Sala Segunda. Sentencia 49/2019, de 8 de abril de 2019

Recurso de amparo 1574-2018. Promovido por don Jorge Palacios Andé-

rica respecto de los decretos dictados por la letrada de la administración de justicia en expediente de cuenta de abogado.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el principio de exclusividad jurisdiccional: resoluciones de la letrada de la administración de justicia que impiden el control judicial de lo actuado en expediente de cuenta de abogado (STC 34/2019).

Pleno. Sentencia 50/2019, de 9 de abril de 2019

Recurso de amparo 3706-2018. Promovido por doña Dolors Bassa i Coll respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordando prisión provisional en causa especial.

Supuesta vulneración de los derechos a la libertad personal y a la tutela judicial efectiva: decisión cautelar adoptada en respuesta a una finalidad constitucionalmente legítima, la prevención del riesgo de fuga, e identifica suficientemente los hechos atribuidos a la afectada y su relación directa con los delitos que, de forma provisional, se le atribuyen.

Pleno. Sentencia 51/2019, de 11 de abril de 2019

Recurso de inconstitucionalidad 8741-2009. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/2009, de 10 de julio, de educación.

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MEMORIA 2019

Principio de igualdad, derecho a la educación y competencias sobre lengua, condiciones básicas de igualdad, administraciones públicas y educación: nulidad parcial de los preceptos legales autonómicos relativos al currículo, educación primaria y secundaria obligatoria y bachillerato, enseñanzas artísticas y deportivas, cuerpos docentes y órganos de la administración educativa de la Generalitat de Cataluña; interpretación conforme de los preceptos sobre régimen lingüístico de los centros educativos de Arán y permanencia en los puestos de trabajo docentes.

Pleno. Sentencia 52/2019, de 11 de abril de 2019

Recurso de amparo 944-2018. Promovido por los diputados del Grupo Parlamentario Socialistes i Units per Avançar del Parlamento de Cataluña respecto de la decisión del presidente del Parlamento de Cataluña posponiendo sine die el pleno de investidura del candidato a presidente de la Generalitat.

Alegada vulneración de los derechos a la participación política y al ejercicio de las funciones representativas: extinción del recurso de amparo por pérdida sobrevenida de objeto.

Sala Segunda. Sentencia 53/2019, de 6 de mayo de 2019

Recurso de amparo 595-2017. Promovido por la Administración General del Estado en relación con la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimatoria del recurso formulado frente al Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, por el que se desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social.

Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: STC 37/2019

(sentencia dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando no concurrían los requisitos necesarios para apreciar la existencia de un acto aclarado respecto del problema interpretativo suscitado).

Sala Primera. Sentencia 54/2019, de 6 de mayo de 2019

Recurso de amparo 596-2017. Promovido por la Administración General del Estado en relación con la sentencia dictada por la Sección Tercera de la 182

MEMORIA 2019

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimatoria del recurso formulado frente al Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, por el que se desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social.

Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: STC 37/2019

(sentencia dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando no concurrían los requisitos necesarios para apreciar la existencia de un acto aclarado respecto del problema interpretativo suscitado). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 55/2019, de 6 de mayo de 2019

Recurso de amparo 1656-2017. Promovido por doña Sonia Furment Mañe respecto de las resoluciones del letrado de la administración de justicia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo que tuvieron por no presentada su impugnación del recurso de casación para la unificación de doctrina deducido en su contra.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: resoluciones que rechazan la tramitación de escritos procesales por un error padecido al cargar los datos del formulario normalizado que debe cumplimentarse en la plataforma Lexnet.

Sala Primera. Sentencia 56/2019, de 6 de mayo de 2019

Recurso de amparo 901-2018. Promovido por don Jaime Nicolás Muñiz respecto de las resoluciones del subsecretario de Interior, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que rechazaron sus reclamaciones en materia de acoso laboral.

Vulneración del derecho a la integridad moral: marginación laboral deli-berada, continuada y carente de un objetivo legítimo incursa en abuso de poder o arbitrariedad.

Sala Segunda. Sentencia 57/2019, de 6 de mayo de 2019

Recurso de amparo 1373-2018. Promovido por la Administración General del Estado en relación con la sentencia dictada por la Sección Tercera de la 183

MEMORIA 2019

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimatoria de recurso de casación formulado en proceso relativo a la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social.

Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: STC 37/2019

(sentencia dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando no concurrían los requisitos necesarios para apreciar la existencia de un acto aclarado respecto del problema interpretativo suscitado).

Sala Primera. Sentencia 58/2019, de 6 de mayo de 2019

Recurso de amparo 1376-2018. Promovido por la Administración General del Estado en relación con la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimatoria de recurso de casación formulado en proceso relativo a la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social.

Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: STC 37/2019

(sentencia dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando no concurrían los requisitos necesarios para apreciar la existencia de un acto aclarado respecto del problema interpretativo suscitado). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 59/2019, de 6 de mayo de 2019

Recurso de amparo 1541-2018. Promovido por la Administración General del Estado en relación con la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimatoria de recurso de casación formulado en proceso relativo a la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social.

Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: STC 37/2019

(sentencia dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando no concurrían los requisitos necesarios para apreciar la existencia de un acto aclarado respecto del problema interpretativo suscitado). Voto particular.

184

MEMORIA 2019

Sala Primera. Sentencia 60/2019, de 6 de mayo de 2019

Cuestión de inconstitucionalidad 1632-2018. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Pamplona, en relación con el apartado cuatro de la disposición transitoria única de la Ley Foral 19/2017, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de haciendas locales de Navarra.

Derechos a la tutela judicial efectiva y al juez ordinario predeterminado por la ley; competencia sobre legislación procesal: pérdida sobrevenida de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 44/2019).

Sala Primera. Sentencia 61/2019, de 6 de mayo de 2019

Recurso de amparo 3433-2018. Promovido por doña Belén María Aguirre Rincón en relación con las sentencias de un juzgado de primera instancia e instrucción de Andújar y de la Audiencia Provincial de Jaén que la condenaron por un delito leve de estafa.

Vulneración de los derechos a la tutela judicial sin indefensión y a la presunción de inocencia: preterición de prueba resultante del defectuoso funcionamiento de la plataforma informática y de la oficina judicial que conllevó la omisión de valoración de la prueba de descargo aportada por la acusada.

Pleno. Sentencia 62/2019, de 7 de mayo de 2019

Recurso de amparo 4699-2018. Promovido por don Jordi Cuixart i Nava-rro respecto de las resoluciones dictadas por el magistrado instructor y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que acuerdan su procesamiento por delito de rebelión y deniegan su petición de libertad provisional.

Supuesta vulneración de los derechos a la libertad personal, a un proceso con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva: decisión cautelar adoptada en respuesta a una finalidad constitucionalmente legítima, la prevención de los riesgos de fuga y reiteración delictiva, e identifica suficientemente los hechos atribuidos al investigado y su relación directa con los delitos que de forma provisional se le atribuyen.

185

MEMORIA 2019

Pleno. Sentencia 63/2019, de 9 de mayo de 2019

Recurso de inconstitucionalidad 739-2018. Interpuesto por más de cincuenta diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú y Podem-En Marea, en relación con diversos preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Principios de igualdad y de universalidad presupuestaria; reserva de ley en el ámbito tributario: constitucionalidad de los preceptos legales relativos a la financiación de servicios mediante prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario.

Pleno. Sentencia 64/2019, de 9 de mayo de 2019

Cuestión de inconstitucionalidad 3442-2018. Planteada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 14 de Barcelona respecto del art. 18.2.4 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la jurisdicción voluntaria.

Derecho a la intimidad: constitucionalidad del precepto legal que regula la forma como debe documentarse la exploración de menores o personas con capacidad modificada judicialmente en los expedientes de jurisdicción voluntaria.

Sala Segunda. Sentencia 65/2019, de 20 de mayo de 2019

Recurso de amparo 1341-2018. Promovido por la Administración General del Estado en relación con la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimatoria de recurso de casación formulado en proceso relativo a la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social.

Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: STC 37/2019

(sentencia dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando no concurrían los requisitos necesarios para apreciar la existencia de un acto aclarado respecto del problema interpretativo suscitado).

186

MEMORIA 2019

Sala Segunda. Sentencia 66/2019, de 20 de mayo de 2019

Recurso de amparo 1371-2018. Promovido por la Administración General del Estado en relación con la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimatoria de recurso de casación formulado en proceso relativo a la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social.

Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: STC 37/2019

(sentencia dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando no concurrían los requisitos necesarios para apreciar la existencia de un acto aclarado respecto del problema interpretativo suscitado).

Sala Primera. Sentencia 67/2019, de 20 de mayo de 2019

Recurso de amparo 1372-2018. Promovido por la Administración General del Estado en relación con la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimatoria de recurso de casación formulado en proceso relativo a la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social.

Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: STC 37/2019

(sentencia dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando no concurrían los requisitos necesarios para apreciar la existencia de un acto aclarado respecto del problema interpretativo suscitado). Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 68/2019, de 20 de mayo de 2019

Recurso de amparo 1374-2018. Promovido por la Administración General del Estado en relación con la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimatoria de recurso de casación formulado en proceso relativo a la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social.

Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: STC 37/2019

(sentencia dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de 187

MEMORIA 2019

Justicia de la Unión Europea cuando no concurrían los requisitos necesarios para apreciar la existencia de un acto aclarado respecto del problema interpretativo suscitado). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 69/2019, de 20 de mayo de 2019

Recurso de amparo 1375-2018. Promovido por la Administración General del Estado en relación con la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimatoria de recurso de casación formulado en proceso relativo a la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social.

Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: STC 37/2019

(sentencia dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando no concurrían los requisitos necesarios para apreciar la existencia de un acto aclarado respecto del problema interpretativo suscitado).

Sala Segunda. Sentencia 70/2019, de 20 de mayo de 2019

Recurso de amparo 1540-2018. Promovido por la Administración General del Estado en relación con la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimatoria de recurso de casación formulado en proceso relativo a la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social.

Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: STC 37/2019

(sentencia dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando no concurrían los requisitos necesarios para apreciar la existencia de un acto aclarado respecto del problema interpretativo suscitado).

Sala Primera. Sentencia 71/2019, de 20 de mayo de 2019

Recurso de amparo 1543-2018. Promovido por la Administración General del Estado en relación con la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimatoria de recurso de casación formulado en proceso relativo a la fijación 188

MEMORIA 2019

de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social.

Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: STC 37/2019

(sentencia dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando no concurrían los requisitos necesarios para apreciar la existencia de un acto aclarado respecto del problema interpretativo suscitado). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 72/2019, de 20 de mayo de 2019

Recurso de amparo 2087-2018. Promovido por don Alberto Fernández Vallina en relación con los autos dictados por el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Ourense denegatorios de habeas corpus.

Vulneración del derecho a la libertad personal: inadmisión de una petición de habeas corpus por razones de fondo (STC 204/2015).

Sala Segunda. Sentencia 73/2019, de 20 de mayo de 2019

Recurso de amparo 3930-2018. Promovido por don Ricardo Gómez No-riega y otros en relación con la sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa que les condenó en apelación por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia: sentencia condenatoria en segunda instancia que no permitió la valoración del testimonio exculpatorio de los acusados (STC 59/2018).

Pleno. Sentencia 74/2019, de 22 de mayo de 2019

Recurso de inconstitucionalidad 5724-2016. Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con el apartado primero del artículo 49 de la Ley 2/2016, de 28 de enero, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Principios de autonomía universitaria y libertad de empresa: nulidad del precepto legal autonómico que supedita la implantación de determinadas 189

MEMORIA 2019

enseñanzas en centro de educación superior privados a la no existencia de duplicidad con centros universitarios públicos.

Pleno. Sentencia 75/2019, de 22 de mayo de 2019

Recurso de amparo 3495-2018. Promovido por don Jordi Sànchez i Pi-canyol respecto del acuerdo de la comisión disciplinaria del centro penitenciario de Madrid V que le impuso una sanción disciplinaria, confirmada en alzada y reforma por el juzgado de vigilancia penitenciaria.

Alegada vulneración de los derechos a la participación en los asuntos públicos, al acceso a los cargos públicos y a la legalidad sancionadora: inadmisión del recurso de amparo extemporáneamente interpuesto. Voto particular.

Pleno. Sentencia 76/2019, de 22 de mayo de 2019

Recurso de inconstitucionalidad 1405-2019. Interpuesto por el Defensor del Pueblo respecto del apartado primero del artículo 58 bis de la Ley Or-gánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, incorporado por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

Protección de datos personales, principio de seguridad jurídica, vertiente negativa de la libertad ideológica y derecho a la participación política: nulidad del precepto legal que posibilita la recopilación por los partidos políticos de datos personales relativos a las opiniones políticas de los ciudadanos.

Sala Segunda. Sentencia 77/2019, de 3 de junio de 2019

Recurso de amparo 1542-2018. Promovido por la Administración General del Estado en relación con la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimatoria de recurso de casación formulado en proceso relativo a la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social.

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MEMORIA 2019

Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: STC 37/2019

(sentencia dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando no concurrían los requisitos necesarios para apreciar la existencia de un acto aclarado respecto del problema interpretativo suscitado).

Sala Segunda. Sentencia 78/2019, de 3 de junio de 2019

Recurso de amparo 1926-2018. Promovido por don Stephan Rudolf Wer-ner y otras dos personas más en relación con la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que les condenó por un delito contra la salud pública.

Vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la defensa: condena en apelación impuesta a partir de la reconsideración de la concurrencia de una circunstancia, la existencia de un error de prohibición vencible, que requería la previa audiencia de los acusados (STC 146/2017).

Pleno. Sentencia 79/2019, de 5 de junio de 2019

Recurso de inconstitucionalidad 6904-2018. Interpuesto por el presidente del Gobierno respecto del artículo primero, apartado cinco, de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 2/2018, de 15 de marzo, por la que se modifican la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de caza de Castilla-La Mancha y otras normas en materia medioambiental y fiscal.

Sistema responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas y competencias sobre su régimen jurídico e infraestructuras: inconstitucionalidad parcial e interpretación conforme del precepto legal autonómico que regula la responsabilidad por daños causados por especies cinegéticas.

Sala Segunda. Sentencia 80/2019, de 17 de junio de 2019

Recurso de amparo 6438-2016. Promovido por doña María Isabel Permuy López, don Javier Couso Permuy y otros en relación con las resoluciones dictadas por la Audiencia Nacional y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en causa seguida por la muerte violenta de un periodista español en Bagdad.

191

MEMORIA 2019

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías: resoluciones judiciales que acuerdan el sobreseimiento de la causa penal al hallarse fuera del ámbito de soberanía española las personas extranjeras procesadas por la comisión de delitos de guerra fuera del territorio nacional (STC 140/2018).

Sala Primera. Sentencia 81/2019, de 17 de junio de 2019

Recurso de amparo 1158-2017. Promovido por la Administración General del Estado en relación con la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimatoria de recurso de casación formulado en proceso relativo a la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social.

Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: STC 37/2019

(sentencia dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando no concurrían los requisitos necesarios para apreciar la existencia de un acto aclarado respecto del problema interpretativo suscitado). Voto particular.

Sala Segunda. Sentencia 82/2019, de 17 de junio de 2019

Recurso de amparo 5533-2017. Promovido por doña Zineb Meskine El Herrar en relación con las resoluciones de las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de la Comunidad de Madrid en expediente sancionador en materia de juego.

Vulneración de los derechos a ser informada de la acusación y a la defensa: emplazamiento edictal en procedimiento administrativo sancionador llevado a efecto sin agotar las posibilidades de notificación personal.

Sala Primera. Sentencia 83/2019, de 17 de junio de 2019

Recurso de amparo 365-2018. Promovido por don Víctor Manuel Torres Torres respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial de Tarragona y un juzgado de instrucción de Reus acordando prisión provisional.

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MEMORIA 2019

Vulneración del derecho a la libertad personal en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva: medida provisional de carácter personal acordada sin brindar información al investigado en un proceso en el que se había prorrogado el secreto de las actuaciones.

Sala Primera. Sentencia 84/2019, de 17 de junio de 2019

Recurso de amparo 1342-2018. Promovido por la Administración General del Estado en relación con la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimatoria de recurso de casación formulado en proceso relativo a la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social.

Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: STC 37/2019

(sentencia dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando no concurrían los requisitos necesarios para apreciar la existencia de un acto aclarado respecto del problema interpretativo suscitado). Voto particular.

Pleno. Sentencia 85/2019, de 19 de junio de 2019

Cuestión interna de inconstitucionalidad 4314-2018. Planteada por el Pleno del Tribunal Constitucional en relación el artículo 294.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Principio de igualdad ante la ley y derecho a la presunción de inocencia: nulidad de los incisos del precepto legal que regulan la indemnización a quienes hayan sufrido prisión provisional limitándola a los supuestos de inexistencia del hecho imputado o sobreseimiento libre (STC 8/2017). Votos particulares.

Pleno. Sentencia 86/2019, de 20 de junio de 2019

Recurso de inconstitucionalidad 5049-2017. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea en el Congreso respecto de diversos preceptos de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias.

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MEMORIA 2019

Competencias sobre protección ambiental y régimen local; principios de seguridad jurídica y autonomía local; interdicción de la arbitrariedad: nulidad parcial de los preceptos legales autonómicos que regulan los usos, actividades y construcciones ordinarios específicos en suelo rústico; el objeto de los proyectos de interés insular o autonómico y la evaluación de impacto ambiental de proyectos que afecten a la Red Natura 2000; interpretación conforme de los preceptos que enuncian los derechos de los propietarios de suelo rústico; los usos, actividades y construcciones ordinarios y autorizables en esta categoría de suelo y el alcance de las determinaciones y condiciones de los proyectos de interés insular o autonómico.

Pleno. Sentencia 87/2019, de 20 de junio de 2019

Recurso de inconstitucionalidad 5334-2017. Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático.

Competencias sobre ordenación general de la economía, puertos y apro-vechamientos hidráulicos, protección ambiental y régimen minero y energético; límites a la potestad tributaria de las comunidades autónomas: nulidad parcial de los preceptos legales autonómicos que definen el concepto de «edificio de consumo energético casi nulo», regulan los presupuestos de carbono para mitigar el cambio climático y las políticas sectoriales de energía, infraestructuras y transportes y movilidad, crean un fondo climático, fijan objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y declaran el Mediterráneo como zona libre de prospección, extracción y explotación de hidrocarburos; interpretación conforme de los preceptos relativos a las finalidades de la ley, la interconexión de las redes de abastecimiento de aguas, la reducción de vehículos contami-nantes y el régimen de comercio de derechos de emisión.

Sala Segunda. Sentencia 88/2019, de 1 de julio de 2019

Recurso de amparo 1441-2018. Promovido por doña Ana María Sendra Rodas en relación con la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que la condenó por un delito contra la ordenación del territorio.

194

MEMORIA 2019

Vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia: condena pronunciada sin brindar a la acusada la posibilidad de dirigirse al órgano judicial de apelación (STC 59/2018).

Voto particular.

Pleno. Sentencia 89/2019, de 2 de julio de 2019

Recurso de inconstitucionalidad 5884-2017. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Unidos-Podemos-En Comú Podem-En Marea del Congreso de los Diputados, respecto del Acuerdo del Pleno del Senado de 27 de octubre de 2017, por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno al amparo del artículo 155 de la Constitución.

Coerción estatal sobre las comunidades autónomas por incumplimiento de obligaciones constitucionales: carácter subsidiario, extraordinario y temporal; delimitación del ámbito de actuación estatal; nulidad de la previsión de falta de vigencia de las normas o de validez y efectos de los actos, acuerdos o resoluciones publicados en los diarios oficiales de la Generalitat sin autorización o en contra de lo acordado por los órganos o autoridades designados por el Gobierno de la Nación.

Pleno. Sentencia 90/2019, de 2 de julio de 2019

Recurso de inconstitucionalidad 143-2018. Interpuesto por el Parlamento de Cataluña respecto del Acuerdo del Pleno del Senado de 27 de octubre de 2017, por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno al amparo del artículo 155 de la Constitución, así como de las disposiciones dictadas en desarrollo, complemento o adición de estas medidas.

Coerción estatal sobre las comunidades autónomas por incumplimiento de obligaciones constitucionales: inadmisión del recurso en lo que respecta a las disposiciones dictadas en desarrollo, complemento o adición de las medidas aprobadas por el acuerdo del Senado de 27 de octubre de 2017; pérdida parcial de objeto y declaración de constitucionalidad de las medidas de actuación estatal aprobadas en el acuerdo senatorial (STC 89/2019).

195

MEMORIA 2019

Pleno. Sentencia 91/2019, de 3 de julio de 2019

Cuestión interna de inconstitucionalidad 688-2019. Planteada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional en relación con la regla tercera, letra c), de la disposición adicional séptima, apartado 1, del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada al precepto por el art. 5.2 del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social.

Prohibición de la discriminación por razón de sexo: nulidad parcial del precepto legal que, al regular la cuantía de la pensión de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial, incurre en discriminación indirecta.

Sala Segunda. Sentencia 92/2019, de 15 de julio de 2019

Recurso de amparo 6416-2016. Promovido por don Simeó Miquel Roé en relación con las resoluciones de la dirección provincial de Lleida del Instituto Nacional de la Seguridad Social y las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y un Juzgado de lo Social de Lleida, sobre reconocimiento de pensión de jubilación.

Vulneración del derecho a la igualdad ante la ley: resoluciones administrativas y judiciales que desestiman la pretensión como consecuencia de la aplicación del precepto normativo anulado en la STC 91/2019.

Sala Segunda. Sentencia 93/2019, de 15 de julio de 2019

Recursos de amparo 4104-2017 y 4790-2018 (acumulados). Promovidos por doña Amelia de Lucas Linares respecto de la inadmisión del recurso de revisión y subsidiario de nulidad de actuaciones en expediente de jura de cuentas de abogado.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en relación con el principio de exclusividad jurisdiccional: resoluciones de la letrada de la administración de justicia que impiden el control judicial de lo actuado en expediente de cuenta de abogado (STC 34/2019).

196

MEMORIA 2019

Sala Primera. Sentencia 94/2019, de 15 de julio de 2019

Recurso de amparo 367-2018. Promovido por don Damián Torres Torres respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial de Tarragona y un juzgado de instrucción de Reus acordando prisión provisional.

Vulneración del derecho a la libertad personal, en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva: medida provisional de carácter personal acordada sin brindar información al investigado en un proceso en el que se había prorrogado el secreto de las actuaciones (STC 83/2019).

Sala Primera. Sentencia 95/2019, de 15 de julio de 2019

Recurso de amparo 368-2018. Promovido por don Óscar Jesús Torres Torres respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial de Tarragona y un juzgado de instrucción de Reus acordando prisión provisional.

Vulneración del derecho a la libertad personal, en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva: medida provisional de carácter personal acordada sin brindar información al investigado en un proceso en el que se había prorrogado el secreto de las actuaciones (STC 83/2019).

Sala Segunda. Sentencia 96/2019, de 15 de julio de 2019

Recurso de amparo 2634-2018. Promovido por diputados del grupo parlamentario Socialistes i Units per Avançar del Parlamento de Cataluña en relación con los acuerdos de la mesa de la cámara que acordaron la tramitación por procedimiento de urgencia, en lectura única, de una proposición de ley de modificación de la Ley 13/2008, de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno.

Supuesta vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas: resoluciones de la mesa de la cámara que optan por un procedimiento legislativo conforme a las previsiones del reglamento (STC 45/2019) y que no representan un incumplimiento manifiesto de lo ordenado por el Tribunal Constitucional en el auto 5/2018.

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MEMORIA 2019

Pleno. Sentencia 97/2019, de 16 de julio de 2019

Recurso de amparo 1805-2017. Promovido por don Sixto Delgado de la Coba en relación con las sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Madrid que le condenaron por sendos delitos contra la hacienda pública.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia: consideración de la denominada «lista Falciani» como prueba lícita de cargo.

Pleno. Sentencia 98/2019, de 17 de julio de 2019

Impugnación de disposiciones autonómicas 5813-2018. Formulada por el Gobierno de la Nación en relación con diversos apartados de la Resolución 92/XII del Parlamento de Cataluña, de 11 de octubre, de priorización de la agenda social y la recuperación de la convivencia.

Inviolabilidad y exención de responsabilidad del rey: nulidad de las declaraciones de la resolución del Parlamento autonómico que desconocen la configuración constitucional del titular de la Corona.

Pleno. Sentencia 99/2019, de 18 de julio de 2019

Cuestión de inconstitucionalidad 1595-2016. Planteada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo respecto al artículo 1 de la Ley 3/2007, de 15

de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas.

Derechos a la integridad física y moral, a la intimidad y a la protección de la salud, en relación con la dignidad de la persona y el libre desarrollo de su personalidad: inconstitucionalidad del precepto legal en la medida en que prohíbe cambiar la mención registral del sexo y nombre a los menores de edad con suficiente madurez y que se encuentren en una situación estable de transexualidad. Voto particular.

Pleno. Sentencia 100/2019, de 18 de julio de 2019

Conflicto positivo de competencia 259-2019. Planteado por el Gobierno vasco en relación con el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, 198

MEMORIA 2019

sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para móviles del sector público.

Competencias sobre régimen jurídico de las administraciones públicas y régimen local: nulidad de los preceptos reglamentarios estatales que regulan la actividad administrativa de los parlamentos autonómicos y atribuyen a la Administración General del Estado el ejercicio de funciones ejecutivas de titularidad autonómica; ausencia de carácter básico en distintas disposiciones reglamentarias.

Sala Segunda. Sentencia 101/2019, de 16 de septiembre de 2019

Recurso de amparo 816-2018. Promovido por don Jaime de la Cuesta Diz respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Salamanca y la comisión provincial de asistencia jurídica gratuita denegatorias del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (derecho al recurso) en relación con el derecho a la gratuidad de la justicia: denegación del derecho a la asistencia jurídica gratuita al no haberse solicitado en primera instancia ni acreditado que las circunstancias económicas y condiciones necesarias para su obtención sobrevinieran posteriormente (STC 90/2015).

Sala Segunda. Sentencia 102/2019, de 16 septiembre de 2019

Recurso de amparo 2578-2018. Promovido por Natural Biscuit, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de lo social de Burgos en procedimiento de despido.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento de la entidad demandada (SSTC 6/2019

y 47/2019).

Sala Primera. Sentencia 103/2019, de 16 de septiembre de 2019

Recurso de amparo 3802-2018. Promovido por Irgo Habitat, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Barcelona y 199

MEMORIA 2019

un juzgado de instrucción en diligencias previas resultantes de la presentación de una querella por un posible delito de apropiación indebida.

Alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): inadmisión del recurso de amparo interpuesto sin haber agotado la vía judicial previa.

Sala Segunda. Sentencia 104/2019, de 16 de septiembre de 2019

Recurso de amparo 196-2019. Promovido por don Shane Kenneth Looker en relación con el acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 2018 que decidió su entrega en extradición al Reino de Tailandia.

Alegada vulneración de los derechos a la vida, a no sufrir penas o tratos inhumanos o degradantes y a un proceso con todas las garantías: inadmisión del recurso de amparo interpuesto extemporáneamente y con error en su objeto. Voto particular.

Pleno. Sentencia 105/2019, de 19 de septiembre de 2019

Recurso de inconstitucionalidad 344-2019. Interpuesto por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados en relación con diversos preceptos de la Ley 21/2018, de 16 de octubre, de mancomunidades de la Comunidad Valenciana.

Competencias sobre régimen local y autonomía provincial: interpretación conforme de los preceptos legales relativos a la colaboración económica de las diputaciones provinciales con las mancomunidades y que atribuyen carácter prioritario en los planes provinciales de obras y servicios a las inversiones propuestas por estas mismas mancomunidades.

Pleno. Sentencia 106/2019, de 19 de septiembre de 2019

Cuestión de inconstitucionalidad 1461-2019. Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears en relación con la disposición transitoria segunda del Decreto-ley del Gobierno de Illes Balears 1/2017, de 13 de enero, de modificación de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal 200

MEMORIA 2019

y de régimen local de las Illes Balears, y de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y de medidas en materia de coordinación de las policías locales de las Illes Balears; y con el art. 41 de la Ley del Parlamento de Illes Balears 4/2013, de 17 de julio, de coordinación de las policías locales de las Illes Balears.

Competencias sobre función pública y policías locales: constitucionalidad de los preceptos legales autonómicos relativos al nombramiento de funcionarios interinos para el desempeño de funciones de policía local.

Sala Segunda. Sentencia 107/2019, de 30 de septiembre de 2019

Recurso de amparo 1588-2017. Promovido por Inves, S. A., respecto de la sentencia de un juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid que desestimó su demanda de devolución del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: resolución judicial que rechaza la alegación de minusvalía en la transmisión de un bien inmueble sin entrar a valorar la prueba documental aportada, consistente en las escrituras de compra y venta.

Sala Segunda. Sentencia 108/2019, de 30 de septiembre de 2019

Recurso de amparo 2925-2018. Promovido por doña María del Carmen Santacreu Tomás respecto de la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que desestimó en suplicación su demanda de tutela de derechos fundamentales.

Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de sexo: resolución del Instituto Nacional de Estadística que impidió la incorporación a una plaza obtenida en proceso selectivo sin valorar adecuadamen-te que la adjudicataria se hallaba en situación de baja por maternidad.

Pleno. Sentencia 109/2019, de 1 de octubre de 2019

Conflicto positivo de competencia 1450-2016. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con los artículos 4 y 7 del Real 201

MEMORIA 2019

Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de educación primaria establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

Competencias sobre educación: nulidad de los preceptos reglamentarios estatales que especifican el modo de intervención de los responsables de orientación de los centros educativos en el proceso de adaptación de las pruebas de evaluación final de educación primaria y atribuyen a la administración del Estado la elaboración de cuestionarios de contextualiza-ción socioeconómica y cultural de los resultados obtenidos por los alumnos en dichas pruebas (STC 14/2018).

Pleno. Sentencia 110/2019, de 2 de octubre de 2019

Recurso de amparo 6914-2018. Promovido por doña Adriana Lastra Fernández y otros setenta y dos diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados respecto de los acuerdos de la mesa de la cámara que rechazaron la tramitación por el procedimiento de lectura única de una proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Supuesta vulneración del derecho al ejercicio de los cargos públicos en condiciones de igualdad: carácter no vinculante de la solicitud de consideración de la conveniencia de tramitar una iniciativa parlamentaria por el procedimiento de lectura única e inexistencia de un uso parlamentario acerca de la potestad del pleno para decidir, sin intermediación del órgano de gobierno de la cámara, sobre la tramitación que deba darse a la iniciativa (SSTC 34/2018 y 44/2018).

Pleno. Sentencia 111/2019, de 2 de octubre de 2019

Impugnación de disposiciones autonómicas 1741-2019. Formulada por el Gobierno de la Nación, en relación con la resolución del Parlamento de Cataluña 298/XII, de 7 de marzo de 2019, de creación de la Comisión de Investigación sobre la Monarquía.

Inviolabilidad y no sujeción a responsabilidad de la persona del rey: nulidad del acuerdo de creación de una comisión parlamentaria de investi-202

MEMORIA 2019

gación cuyo objeto es incompatible con el estatuto constitucional del jefe del Estado.

Pleno. Sentencia 112/2019, de 3 de octubre de 2019

Recurso de amparo 2598-2017. Promovido por doña Victoria Castiñeiras Bueno respecto de las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y del Tribunal Supremo que inadmitieron su recurso contencioso-administrativo sobre traslado provisional de oficina de farmacia.

Doctrina sobre la procedencia del incidente de nulidad de actuaciones frente a resoluciones judiciales no dictadas en única o última instancia; vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): aplicación rigorista de una causa de inadmisión prescindiendo del examen de la corrección de la notificación del acto administrativo controvertido.

Pleno. Sentencia 113/2019, de 3 de octubre de 2019

Recurso de inconstitucionalidad 2882-2019. Interpuesto por el presidente del Gobierno respecto de los apartados tercero y sexto del artículo único de la Ley 9/2018, de 31 de julio, por la que se modifica la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears.

Competencias sobre medio ambiente y evaluación ambiental: nulidad del precepto autonómico que somete a evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas aprobados por el Consejo de Ministros; interpretación conforme de la referencia a las administraciones públicas en la delimitación del ámbito de aplicación de las evaluaciones ambientales.

Pleno. Sentencia 114/2019, de 16 de octubre de 2019

Conflicto positivo de competencia 5625-2016. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de educación secundaria obligatoria y de bachillerato.

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MEMORIA 2019

Competencias sobre educación: nulidad de preceptos reglamentarios que atribuyen a la administración del Estado el ejercicio de funciones ejecutivas (STC 109/2019).

Pleno. Sentencia 115/2019, de 16 de octubre de 2019

Recurso de amparo 3846-2018. Promovido por los diecisiete diputados del grupo parlamentario Socialistes i Units per Avançar, del Parlamento de Cataluña, en relación con la calificación y admisión a trámite por la mesa de la cámara de una «Moción subsiguiente a la interpelación al Gobierno sobre la normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional».

Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas, en conexión con el derecho de los ciudadanos a la participación política a través de sus representantes: admisión a trámite de una iniciativa parlamentaria que reitera los objetivos de la resolución declarada inconstitucional y nula por la STC 259/2015, de 2 de diciembre. Voto particular.

Pleno. Sentencia 116/2019, de 16 de octubre de 2019

Recurso de inconstitucionalidad 2056-2019. Interpuesto por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados respecto del artículo 50 de la Ley del Parlamento de las Illes Balears 13/2018, de 28 de diciembre, de caminos públicos y rutas senderistas de Mallorca y Menorca.

Derecho de propiedad y garantías del procedimiento expropiatorio: constitucionalidad del precepto legal autonómico en virtud del cual la aprobación de los planes especiales y proyectos de rutas senderistas conlleva la declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios.

Pleno. Sentencia 117/2019, de 16 de octubre de 2019

Cuestión de inconstitucionalidad 2360-2019. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Ourense respecto del artículo 110.2 de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia.

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MEMORIA 2019

Competencias en materia de función pública: constitucionalidad del precepto legal autonómico que regula las consecuencias económicas de los cambios de régimen de personal que no implican la situación de excedencia.

Pleno. Sentencia 118/2019, de 16 de octubre de 2019

Cuestión de inconstitucionalidad 2960-2019. Planteada por el Juzgado de lo Social núm. 26 de Barcelona, en relación con el artículo 52 d) del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

Derechos a la integridad física y moral, a la salud y al trabajo: constitucionalidad del precepto legal que regula el despido objetivo por causa de absentismo laboral. Votos particulares.

Sala Segunda. Sentencia 119/2019, de 28 de octubre de 2019

Recurso de amparo 3296-2017. Promovido por don Juan José Bellido Maeso respecto de los autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 3

de Lleida, denegatorios de un permiso de salida.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): resolución judicial que, al denegar el derecho a la asistencia jurídica gratuita para interponer un recurso de apelación, impide al afectado defender la procedencia de ese mismo recurso frente a resoluciones del juzgado de vigilancia penitenciaria que confirmen decisiones de la administración penitenciaria (STC 128/1998).

Sala Segunda. Sentencia 120/2019, de 28 de octubre de 2019

Recurso de amparo 4763-2017. Promovido por el ayuntamiento de Sobrescobio (Asturias) respecto de la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional desestimatoria de su demanda por inactividad del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras respecto de sendos convenios de colaboración.

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Supuesta vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley: resolución judicial que no rompe línea jurisprudencial consolidada alguna sino que da respuesta motivada a la pretensión deducida, atendiendo a las circunstancias específicas del caso analizado.

Sala Primera. Sentencia 121/2019, de 28 de octubre de 2019

Recurso de amparo 5617-2017. Promovido por la Federación de asociaciones de Educación Infantil-Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía respecto de la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (con sede en Sevilla), desestimatoria de su demanda por inactividad de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resolución judicial que deja imprejuzgada la cuestión al denegar, de manera rigorista y desproporcionada, legitimación activa a la asociación promotora del recurso.

Sala Segunda. Sentencia 122/2019, de 28 de octubre de 2019

Recurso de amparo 2778-2018. Promovido por Majefrisa, S. A., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Ciudad Rodrigo en procedimiento monitorio.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce para tramitar el requerimiento de pago a la parte demandada (STC 47/2019).

Sala Primera. Sentencia 123/2019, de 28 de octubre de 2019

Recurso de amparo 4318-2018. Promovido por doña Beatriz González Palomo respecto del auto dictado por un juzgado de primera instancia de Madrid en ejecución de títulos judiciales.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos sin agotar las posibilidades de comunicación personal (STC 131/2014).

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Sala Primera. Sentencia 124/2019, de 28 de octubre de 2019

Recurso de amparo 4529-2018. Promovido por don Francisco Javier Bor-das Coca respecto de la sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona que inadmitió el recurso de apelación frente a la absolución de los acusados de la comisión de un delito leve de usurpación.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (derecho al recurso): inadmisión por extemporáneo de un recurso de apelación que no toma en consideración la solicitud de suspensión del plazo en tanto se proporcionaba a la parte acusadora el soporte que contenía la grabación del juicio.

Pleno. Sentencia 125/2019, de 31 de octubre de 2019

Recurso de amparo 4035-2012. Promovido por don Mohammed Saeed Akhtar respecto de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, así como la resolución del secretario de Estado de Justicia que denegaron su petición de indemnización por haber sufrido prisión provisional en causa penal en la que fuera finalmente absuelto.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva: denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio. Voto particular.

Pleno. Sentencia 126/2019, de 31 de octubre de 2019

Cuestión de inconstitucionalidad 1020-2019. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 32 de Madrid, respecto de los artículos 107 y 108 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Principio de capacidad económica y prohibición de confiscatoriedad: inconstitucionalidad de la regulación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en aquellos casos en los que la cuota a satisfacer supere el incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente (STC 59/2017).

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Pleno. Sentencia 127/2019, de 31 de octubre de 2019

Recurso de inconstitucionalidad 1327-2019. Interpuesto por más de cincuenta diputados, integrantes del Grupo Parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú y Podem-En Marea en relación con diversos preceptos de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019.

Competencias sobre empleados públicos y ordenación general de la economía, libertad sindical y derecho de negociación colectiva, derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): constitucionalidad de los preceptos legales autonómicos que sus-penden temporalmente las previsiones relativas a la percepción de beneficios sociales, gastos de acción social y similares que tuvieran su origen en acuerdos suscritos entre los entes integrantes del sector público autonómico madrileño y los representantes del personal a su servicio. Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 128/2019, de 11 de noviembre de 2019

Recurso de amparo 2114-2018. Promovido por doña Inés Arrimadas García y otros treinta y cuatro diputados del grupo parlamentario Ciutadans del Parlamento de Cataluña respecto de los acuerdos de la mesa y presidente de la cámara que admitieron a trámite determinadas enmiendas a la propuesta de resolución denominada «Restitució de les institucions catalanes»

Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes: admisión a trámite de enmiendas que constituyen un incumplimiento manifiesto de lo resuelto en la STC 114/2017, de 17 de octubre, y en el ATC 144/2017, de 8 de noviembre.

Sala Primera. Sentencia 129/2019, de 11 de noviembre de 2019

Recurso de amparo 544-2019. Promovido por la entidad Galvez Innova, S. L, respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de lo mercantil de Murcia en procedimiento concursal.

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Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento de la entidad demandada (STC 47/2019).

Pleno. Sentencia 130/2019, de 13 de noviembre de 2019

Recurso de amparo 424-2012. Promovido por don Mohamed Khouni Boualem, respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de justicia.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio.

Pleno. Sentencia 131/2019, de 13 de noviembre de 2019

Recurso de amparo 2052-2012. Promovido por don Domingo Companys Pérez respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de justicia.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio.

Pleno. Sentencia 132/2019, de 13 de noviembre de 2019

Recurso de inconstitucionalidad 2557-2017. Interpuesto por el presidente del Gobierno respecto de diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código Civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos, y de modificación de los libros primero, segundo, tercero, cuarto y quinto.

Competencias en materia de Derecho civil y legislación procesal: nulidad del precepto legal autonómico relativo al pacto de condición resolutoria formalizado notarialmente e inscrito en el registro de la propiedad. Votos particulares.

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Pleno. Sentencia 133/2019, de 13 de noviembre de 2019

Recurso de inconstitucionalidad 1974-2019, 2065-2019. Interpuestos por el Gobierno vasco respecto de diversos preceptos de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de presupuestos generales del Estado para el año 2018, y del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.

Competencias en materia laboral y de ordenación general de la economía: nulidad de diversos preceptos legales que atribuyen funciones ejecutivas al Servicio Público de Empleo Estatal en la gestión de ayudas económicas del sistema nacional de garantía juvenil.

Pleno. Sentencia 134/2019, de 13 de noviembre de 2019

Cuestión de inconstitucionalidad 2560-2019. Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, respecto del art. 11.3.1 b), párrafo segundo, de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del suelo y ordenación territorial de Extremadura, en la redacción dada por la Ley 9/2011, de 29

de marzo, y la disposición adicional única de esta última ley.

Competencias de protección ambiental y urbanismo: nulidad de los preceptos legales que permiten la transformación urbanística de suelos integrados en la red Natura 2000. Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 135/2019, de 25 de noviembre de 2019

Recurso de amparo 5328-2012. Promovido por don Juan Tomás Quevedo Moreno respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo en proceso por responsabilidad de la administración de justicia.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

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Sala Segunda. Sentencia 136/2019, de 25 de noviembre de 2019

Recurso de amparo 5082-2013. Promovido por don Alejandro Barcia Díaz respecto de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de justicia.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

Sala Primera. Sentencia 137/2019, de 25 de noviembre de 2019

Recurso de amparo 5185-2013. Promovido por don Ramiro Vázquez Cundins respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de justicia.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

Sala Segunda. Sentencia 138/2019, de 25 de noviembre de 2019

Recurso de amparo 1637-2014. Promovido por don Lucas Felipe Cano Pérez respecto de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de justicia.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

Sala Primera. Sentencia 139/2019, de 25 de noviembre de 2019

Recurso de amparo 2580-2014. Promovido por don John David Heyfron respecto de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administra-211

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tivo de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de justicia.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

Sala Primera. Sentencia 140/2019, de 25 de noviembre de 2019

Recurso de amparo 4136-2014. Promovido por don Tarik Dermaj respecto de la sentencia dictada por un juzgado central de lo contencioso-administrativo en proceso por responsabilidad de la administración de justicia.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

Sala Primera. Sentencia 141/2019, de 25 de noviembre de 2019

Recurso de amparo 5285-2014. Promovido por don Juan Garrofe Figue-rola respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de justicia.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

Sala Segunda. Sentencia 142/2019, de 25 de noviembre de 2019

Recurso de amparo 355-2015. Promovido por don Roberto Araiz Benavi-des respecto de las sentencias dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo en proceso por responsabilidad de la administración de justicia.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

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MEMORIA 2019

Sala Primera. Sentencia 143/2019, de 25 de noviembre de 2019

Recurso de amparo 4165-2015. Promovido por don David Michael Heyfron respecto de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de justicia.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

Sala Segunda. Sentencia 144/2019, de 25 de noviembre de 2019

Recurso de amparo 5267-2015. Promovido por promovido por don Luk-mon Alabi Badmus respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado central de lo contencioso-administrativo en proceso por responsabilidad de la administración de justicia.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

Sala Primera. Sentencia 145/2019, de 25 de noviembre de 2019

Recurso de amparo 4809-2016. Promovido por don Ion Datcu respecto de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de justicia.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

Sala Segunda. Sentencia 146/2019, de 25 de noviembre de 2019

Recurso de amparo 2436-2017. Promovido por don Unai González del Herrero respecto de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que declaró improcedente su despido disciplinario.

213

MEMORIA 2019

Vulneración del derecho a la libertad de expresión: despido disciplinario de un trabajador por criticar la gestión empresarial del centro de trabajo en el que prestaba sus servicios (STC 181/2006).

Sala Segunda. Sentencia 147/2019, de 25 de noviembre de 2019

Recurso de amparo 805-2018. Promovido por don Ionut Marin respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo en proceso por responsabilidad de la administración de justicia.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

Sala Segunda. Sentencia 148/2019, de 25 de noviembre de 2019

Recurso de amparo 1000-2018. Promovido por doña Ana Guzmán Ayuso respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Burgos en procedimiento de ejecución de títulos judiciales.

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): exclusión como postor del marido de la ejecutada fundada en la apodíctica negación de su condición de tercero en el proceso.

Sala Primera. Sentencia 149/2019, de 25 de noviembre de 2019

Recurso de amparo 3340-2018. Promovido por don Pablo Giménez San José frente a la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza que le condenó, en apelación, por un delito contra la integridad moral.

Vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia: sentencia condenatoria en segunda instancia resultante de una reconsideración de prueba personal, sin respetar las garantías de publicidad, inmediación y contradicción ni dar audiencia al acusado (STC 125/2017).

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MEMORIA 2019

Sala Primera. Sentencia 150/2019, de 25 de noviembre de 2019

Recurso de amparo 4183-2018. Promovido por Panadería Confitería La Fama, S. L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de lo social de Cartagena en proceso por despido.

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento de la entidad demandada (STC 47/2019).

Voto particular.

Sala Primera. Sentencia 151/2019, de 25 de noviembre de 2019

Recurso de amparo 189-2019. Promovido por María Noel Borges Monge respecto de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de justicia.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

Sala Segunda. Sentencia 152/2019, de 25 de noviembre de 2019

Cuestión de inconstitucionalidad 2561-2019. Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, respecto del artículo 11.3.1 b), párrafo segundo, de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del suelo y ordenación territorial de Extremadura, en la redacción dada por la Ley 9/2011, de 29

de marzo, y de la disposición adicional única de esta última ley.

Competencias de protección ambiental y urbanismo: extinción de la cuestión de inconstitucionalidad que tiene por objeto un precepto legal anulado por la STC 134/2019, de 13 de noviembre.

Sala Segunda. Sentencia 153/2019, de 25 de noviembre de 2019

Cuestión de inconstitucionalidad 3680-2019. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Zaragoza en relación con diver-215

MEMORIA 2019

sos preceptos del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Principio de capacidad contributiva y prohibición de confiscatoriedad: extinción de la cuestión de inconstitucionalidad que tiene por objeto preceptos legales anulados por la STC 126/2019, de 31 de octubre.

Pleno. Sentencia 154/2019, de 28 de noviembre de 2019

Recurso de amparo 1269-2013. Promovido por don Marcos Béjar Ordó-

ñez respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de justicia.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

Pleno. Sentencia 155/2019, de 28 de noviembre de 2019

Recurso de amparo 814-2018. Promovido por don Oriol Junqueras i Vies respecto de las resoluciones dictadas por el magistrado instructor y la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordando el mantenimiento de la medida cautelar de prisión provisional comunicada y sin fianza.

Supuesta vulneración de los derechos a la libertad ideológica y de expresión, a la participación política, a la defensa, juez predeterminado por la ley e imparcial, a la presunción de inocencia y a la legalidad penal; derecho a la vida privada: inadmisión parcial del recurso de amparo por su carácter prematuro; prisión provisional prorrogada por resolución judicial proporcionada, razonada y fundada en Derecho. Votos particulares.

Pleno. Sentencia 156/2019, de 28 de noviembre de 2019

Recurso de amparo 4898-2018. Promovido por doña Inés Arrimadas García y otros treinta y cuatro diputados del grupo parlamentario Ciu-216

MEMORIA 2019

tadans del Parlamento de Cataluña frente a los acuerdos y resoluciones de la mesa y del presidente de la cámara que permitieron la tramitación de la «Moción subsiguiente a la interpelación al Gobierno sobre la normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional».

Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes: STC 115/2019 (admisión a trá-

mite de una iniciativa parlamentaria que reitera los objetivos de la resolución declarada inconstitucional y nula por la STC 259/2015, de 2 de diciembre).

Pleno. Sentencia 157/2019, de 28 de noviembre de 2019

Cuestión de inconstitucionalidad 2908-2019. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias respecto del artículo 21.2 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de patrimonio histórico de Canarias.

Competencias sobre procedimiento administrativo y protección del patrimonio histórico: nulidad parcial del precepto legal autonómico que regula la caducidad de los procedimientos de declaración de bienes de interés cultural.

Pleno. Sentencia 158/2019, de 12 de diciembre de 2019

Recurso de inconstitucionalidad 5212-2018. Interpuesto por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario Popular del Congreso de los Diputados respecto de la Ley de las Cortes de Aragón 8/2018, de 28 de junio, de actualización de los derechos históricos de Aragón.

Principios de soberanía nacional y supremacía de la Constitución: nulidad de los preceptos legales autonómicos que hacen de los derechos históricos fundamento del poder autonómico, objeto o finalidad de su ejercicio; interpretación conforme con la Constitución de la declaración de interés general a efectos expropiatorios de los bienes y archivos que integran el patrimonio cultural e histórico del reino de Aragón.

217

MEMORIA 2019

Pleno. Sentencia 159/2019, de 12 de diciembre de 2019

Recurso de amparo 5336-2018. Promovido por don Juan Antonio Morales Álvarez respecto de los acuerdos de la mesa de la Asamblea de Extremadura que le adjudican la condición de diputado no adscrito y se delimitan las atribuciones y derechos que como tal le corresponden.

Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas: nulidad de las resoluciones parlamentarias en cuanto niegan por entero el derecho a formular propuestas de pronunciamiento en pleno. Voto particular.

Pleno. Sentencia 160/2019, de 12 de diciembre de 2019

Cuestión de inconstitucionalidad 5927-2018. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con el artículo 39.4 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Madrid, en la redacción dada por el art. 13.3 de la Ley 10/2009, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.

Principio de legalidad sancionadora: nulidad del precepto legal que remite genéricamente a la normativa autonómica, sin definición de los elementos esenciales de la conducta, la determinación de las obligaciones y pro-hibiciones cuyo incumplimiento constituye infracción leve.

Pleno. Sentencia 161/2019, de 12 de diciembre de 2019

Recurso de inconstitucionalidad 878-2019. Interpuesto por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú y Podem-En Marea, respecto de la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 10/2018, de 9 de noviembre, de aceleración de la transformación del modelo económico regional para la generación de empleo estable de calidad.

Principios de seguridad jurídica y autonomía local, competencias de protección ambiental: nulidad parcial de los preceptos legales autonómicos que introducen un incentivo de edificabilidad para la renovación hotelera y privan a las normas transitorias de la condición de instrumentos de 218

MEMORIA 2019

planeamiento ambiental; interpretación conforme con la Constitución de los preceptos legales autonómicos que pueden incidir sobre la protección del dominio público marítimo-terrestre, afectan a las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y permiten la regularización de actividades carentes de licencia urbanística.

Sala Segunda. Sentencia 162/2019, de 16 de diciembre de 2019

Recurso de amparo 3893-2012. Promovido por don Abdelilah El Fadual El Akil respecto de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de justicia.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

Sala Segunda. Sentencia 163/2019, de 16 de diciembre de 2019

Recurso de amparo 5536-2012. Promovido por don José Nicolás de la Cruz Martínez respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de justicia.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

Sala Segunda. Sentencia 164/2019, de 16 de diciembre de 2019

Recurso de amparo 5794-2013. Promovido por doña Sandra Verónica Arancibia Torrealba respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de justicia.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

219

MEMORIA 2019

Sala Primera. Sentencia 165/2019, de 16 de diciembre de 2019

Recurso de amparo 6236-2013. Promovido por don Ghasoub Al Abrash Ghalyoun respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de justicia.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

Sala Segunda. Sentencia 166/2019, de 16 de diciembre de 2019

Recurso de amparo 6739-2013. Promovido por don Pavel Kulbida y otras cinco personas respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de justicia.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

Sala Primera. Sentencia 167/2019, de 16 de diciembre de 2019

Recurso de amparo 992-2015. Promovido por don Moutaz Almallah Dabas respecto de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de justicia.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

Sala Primera. Sentencia 168/2019, de 16 de diciembre de 2019

Recurso de amparo 7289-2015. Promovido por don Erwan Michel Ker-marrec respecto de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de justicia.

220

MEMORIA 2019

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

Sala Segunda. Sentencia 169/2019, de 16 de diciembre de 2019

Recurso de amparo 3118-2018. Promovido por doña Fátima Janati Idris-si respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de justicia.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

Sala Primera. Sentencia 170/2019, de 16 de diciembre de 2019

Recurso de amparo 5497-2018. Promovido por don Víctor García Pérez respecto de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de justicia.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

Sala Segunda. Sentencia 171/2019, de 16 de diciembre de 2019

Recurso de amparo 5706-2018. Promovido por don Jerome Badibalowa Kisumbel respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de justicia.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia; derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio); inadmisión parcial.

221

MEMORIA 2019

Sala Primera. Sentencia 172/2019, de 16 de diciembre de 2019

Recurso de amparo 520-2019. Promovido por doña María Casado Nieto respecto de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que le condenó, en apelación, por un delito de prevaricación administrativa.

Vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia: condena en segunda instancia impuesta como consecuencia de una valoración de los elementos subjetivos del delito llevada a cabo sin las debidas garantías (STC 88/2013).

Sala Segunda. Sentencia 173/2019, de 16 de diciembre de 2019

Recurso de amparo 685-2019. Promovido por don Otman El Hormi respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de justicia.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

Sala Segunda. Sentencia 174/2019, de 16 de diciembre de 2019

Recurso de amparo 1288-2019. Promovido por don Francisco Roca Martínez respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de justicia.

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).

Sala Primera. Sentencia 175/2019, de 16 de diciembre de 2019

Recurso de amparo 1289-2019. Promovido por don José Domingo Noms Ciurana respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de justicia.

222

MEMORIA 2019

Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia; derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): STC 125/2019

(denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio); inadmisión parcial.

Pleno. Sentencia 176/2019, de 18 de diciembre de 2019

Recurso de inconstitucionalidad 1195-2019. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de La Rioja en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de La Rioja 6/2018, de 26 de noviembre, de protección de los animales.

Competencias sobre protección de animales: inadmisión del recurso de inconstitucionalidad por falta de legitimación activa de su promotor (STC 233/2006). Voto particular.

Pleno. Sentencia 177/2019, de 18 de diciembre de 2019

Cuestión de inconstitucionalidad 1882-2019. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, respecto de la disposición adicional decimotercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos.

Competencias en materia laboral: nulidad parcial del precepto legal autonómico que establece la edad de jubilación del personal laboral al servicio del Instituto Catalán de la Salud.

Pleno. Sentencia 178/2019, de 18 de diciembre de 2019

Recurso de inconstitucionalidad 4956-2019. Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley Foral 23/2018, de 19 de noviembre, de las policías de Navarra.

Competencias sobre régimen jurídico de la función pública y seguridad pública: nulidad de los preceptos legales forales relativos a la ejecución conjunta de competencias de policía local por una entidad supramunicipal creada por ley foral, que asignan la consideración de agentes de la autoridad a los auxiliares de policía local y atribuyen a los propios entes locales el ejercicio de la potestad para acordar la excepción de uniformi-dad de los agentes de la policía local.

223

MEMORIA 2019

AUTOS

Pleno. Auto 4/2019, de 29 de enero de 2019

Recurso de amparo 1877-2018. Inadmite a trámite el recurso de amparo 1877-2018, promovido por doña Yu Yen Yun en proceso de extradición.

Votos particulares.

Pleno. Auto 8/2019, de 12 de febrero de 2019

Cuestión de inconstitucionalidad 5383-2018. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 5383-2018, planteada por un juzgado de lo social de Barcelona en relación con el artículo 174.3 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

Pleno. Auto 10/2019, de 14 de febrero de 2019

Recurso de amparo 2320-2018. Inadmite a trámite el recurso de amparo 2320-2018, promovido por don Cheng Jiun Liu en proceso de extradición. Voto particular.

Pleno. Auto 27/2019, de 9 de abril de 2019

Cuestión de inconstitucionalidad 5926-2018. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 5926-2018, planteada por un juzgado de lo contencioso-administrativo de Zaragoza respecto del art. 52 i) en relación con el art. 54.1 b) de la Ley 4/1999, de 25 de marzo, de ordenación farmacéutica para Aragón. Votos particulares.

Sección Segunda. Auto 40/2019, de 22 de mayo de 2019

Recurso de amparo 4446-2018. Desestima el recurso de súplica del ministerio fiscal frente a la providencia de inadmisión del recurso de amparo 4446-2018, promovido por doña Isabel Garrido Herrero en causa penal.

Voto particular.

224

MEMORIA 2019

Pleno. Auto 63/2019, de 18 de junio de 2019

Cuestión de inconstitucionalidad 1908-2019. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 1908-2019, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con diversos preceptos de la Ley 5/2012, de 20 de diciembre, de viviendas rurales sostenibles de la Comunidad de Madrid.

Pleno. Auto 89/2019, de 16 de julio de 2019

Cuestión de inconstitucionalidad 364-2019. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 364-2019, planteada por el Juzgado de lo Social núm. 26 de Barcelona en relación con la disposición final única del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social.

Pleno. Auto 133/2019, de 29 de octubre de 2019

Cuestión de inconstitucionalidad 4571-2019. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 4571-2019, planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en relación con el artí-

culo 221.1 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Pleno. Auto 167/2019, de 10 de diciembre de 2019

Cuestión de inconstitucionalidad 4917-2019. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 4917-2019, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 5 de Las Palmas de Gran Canaria en relación con el artículo 63.9 de la Ley del Parlamento de Canarias 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias.

Pleno. Auto 168/2019, de 10 de diciembre de 2019

Conflicto negativo de competencia 6351-2019. Inadmite a trámite el conflicto negativo de competencia 6351-2019, planteado por don Enrique Gui-jarro Punzano en relación con una expropiación agraria realizada en 1979.

225

MEMORIA 2019

Pleno. Auto 180/2019, de 18 de diciembre de 2019

Impugnación de disposiciones autonómicas 6330-2015. Estima el incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, instado por el Gobierno de la Nación respecto de la Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, sobre las propuestas para la Cataluña real.

Pleno. Auto 181/2019, de 18 de diciembre de 2019

Impugnación de disposiciones autonómicas 6330-2015. Estima el incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, instado por el Gobierno de la Nación respecto de la Resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña, sobre la orientación política general del Gobierno.

Pleno. Auto 182/2019, de 18 de diciembre de 2019

Impugnación de disposiciones autonómicas 4039-2018. Declara la extinción del incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de diciembre, instado por el Gobierno de la Nación respecto de la Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, sobre las propuestas para la Cataluña real.

Pleno. Auto 183/2019, de 18 de diciembre de 2019

Impugnación de disposiciones autonómicas 4039-2018. Declara la extinción del incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de diciembre, instado por el Gobierno de la Nación respecto de la Resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña, sobre la orientación política general del Gobierno.

Pleno. Auto 184/2019, de 18 de diciembre de 2019

Impugnación de disposiciones autonómicas 5813-2018. Estima incidente de ejecución de la STC 98/2019, de 17 de julio, instado por el Gobierno de la Nación respecto de la Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, sobre las propuestas para la Cataluña real.

226

III. Estadísticas jurisdiccionales I. Cuadros generales

II. Procedimientos de inconstitucionalidad,

conflictos constitucionales, impugnaciones

y declaraciones

III. Recursos de amparo

IV. Datos comparados (2015-2019)

227

Índice

I. Cuadros generales

Cuadro n.º 1

Asuntos ingresados durante el año y su

pág. 232

distribución inicial entre el Pleno y las Salas

Cuadro n.º 2

Asuntos ingresados durante el año,

pág. 233

clasificados según el tipo de proceso

Cuadro n.º 3

Resoluciones dictadas durante el año,

pág. 235

según el tipo de resolución

Cuadro n.º 4

Sentencias dictadas en los distintos procesos

pág. 237

(y asuntos resueltos)

Cuadro n.º 5

Relación entre asuntos ingresados,

pág. 238

admitidos y resueltos

Cuadro n.º 6

Procesos y asuntos admitidos pendientes de

pág. 240

sentencia y pendientes de admisión, a 31 de

diciembre

II. Procedimientos de inconstitucionalidad,

conflictos constitucionales, impugnaciones

y declaraciones

Cuadro n.º 7

Asuntos ingresados según el promotor

pág. 244

Cuadro n.º 8

Litigiosidad territorial durante el año, por

pág. 245

Comunidades Autónomas

Cuadro n.º 9

Resoluciones dictadas y asuntos resueltos,

pág. 246

según el tipo de proceso

229

MEMORIA 2019 / CUADRO

Cuadro n.º 10 Asuntos pendientes de resolución

pág. 247

a 31 de diciembre, clasificados

por su tipo y procedencia

III. Recursos de amparo

Cuadro n.º 11 Origen de los recursos de amparo ingresados

pág. 250

Cuadro n.º 12 Recurrentes y derecho fundamental

pág. 251

invocado

Cuadro n.º 13 Recursos de amparo: frecuencia de la

pág. 252

invocación de los derechos fundamentales

del art. 24 CE

Cuadro n.º 14 Recursos de amparo interpuestos, según el

pág. 253

órgano que dictó la última resolución.

Resoluciones judiciales anuladas

Cuadro n.º 15 Motivos de admisión e inadmisión

pág. 254

de los recursos de amparo

Cuadro n.º 16 Resoluciones dictadas y amparos resueltos

pág. 256

IV. Datos comparados (2015-2019)

Cuadro n.º 17 Datos comparados 2015-2019

pág. 258

Asuntos ingresados

pág. 258

Resoluciones dictadas

pág. 259

Asuntos resueltos

pág. 261

Asuntos pendientes

pág. 264

230

I.

Cuadros generales

MEMORIA 2019 / CUADRO 1

Cuadro n.º 11

A S U N TO S I N G R E SA D O S DU R A N T E E L A Ñ O

Y S U D I ST R I B U C I Ó N I N I C I A L E N T R E E L P L E N O

Y L A S SA L A S

Meses

Pleno

Salas

Totales

Enero

4

671

675

Febrero

9

624

633

Marzo

13

756

769

Abril

6

694

700

Mayo

8

650

658

Junio

3

639

642

Julio

12

827

839

Agosto

3

71

74

Septiembre

3

560

563

Octubre

1

691

692

Noviembre

2

714

716

Diciembre

3

657

660

Totales

67

7.554

7.6211

1 El pleno avocó el conocimiento de siete recursos de amparo promovidos en 2019 y de otros veintiuno que se habían interpuesto en años anteriores.

232

MEMORIA 2019 / CUADRO 2

Cuadro n.º 212

A S U N TO S I N G R E SA D O S DU R A N T E E L A Ñ O, C L A S I F I CA D O S S E G Ú N E L T I P O D E P R O C E S O

Recursos de inconstitucionalidad

27

Cuestiones de inconstitucionalidad

331

Recursos de amparo

7.5542

Conflictos positivos de competencia

5

Conflictos negativos de competencia

1

Conflictos entre órganos constitucionales

–

Conflictos en defensa de la autonomía local

–

Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones 1

de las comunidades autónomas

Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados

–

internacionales

Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales

–

Total

7.621

1 Dos de ellas fueron cuestiones internas de inconstitucionalidad.

2 Siete de estos recursos de amparo fueron avocados al Pleno.

233

MEMORIA 2019 / CUADRO 2

A S U N TO S I N G R E SA D O S E N E L T R I B U NA L

67

Recursos de amparo

Suma Pleno

A S U N TO S I N G R E SA D O S E N E L P L E N O

Recursos de inconstitucionalidad

Cuestiones de inconstitucionalidad

Conflictos positivos de compentencia

Conflictos negativos de compentencia

Conflictos entre órganos constitucionales

Conflictos en defensa de la autonomía local

Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las comunidades autónomas

Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales

Cuestiones prejudiciales sobre normas forales

fiscales

234

MEMORIA 2019 / CUADRO 3

Cuadro n.º 3

R E S O L U C I O N E S D I C TA DA S DU R A N T E E L A Ñ O 12345

Sala I

Sala II

PLENO

y sus

y sus

TOTAL

Secciones

Secciones

Sentencias

Estimación (total o parcial)

50 (+1)

30

44 (+1)

124 (+2)

Desestimación

18

3

11 (+1)

32 (+1)

Inadmisión

12

6

4

22

Total sentencias (+ asuntos acumulados):

80 (+1)

39

59 (+2)

178 (+3)

Dictadas por la Sala

39

59 (+2)

98 (+2)

Por la Sección 1.ª

–

–

Por la Sección 2.ª

–

–

Por la Sección 3.ª

–

–

Por la Sección 4.ª

–

–

Autos

56

75

53

184

- Inadmisión

19

2

–

21

- Terminación2

2

1

–

3

- Suspensión de leyes

1

–

–

1

- Suspensión de otras disposiciones

14

35

43

92

- Aclaración o rectificación

–

1

–

1

- Acumulación

1

3

1

5

- Recusación y abstención

3

28

3

34

- Ejecución

16

1

–

17

- Súplica

–

3 (-2)

3

6 (-2)

- Varios

–

1

3

4

Providencias3

65

3.400 (-2)

3.134

6.599 (-2)

Admisión

65

75

87

227

Inadmisión4

–

3.264 (-2)

2.956

6.220 (-2)

Terminación

–

61

91

152

Total de resoluciones dictadas

201

3.514

3.246

6.961

Total de resoluciones interlocutorias

100

147

140

387

Total de resoluciones definitivas5

101

3.367

3.106

6.574

Total de asuntos resueltos

102

3.365

3.108

6.575

1 Se indican las resoluciones dictadas y en su caso, entre paréntesis, los asuntos acumulados resueltos.

2 Terminación del asunto por desistimiento, caducidad, extinción del objeto, etc.

3 Providencias que no son de mero trámite.

4 Fueron revocadas en súplica 3 providencias de inadmisión, 1 de la Sala Primera y 2 de la Sala Segunda. Se indican entre paréntesis.

5 Sentencias, autos de inadmisión y de terminación, providencias de inadmisión y de terminación.

235

MEMORIA 2019 / CUADRO 3

R E S O L U C I O N E S D E F I N I T I VA S

3.500

3.000

Total sentencias

2.500

Autos inadmisión

2.000

Autos terminación

1.500

1.000

Providencias

inadmisión

500

Providencias

0

terminación

Pleno

Sala

Sala

Primera

Segunda

236

MEMORIA 2019 / CUADRO 4

Cuadro n.º 4

S E N T E N C I A S D I C TA DA S E N L O S D I ST I N TO S

P R O C E S O S ( Y A S U N TO S R E S U E LTO S 1) 2

Sentencias

Sentencias

Tipo de proceso

dictadas

(asuntos

con votos

acumulados)

particulares

Recurso de inconstitucionalidad

32 (+1)

10

Cuestión de inconstitucionalidad2

22

7

Recurso de amparo

117 (+2)

18

Conflicto positivo de competencias

3

–

Conflicto negativo de competencia

–

–

Conflicto entre órganos constitucionales

–

–

Conflicto en defensa de la autonomía local

–

–

Impugnación de disposiciones sin fuerza

3

–

de Ley y resoluciones de las Comunidades

Autónomas

Requerimiento sobre la constitucionalidad

–

–

de los tratados internacionales

Cuestión prejudicial sobre normas forales

1

–

fiscales

Total de sentencias dictadas (y asuntos

178 (+3)

35

resueltos)

1 Algunas sentencias resolvieron varios asuntos acumulados. Se expresan entre paréntesis.

2 De ellas, una fue cuestión interna de inconstitucionalidad.

237

MEMORIA 2019 / CUADRO 5

Cuadro n.º 5

R E L AC I Ó N E N T R E A S U N TO S I N G R E SA D O S , A D M I T I D O S Y R E S U E LTO S

FASE DE ADMISIÓN

PLENO SALA I

SALA II

SALAS

TOTAL

Asuntos recibidos

74

3.781

3.766

7.547

7.621

De nuevo ingreso

67

3.787

3.767

7.554

7.621

Avocados (no admitidos)

+7

-4

-3

-7

Traslados entre Salas

-2

+2

(+63/-65)

(-63/+65)

Asuntos admitidos

65

75

87

162

227

Asuntos inadmitidos

19

3.264

2.956

6.220

6.239

Por providencia

–

3.264

2.956

6.220

6.220

Por Auto

19

2

–

2

21

Revocaciones en súplica

–

-2

–

-2

-2

Asuntos terminados

(antes de decidir sobre su

–

61

91

152

152

admisión)

Por providencia

–

61

91

152

152

Por Auto

–

–

–

–

–

Diferencia entre los asuntos

recibidos y los resueltos en

- 10

+ 381

+ 632 + 1.013 + 1.003

trámite de admisión

238

MEMORIA 2019 / CUADRO 5

FASE DE SENTENCIA PLENO SALA I

SALA II SECCIONES SALAS Y

SECCIONES TOTAL

Asuntos a sentenciar

83

68

76

–

144

227

Asuntos admitidos

65

75

87

–

162

227

Traslados entre Salas

–

–

–

–

–

–

Avocados (admitidos)

21

-8

-13

–

-21

–

Deferidos a las Salas

-3

1

2

–

3

–

Deferidos a las

–

–

–

–

–

–

Secciones

Acumulaciones

1

3

1

–

4

5

Procesos a sentenciar

82

65

75

–

140

222

Asuntos resueltos

83

40

61

–

101

184

Por Sentencia

80

39

59

–

98

178

De los cuales,

–

39

59

–

98

–

por la Sala

Sección 1.ª

–

–

–

–

–

–

Sección 2.ª

–

–

–

–

–

–

Sección 3.ª

–

–

–

–

–

–

Sección 4.ª

–

–

–

–

–

–

Asuntos terminados

2

1

–

–

1

3

(después de su admisión)

Acumulados

1

–

2

–

2

3

Procesos resueltos

82

40

59

–

99

181

Diferencia entre los

asuntos a sentenciar

0

+28

+15

–

+43

+43

y los resueltos

Diferencia entre los

procesos a sentenciar

0

+25

+16

–

+41

+41

y los resueltos

239

MEMORIA 2019 / CUADRO 6

Cuadro n.º 6

A ) P R O C E S O S Y A S U N TO S A D M I T I D O S

P E N D I E N T E S D E S E N T E N C I A A 3 1 D E D I C I E M B R E

Procesos

Asuntos

Pleno

74

75

Recursos de inconstitucionalidad

28

28

Cuestiones de inconstitucionalidad

7

7

Recursos de amparo avocados

36

37

Conflictos positivos de competencia

3

3

Conflictos negativos de competencia

–

–

Conflictos entre órganos constitucionales

–

–

Conflictos en defensa de la autonomía local

–

–

Impugnación de disposiciones sin fuerza de

–

–

Ley y resoluciones de las Comunidades

Autónomas

Requerimiento sobre la constitucionalidad de

–

–

los tratados internacionales

Cuestiones prejudiciales sobre normas forales

–

–

fiscales

Sala Primera

Recursos de amparo

63

63

Recursos de inconstitucionalidad

–

–

Cuestiones de inconstitucionalidad

–

–

Conflictos positivos de competencia

–

–

Conflictos en defensa de la autonomía local

–

–

Sala Segunda

Recursos de amparo

88

88

Recursos de inconstitucionalidad

–

–

Cuestiones de inconstitucionalidad

–

–

Conflictos positivos de competencia

–

–

Conflictos en defensa de la autonomía local

–

–

Suma de las cuestiones

7

7

de inconstitucionalidad

Suma de los recursos de amparo

187

188

Suma de los conflictos positivos

3

3

de competencia

240

MEMORIA 2019 / CUADRO 6

B ) A S U N TO S P E N D I E N T E S D E D E C I D I R

S O B R E A D M I S I Ó N A 3 1 D E D I C I E M B R E

Pleno

7

Recursos de inconstitucionalidad

–

Cuestiones de inconstitucionalidad

6

Conflictos positivos de competencia

1

Conflictos negativos de competencia

–

Conflictos entre órganos constitucionales

–

Conflictos en defensa de la autonomía local

–

Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones

–

de las Comunidades Autónomas

Requerimientos sobre la constitucionalidad de los tratados

–

internacionales

Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales

–

Sala Primera

Recursos de amparo

1.969

Sala Segunda

Recursos de amparo

1.536

Ambas Salas

Recursos de amparo

3.505

241

II.

Procedimientos

de inconstitucionalidad,

conflictos constitucionales,

impugnaciones

y declaraciones

MEMORIA 2019 / CUADRO 7

Cuadro n.º 7

P L E N O : A S U N TO S I N G R E SA D O S

S E G Ú N E L P R O M OTO R

Sobre

Sobre leyes

leyes del

de las

Estado

Comunidades

Autónomas

Recursos de inconstitucionalidad

Promovidos por el Presidente del Gobierno

–

9

Promovidos por el Defensor del Pueblo

1

1

Promovidos por Diputados o Senadores

2

10

Promovidos por las Comunidades Autónomas

3

1

Otros

–

–

Total

6

21

Cuestiones de inconstitucionalidad

Planteadas por el Tribunal Supremo

1

–

Audiencia Nacional

2

–

Tribunal Militar Central

–

–

Tribunales Superiores de Justicia

3

12

Tribunales Militares Territoriales

–

–

Audiencias Provinciales

–

–

Juzgados

9

4

Otros

–

–

Total

15

16

Cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por 2

el propio Tribunal Constitucional (art. 55.2 LOTC) Conflictos constitucionales

Conflictos positivos de competencia

Estado contra Comunidades Autónomas

5

Comunidades Autónomas contra Estado

–

Comunidades Autónomas entre sí

–

Conflictos negativos de competencia

1

Conflictos entre órganos constitucionales

–

Conflictos en defensa de la autonomía local

–

Impugnaciones de disposiciones sin fuerza de Ley 1

y resoluciones de las Comunidades Autónomas

Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales

–

Total

7

244

MEMORIA 2019 / CUADRO 8

Cuadro n.º 8

L I T I G I O S I DA D T E R R I TO R I A L DU R A N T E E L A Ñ O, P O R C O M U N I DA D E S AU TÓ N O M A S 12

Recursos de

Conflictos positivos

inconstitucionalidad2

de competencia

Planteados

Leyes del

Leyes de

por el

Planteados

Comunidad Autónoma

Estado

Comunidad Gobierno de la

por el

impugnadas

Autónoma

Gobierno

impugnadas

Comunidad

Autónoma

de la Nación

País Vasco

3

2

3

–

Cataluña

–

–

1

1

Galicia

–

–

–

–

Andalucía

–

–

–

–

Asturias

–

–

–

–

Cantabria

–

–

–

–

La Rioja

1

1

–

–

Murcia

–

2

–

–

Valencia

–

3

–

–

Aragón

–

1

–

–

Castilla-La Mancha

–

–

–

–

Canarias

–

1

–

–

Navarra

–

4

–

–

Extremadura

–

1

–

–

Baleares

–

2

–

–

Madrid

–

1

–

–

Castilla y León

–

2

–

–

4

20

4

1

Totales

24

5

1 Las Comunidades Autónomas se relacionan por el orden de aprobación de sus primeros Estatutos de Autonomía.

2 Se contabilizan, exclusivamente, los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Presidente del Gobierno y los Consejos de Gobierno y Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

245

MEMORIA 2019 / CUADRO 9

Cuadro n.º 9

R E S O L U C I O N E S D I C TA DA S Y A S U N TO S R E S U E LTO S , S E G Ú N E L T I P O D E P R O C E S O*1

PLENO

SALA I

SALA II

Tipo de proceso

Total

S.

A.I.

A.T.

S. A.I. A.T. S. A.I. A.T.

Recursos de inconstitucio- 32 (+1)

–

2

– –

–

–

–

–

34 (+1)

nalidad

Cuestiones de inconstitu-

16

15

–

2 –

–

4

–

–

37

cionalidad

Conflictos positivos de

3

1

–

– –

–

–

–

–

4

competencia

Conflictos negativos de

–

1

–

– –

–

–

–

–

1

competencia

Conflictos entre órganos

–

–

–

– –

–

–

–

–

–

constitucionales

Conflictos en defensa de

–

–

–

– –

–

–

–

–

–

la autonomía local

Impugnación de

3

–

–

– –

–

–

–

–

3

disposiciones de las

Comunidades Autónomas

Requerimientos sobre la

–

–

–

– –

–

–

–

–

–

constitucionalidad de los

tratados internacionales

Cuestión prejudicial sobre

1

–

–

– – –

–

–

–

1

normas forales fiscales

Suma parcial

55 (+1) 17

2

2 –

–

4

–

–

Totales

74 (+1)

2

4

80 (+1)

S. = Sentencia A. I. = Auto de inadmisión A. T. = Auto de terminación

* Cuando una resolución resuelve varios asuntos acumulados, se indica entre paréntesis el número de asuntos acumulados. Los recursos de amparo avocados por el Pleno aparecen en el cuadro 16.

246

MEMORIA 2019 / CUADRO 10

Cuadro n.º 10

A S U N TO S P E N D I E N T E S D E R E S O L U C I Ó N A 3 1

D E D I C I E M B R E , C L A S I F I CA D O S P O R S U T I P O

Y P R O C E D E N C I A

A) Clasificados por tipo de recurso

Recursos de inconstitucionalidad

35

Leyes del

Leyes de la

Interpuestos por

Estado

Comunidad

impugnadas

Autónoma

impugnadas

Presidente del Gobierno

–

10

Defensor del Pueblo

–

1

Diputados o Senadores

8

6

Comunidades Autónomas

3

–

Conflictos positivos de competencia

3

Planteados por el Gobierno de la Nación

1

Planteados por el Gobierno de una Comunidad Autónoma 2

Cuestiones de inconstitucionalidad

6 (+1)

Conflictos negativos de competencia

–

Conflictos entre órganos constitucionales

–

Conflictos en defensa de la autonomía local

–

Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley

–

y resoluciones de las Comunidades Autónomas

Cuestiones prejudiciales sobre normas forales fiscales

–

Requerimiento sobre la constitucionalidad de los tratados

–

internacionales

Total

37 (+1)

247

MEMORIA 2019 / CUADRO 10

B) Clasificados por Comunidad Autónoma*1

Recursos

Conflictos positivos

de inconstitucionalidad

de competencia

Planteados

Sobre leyes Planteados

por el

Comunidad

Sobre leyes

de una

por el

Gobierno

Autónoma

del Estado Comunidad Gobierno de de una

Autónoma

la Nación Comunidad

Autónoma

País Vasco

1

3

–

1

Cataluña

1

3

1

1

Galicia

–

–

–

–

Andalucía

–

–

–

–

Asturias

–

–

–

–

Cantabria

–

–

–

–

La Rioja

–

1

–

–

Murcia

–

1

–

–

Valencia

–

1

–

–

Aragón

1

1

–

–

Castilla-La Mancha

–

–

–

–

Canarias

–

1

–

–

Navarra

–

3

–

–

Extremadura

–

1

–

–

Baleares

–

–

–

–

Madrid

–

–

–

–

Castilla y León

–

2

–

–

3

17

1

2

Totales

20

3

* Las Comunidades Autónomas se relacionan por el orden de aprobación de sus Estatutos de Autonomía.

248

III.

Recursos de amparo

MEMORIA 2019 / CUADRO 11

Cuadro n.º 11

O R I G E N D E L O S R E C U R S O S D E A M PA R O

I N G R E SA D O S

Procedencia parlamentaria (art. 42 LOTC)

28

Procedencia jurisdiccional

7.469

Civil

1.339

Penal

3.729

Penitenciario

–

Contencioso-administrativo

1.988

Social

384

Militar

29

Electoral

50

Otros

7

Total

7.554

250

MEMORIA 2019 / CUADRO 12

Cuadro n.º 12

R E C U R S O S D E A M PA R O T U R NA D O S A L A S SA L A S , C O N E X P R E S I Ó N D E L O S R E C U R R E N T E S

Y D E L D E R E C H O F U N DA M E N TA L I N VO CA D O

Recurrente

Número de recursos

Particulares

6.639

Personas jurídicas de Derecho privado

871

Entes públicos

44

Defensor del Pueblo

–

Ministerio fiscal

–

Otros

–

Total

7.554

Derecho fundamental invocado

Total

Porcentaje

de invocación

Igualdad (art. 14 CE)

1.230

16,28

Tutela judicial (art. 24 CE)

5.833

72,22

Otros derechos y libertades:

–

–

Vida e integridad (art. 15 CE)

210

2,78

Libertad ideológica y religiosa (art. 16 CE)

36

0,48

Libertad y seguridad (art. 17 CE)

421

5,57

Honor, intimidad e imagen (art. 18 CE)

287

3,80

Libertad de residencia y circulación (art. 19 CE) 37

0,49

Libertades de expresión (art. 20 CE)

53

0,70

Reunión (art. 21 CE)

7

0,09

Asociación (art. 22 CE)

11

0,15

Participación en los asuntos públicos (art. 23 CE) 152

2,01

Legalidad penal (art. 25 CE)

797

10,55

Interdicción de tribunales de honor (art. 26 CE)

–

–

Educación (art. 27 CE)

19

0,25

Libertad de sindicación y huelga (art. 28 CE)

25

0,33

Petición (art. 29 CE)

25

0,33

Objeción de conciencia (art. 30.2 CE)

–

–

251

MEMORIA 2019 / CUADRO 13

Cuadro n.º 13

R E C U R S O S D E A M PA R O : F R E C U E N C I A D E L A I N VO CAC I Ó N D E L O S D E R E C H O S

F U N DA M E N TA L E S D E L A RT. 2 4 C E

Derechos invocados

Orden jurisdiccional

Suma

Conten-

Civil

Penal

Social cioso-admi- Militar

nistrativo

Art. 24.1

Derecho a la tutela

1.149

2.580

299

1.727

27

5.782

judicial efectiva sin

indefensión

Art. 24.2

Derecho al juez ordinario

30

73

18

38

–

159

predeterminado por la ley

Derecho a la defensa y a

107

324

20

113

4

568

la asistencia letrada

Derecho a ser informado

3

36

–

20

–

59

de la acusación

Derecho a un proceso

9

30

7

13

1

60

público

Derecho a un proceso sin

24

117

1

33

–

175

dilaciones indebidas

Derecho a un proceso con

445

1.129

92

542

11

2.219

todas las garantías

Derecho a la prueba

59

244

22

114

3

442

pertinente para la defensa

Derecho a no declarar

2

15

–

4

1

22

contra uno mismo y a no

confesarse culpable

Derecho a la presunción

17

1.242

3

118

16

1.396

de inocencia

Total

1.845

5.790

462

2.722

63

10.882

252

MEMORIA 2019 / CUADRO 14

Cuadro n.º 14

R E C U R S O S D E A M PA R O I N T E R P U E STO S , S E G Ú N

E L Ó R G A N O Q U E D I C TÓ L A Ú LT I M A R E S O L U C I Ó N

Tribunal Supremo

3.646

Otros órganos jurisdiccionales:

3.776

A) En casación o revisión (Tribunales Superiores de Justicia) 39

B) En segunda instancia o suplicación

2.274

C) En primera o única instancia

1.463

Órganos no judiciales / no consta

132

Total

7.554

Tribunal Supremo

3.646

Audiencia Nacional

200

Tribunal Militar Central

–

Tribunales Superiores de Justicia

410

Tribunales Militares Territoriales

1

Audiencias Provinciales

2.004

Juzgados

1.161

Órganos no judiciales / no consta

132

Total

7.554

R E S O L U C I O N E S J U D I C I A L E S A N U L A DA S ( *) 1

Sentencias

Otras

resoluciones

Tribunal Supremo

19

17

Tribunales Superiores de Justicia

1

–

Audiencia Nacional

15

2

Audiencias Provinciales

7

5

Juzgados

8

9

(*) Se cifran por separado sentencias y otras resoluciones (autos o providencias), y se indican sólo los órganos judiciales autores de las resoluciones anuladas por fallos del Tribunal Constitucional, al margen de cuántas resoluciones sean anuladas en cada fallo; si un fallo constitucional anula una o varias sentencias y, al mismo tiempo, otras resoluciones del mismo órgano judicial sólo se registra la anulación de la sentencia.

253

MEMORIA 2019 / CUADRO 15

Cuadro n.º 15

A ) M OT I VO S D E A D M I S I Ó N D E L O S R E C U R S O S

D E A M PA R O

Motivos de admisión

Recursos

Porcentaje

Ausencia de doctrina constitucional

43

24,71

Aclaración o cambio de doctrina, consecuencia

11

6,32

de un proceso de reflexión interna

Aclaración o cambio de doctrina, consecuencia

10

5,75

de cambios normativos

Eventual origen normativo de la vulneración

20

11,49

Eventual vulneración por reiterada interpreta-

–

–

ción jurisprudencial de la ley

Incumplimiento general y reiterado de la

2

1,15

doctrina constitucional, resoluciones judiciales contradictorias

Eventual negativa al acatamiento de doctrina

7

4,03

constitucional por resoluciones judiciales

Repercusión social o económica

18

10,34

Consecuencias políticas generales

1

0,57

Varios motivos

62

35,64

Sin indicación de motivos

–

–

Total

174

100

254

MEMORIA 2019 / CUADRO 15

B ) M OT I VO S D E I NA D M I S I Ó N D E L O S R E C U R S O S

D E A M PA R O

Motivos de inadmisión

Recursos

Porcentaje

Falta de justificación de la especial trascenden-741

11,91

cia constitucional

Insuficiente justificación de la especial trascen-2.328

37,43

dencia constitucional

Falta de especial trascendencia constitucional

1.400

22,51

Inexistencia de vulneración del derecho funda-

272

4,37

mental invocado

Falta de denuncia de la vulneración del

14

0,23

derecho fundamental

Falta de agotamiento de la vía judicial previa

563

9,05

Extemporaneidad del recurso

286

4,60

Falta de subsanación de defectos procesales

570

9,16

Varios motivos

39

0,63

Otros motivos

7

0,11

Total

6.220

100

255

MEMORIA 2018 / CUADRO 16

Cuadro n.º 16

R E S O L U C I O N E S D I C TA DA S Y A M PA R O S

R E S U E LTO S 1234

SENTENCIA

AUTO

PROVIDENCIA

DEFINITIVA

SUMAS

Inadmisión Terminación2 Inadmisión3 Terminación4

Pleno

25

2

–

–

–

27

Sala Primera

37

1

1

3.264 (-2)

61

3.364 (-2)

Sección Primera

–

1

–

–

–

1

Sección Segunda

–

–

–

–

–

–

Sala Segunda

55 (+2)

–

–

2.956

91

3.102 (+2)

Sección Tercera

–

–

–

–

–

–

Sección Cuarta

–

–

–

–

–

–

Totales

117 (+2)

4

1

6.220 (-2)

152

6.494

1 Cuando una resolución resuelve varios asuntos acumulados, o es revocada en súplica, se indica entre paréntesis el número de asuntos resueltos.

2 Desistimiento, extinción, allanamiento, etc.

3 Entre paréntesis figuran las providencias de inadmisión que han sido revocadas en recurso de súplica interpuesto por el Ministerio Fiscal.

4 Desistimiento, extinción, allanamiento, etc.

256

IV.

Datos comparados

(2015-2019)

MEMORIA 2019 / CUADRO 17

Cuadro n.º 17

DATO S C O M PA R A D O S 2 0 1 5 - 2 0 1 9

Asuntos ingresados

2015

2016

2017

2018

2019

Recursos de

42

32

47

12

27

inconstitucionalidad

Cuestiones de

113

44

33

42

33

inconstitucionalidad

Recursos de amparo

7.203

6.685

6.286

6.918

7.554

Conflictos positivos

5

10

3

–

5

de competencia

Conflictos negativos

–

–

–

–

1

de competencia

Conflictos entre órganos

–

1

2

–

–

constitucionales

Conflictos en defensa

2

1

–

–

–

de la autonomía local

Impugnación de

1

–

4

3

1

disposiciones sin fuerza

de Ley y resoluciones de las

Comunidades Autónomas

Requerimientos sobre

–

–

–

–

–

tratados internacionales

Cuestiones prejudiciales

2

1

6

2

–

sobre normas forales fiscales

Total

7.368

6.774

6.381

6.977

7.621

258

MEMORIA 2019 / CUADRO 17

Resoluciones dictadas

2015

2016

2017

2018

2019

Sentencias

Pleno

107

125

107

96

80

Sala Primera y sus Secciones

67

37

18

23

39

La Sala

67

37

18

23

39

Sección 1.ª

-

-

-

-

-

Sección 2.ª

-

-

-

-

-

Sala Segunda y sus Secciones

98

66

31

23

59

La Sala

98

66

31

23

59

Sección 3.ª

-

-

-

-

-

Sección 4.ª

-

-

-

-

-

Total

272

228

156

142

178

Autos definitivos

Pleno

63

83

34

34

21

Sala Primera y sus Secciones

37

19

10

5

3

Sala Segunda y sus Secciones

24

21

10

3

-

Total

124

123

54

42

24

Providencias de inadmisión y terminación

Pleno

2

-

-

-

-

Sala Primera

4.258

3.653

3.158

3.142

3.325

Sala Segunda

4.107

3.851

2.952

3.513

3.047

Total

8.367

7.504

6.110

6.655

6.372

Autos interlocutorios

105

86

119

90

160

Providencias de admisión

196

127

140

151

227

Total de resoluciones definitivas 8.763

7.855

6.320

6.839

6.574

(Sentencias + autos definitivos

+ providencias definitivas)

Total de resoluciones dictadas

9.064

8.068

6.579

7.080

6.961

259

MEMORIA 2019 / CUADRO 17

A D M I S I Ó N E N L A S SA L A S

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

2015

2016

2017

2018

2019

Ingresados

No Admitidos

Admitidos

A D M I S I Ó N E N E L P L E N O

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

2015

2016

2017

2018

2019

Ingresados

No admitidos

Admitidos

260

MEMORIA 2019 / CUADRO 17

Asuntos resueltos

2015

2016

2017

2018

2019

Recursos de inconstitucionalidad

Por sentencia

56

84

70

52

32

(de ellos, por sentencia de Sala)

–

–

–

–

–

Por auto o providencia

8

3

3

2

2

(de ellos, por resolución de Sala)

–

3

–

–

–

Acumulados con los anteriores

–

3

2

1

1

Total

64

90

75

55

35

Cuestiones de inconstitucionalidad

Por sentencia

107

41

15

19

22

(de ellos, por sentencia de Sala)

84

25

3

2

6

Por auto o providencia

65

79

25

29

15

(de ellos, por resolución de Sala)

11

2

–

–

–

Acumulados con los anteriores

–

–

–

–

–

Total

172

120

40

48

37

Recursos de amparo

Por sentencia

96

88

53

55

117

(de ellos, por sentencia del Pleno)

17

10

4

11

25

(de ellos, por sentencia de Sala)

79

78

49

44

92

(de ellos, por sentencia de Sección)

–

–

–

–

–

Por auto de inadmisión

–

3

8

4

4

(de ellos, por auto del Pleno)

–

1

1

1

2

Por providencia de inadmisión

7.880 7.026 5.690 6.168 6.218

Por otras causas

535

478

433

484

153

Acumulado con los anteriores

2

1

–

5

2

Total

8.513 7.596 6.186 6.721 6.494

Conflictos positivos de competencia

Por sentencia

7

12

12

11

3

(de ellos, por sentencia de Sala)

2

–

–

–

–

Por auto o providencia

–

–

–

–

1

(de ellos, por resolución de Sala)

–

–

–

–

–

Acumulados con los anteriores

–

–

–

–

–

Total

7

12

12

11

4

261

MEMORIA 2019 / CUADRO 17

Asuntos resueltos

2015

2016

2017

2018

2019

Conflictos negativos de competencia

Por sentencia

–

–

–

–

–

Por auto o providencia

–

–

–

–

1

Total

–

–

–

–

1

Conflictos entre órganos constitucionales

Por sentencia

–

–

–

3

–

Por auto o providencia

–

–

–

–

–

Total

–

–

–

3

–

Conflictos en defensa de la autonomía local

Por sentencia

1

2

2

–

–

Por auto o providencia

2

1

–

–

–

Total

3

3

2

–

–

Impugnación de disposiciones

sin fuerza de ley y resoluciones

de las Comunidades Autónomas

Por sentencia

5

–

3

1

3

Por auto o providencia

1

–

–

1

–

Total

6

–

3

2

3

Requerimiento sobre la constitucionalidad

de los tratados internacionales

Por declaración

–

–

–

–

–

Por auto o providencia

–

–

–

–

–

Total

–

–

–

–

–

Cuestión prejudicial sobre

normas forales fiscales

Total

1

6

2

1

Total de asuntos resueltos

8.765 7.822 6.322 6.842 6.575

262

MEMORIA 2019 / CUADRO 17

S E N T E N C I A S E N L A S SA L A S

250

200

150

100

50

0

2015

2016

2017

2018

2019

Admitidos

Terminados

Resueltos

S E N T E N C I A S E N E L P L E N O

250

200

150

100

50

0

2015

2016

2017

2018

2019

Admitidos

Terminados

Resueltos

263

MEMORIA 2019 / CUADRO 17

Asuntos admitidos pendientes

de Sentencia

2015 2016 2017 2018 2019

Recursos de inconstitucionalidad

Procesos en el Pleno

157 103

77

36

28

Acumulados

6

3

1

–

–

Procesos en la Sala Primera

–

–

–

–

–

Procesos en la Sala Segunda

–

–

–

–

–

Total

163 106

78

36

28

Cuestiones de inconstitucionalidad

Procesos en el Pleno

19

20

13

11

7

Acumulados

–

–

–

–

–

Procesos en la Sala Primera

9

3

–

2

–

Procesos en la Sala Segunda

19

1

2

2

–

Total

47

24

15

15

7

Conflictos positivos de competencia

Procesos en el Pleno

23

22

13

2

3

Acumulados

–

–

–

–

–

Procesos en la Sala Primera

1

–

–

–

–

Procesos en la Sala Segunda

–

–

–

–

–

Total

24

22

13

2

3

Conflictos negativos de competencia

Procesos en el Pleno

–

–

–

–

–

Acumulados

–

–

–

–

–

Total

–

–

–

–

–

Conflictos entre órganos constitucionales

Procesos en el Pleno

–

1

3

–

–

Total

–

1

3

–

–

Conflictos en defensa de la autonomía local

Procesos en el Pleno

4

2

–

–

–

Acumulados

–

–

–

–

–

Procesos en la Sala Primera

–

–

–

–

–

Procesos en la Sala Segunda

–

–

–

–

–

Total

4

2

–

–

–

264

MEMORIA 2019 / CUADRO 17

Asuntos admitidos pendientes

de Sentencia

2015 2016 2017 2018 2019

Impugnación de disposiciones sin fuerza

de ley y resoluciones de las Comunida-

des Autónomas

Procesos en el Pleno

–

–

–

2

–

Total

–

–

–

2

–

Requerimiento sobre la constitucionalidad

de los tratados internacionales

Procesos en el Pleno

–

–

–

–

–

Total

–

–

–

–

–

Cuestiones prejudiciales sobre normas

forales fiscales

Procesos en el Pleno

3

1

1

1

–

Total

3

1

1

1

–

Recursos de amparo

Pleno

11

8

10

41

36

(acumulados con los anteriores)

–

–

–

–

1

Sala Primera y sus Secciones

34

26

24

33

63

(acumulados con los anteriores)

–

–

7

2

–

Sala Segunda y sus Secciones

54

40

50

65

88

(acumulados con los anteriores)

–

–

1

–

–

Suma de procesos de amparo

99

74

84 139 187

Total de procesos pendientes de

217 157 117

93

74

sentencia de Pleno

Total de procesos pendientes de

117

70

76 102 151

sentencia de Sala y Sección

Total de asuntos pendientes de

223 160 118

93

75

sentencia de Pleno

Total de asuntos pendientes de

117

70

84 104 151

sentencia de Sala y Sección

265

MEMORIA 2019 / CUADRO 17

Asuntos pendientes de admisión

2015

2016

2017

2018

2019

Pleno

Recursos de inconstitucionalidad

2

1

2

1

–

Cuestiones de inconstitucionalidad

55

10

7

4

6

Recursos de amparo avocados

–

–

–

–

1

Conflictos positivos de competencia

–

–

–

–

–

Conflictos negativos de competencia

–

–

–

–

–

Conflictos entre órganos constitucionales

–

–

–

–

–

Conflictos en defensa de la autonomía

–

–

–

–

–

local

Impugnación de disposiciones sin

–

–

1

–

–

fuerza de ley y resoluciones de las

Comunidades Autónomas

Requerimientos sobre la constituciona-

–

–

–

–

–

lidad de los tratados internacionales

Cuestiones prejudiciales sobre normas

–

–

–

–

–

forales fiscales

Salas: recursos de amparo

Sala Primera

1.770 1.224 1.211 1.755 1.969

Sala Segunda

1.542 1.134 1.167 1.425 1.536

Total de asuntos pendientes

57

11

10

5

7

de admisión en Pleno

Total de asuntos pendientes

3.312 2.358 2.378 3.180 3.505

de admisión en Salas

266

MEMORIA 2019 / CUADRO 17

P E N D I E N T E S D E S E N T E N C I A E N E L P L E N O

250

200

150

100

50

0

2015

2016

2017

2018

2019

P E N D I E N T E S D E S E N T E N C I A E N L A S SA L A S

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

2015

2016

2017

2018

2019

267

MEMORIA 2019 / CUADRO 17

P E N D I E N T E S D E A D M I S I Ó N E N E L P L E N O

140

120

100

80

60

40

20

0

2015

2016

2017

2018

2019

P E N D I E N T E S D E A D M I S I Ó N E N L A S SA L A S

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

2015

2016

2017

2018

2019

268

MEMORIA 2019 / CUADRO 17

R E S U M E N D E L P L E N O

250

200

150

100

50

0

2015

2016

2017

2018

2019

Pendientes

Admitidos

Resueltos

Ingresados

R E S U M E N D E L A S SA L A S

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

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2016

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Pendientes

Admitidos

Resueltos

Ingresados

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MEMORIA 2019 / CUADRO 17

R E S U M E N D E L T R I B U NA L

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

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0

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Pendientes

Admitidos

Resueltos

Ingresados

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IV. Actividad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación

con España

INTRODUCCIÓN

En el año 2019 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos examinó en total 606 demandas contra España en las que se alegaban diversas vulneraciones del Convenio europeo de derechos humanos (CEDH). Esta cifra equivale a 0,13 demandas por 10 mil habitantes (la media de los países miembros del Consejo de Europa fue de 0,53 en 2019) y representó el 1,36 por 100 del total de las demandas examinadas durante el año por el Tribunal, que ascendieron a 44.482.

Por lo que se refiere a las demandas relacionadas con España, sólo cuatro fueron declaradas admisibles. En cuanto a las sentencias, tres de ellas fueron dictadas por la Sección Tercera (asuntos Haddad c. España, de 18 de junio de 2019; Camacho Camacho c. España, de 24 de septiembre de 2019, y Berasategui Escudero y Arriaga Arruabarrena c. España, de 26 de noviembre de 2019) y una por la Gran Sala (asunto López de Ribalda y otros c. España, de 17 de octubre de 2019). Las tres sentencias de sección fueron estimatorias; la sentencia dictada por la Gran Sala a instancias del Gobierno revocó la previamente pronunciada por la Sección Tercera el 9 de enero de 2018, que había apreciado una vulneración del derecho de los recurrentes a su vida privada, desestimando tanto este motivo como el relativo a la pretendida vulneración del derecho a un proceso equitativo (artículos 8 y 6

del Convenio europeo de derechos humanos, respectivamente).

Además de estas sentencias cabe mencionar algunas resoluciones adoptadas en fase de admisión acordadas por la Sección Tercera del Tribunal en 271

MEMORIA 2019

formación de siete jueces. Así, mediante decisión de 26 de marzo de 2019, adoptada en el asunto Picabea Ugalde c. España, se inadmitió la demanda presentada por quien había sido condenado, tanto en Francia como en España, por diversos delitos en tanto que integrante de la banda terrorista ETA y que había visto desestimada su solicitud de acumulación de las penas ya cumplidas en Francia para el cómputo del tiempo que le restaba por cumplir en España. En su decisión, la Sección rechazó que la medida que se pretendía combatir constituyera un supuesto de aplicación retroac-tiva de una jurisprudencia o legislación novedosas prohibidas por el artí-

culo 7 del Convenio.

Con la misma formación de siete jueces, la Sección acordó, por sendas decisiones de 7 de mayo de 2019, la inadmisión de las demandas presentadas en los casos Fraile Iturralde c. España y Forcadell i Lluis y otros c.

España. En la primera de ellas la Sección consideró manifiestamente mal fundada una demanda en la que se pretendía controvertir la dispersión penitenciaria de condenados por su pertenencia a la banda terrorista ETA. En la segunda inadmitió la impugnación de la suspensión por el Tribunal Constitucional (ATC 134/2017, de 5 de octubre), de la sesión plenaria que habría de celebrarse el 9 de octubre de 2017 en el Parlamento de Cataluña a fin de que el entonces presidente de la Generalitat valorase los resultados del denominado «referéndum de autodeterminación» que se decía celebrado el 1 de octubre anterior. La decisión concluyó que la medida se hallaba prevista por la ley, perseguía un objetivo legítimo y había de reputarse necesaria en una sociedad democrática; rechazó asimismo que hubiera habido conculcación alguna del derecho a las elecciones libres proclamado en el artículo 3 del Protocolo 1 al Convenio.

Finalmente, esa misma Sección Tercera acordó la inadmisión de dos demandas planteas en asuntos relacionados con la denegación de indemni-zaciones a los familiares de miembros de ETA que habrían sido víctimas de delitos violentos perpetrados por otros grupos terroristas: asuntos La-rrañaga Arando y otros c. España (decisión de 25 de junio de 2019) y

Martínez Agirre y otros c. España (decisión de 25 de junio de 2019). En ambos casos, los demandantes invocaron el derecho a la presunción de inocencia de las víctimas (artículo 6.2 del Convenio), invocación que fue rechazada al no haber mediado ejercicio del ius puniendi del Estado al que se solicitaba la compensación económica.

272

MEMORIA 2019

Por sentencia de 17 de octubre de 2019, la Gran Sala resolvió el recurso planteado por el Gobierno de España en relación con la sentencia dictada por la Sección Tercera el 9 de enero de 2018 en el asunto López Ribalda y otros c.

España, de 9 de enero de 2018. En esta sentencia, la Sección había declarado vulnerado el derecho a la vida privada del artículo 8 del Convenio por la instalación de cámaras ocultas de videovigilancia en un lugar de trabajo y el posterior uso probatorio de las imágenes captadas en un proceso laboral por despido, toda vez que el circuito de videovigilancia se había instalado sin información previa a las empleadas, su utilización se había prolongado durante semanas y se había infringido la normativa española en materia de protección de datos. La Gran Sala concluyó, por el contrario, que la instalación de las cámaras hallaba justificación en la existencia de una sospecha razonable de hechos graves resultantes de una acción concertada entre varios empleados y con serias consecuencias económicas; además, destacó que los demandantes no habían hecho uso de los remedios que el Derecho español les proporcionaba para reparar la lesión que denunciaba, en particular, habían pasado por alto la intervención de la Agencia Española de Protección de Datos.

Al finalizar el año se hallaban pendientes de resolución ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 162 asuntos relacionados con España, cifra que no incluye los asuntos que no hayan sido previamente registrados como demandas. De ellos, 83 pendían de la decisión de un juez, 17 de comités de tres jueces, 58 habían sido comunicados al Gobierno y cuatro habían sido admitidos para su resolución mediante sentencia.

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EXAMINADOS

1. Artículo 6: derecho a un proceso equitativo

* Sentencia de 24 de septiembre de 2019. Asunto Camacho Camacho c.

España

Al poco de concluir un proceso de divorcio en el que al demandante se le retiró la custodia de su hija, la abogada de la contraparte sufrió una agresión de la que se acusó al señor Camacho. Este fue dos veces absuelto en la instancia —la segunda vez a resultas de la anulación del primer juicio y con la subsiguiente retroacción de actuaciones ordenada por la Audiencia Provincial de Castellón— y condenado en apelación. Previa-273

MEMORIA 2019

mente a la condena, se celebró audiencia pública sin práctica de prueba alguna, trámite procesal que el tribunal de apelación estimó suficiente para permitirle una revisión de la valoración de los indicios realizada por el juez de lo penal. El recurso de amparo fue inadmitido por insuficiente justificación de la concurrencia del requisito de la especial trascendencia constitucional.

La sentencia de un Comité de la Sección Tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que se había vulnerado el derecho a un proceso equitativo proclamado por el artículo 6 del Convenio pues la condena impuesta se basó en una nueva valoración de los hechos que habían sido considerados probados en primera instancia sin haber procedido al examen directo, personal y contradictorio del demandante y demás testigos.

* Sentencia de 26 de noviembre de 2019. Asunto Berasategui Escudero y Arriaga Arruabarrena c. España

Los demandantes habían sido condenados en Francia por una serie de delitos relacionados con la banda terrorista ETA. Una vez cumplidas las condenas solicitaron de las autoridades judiciales españoles el cómputo de la prisión sufrida en Francia a efectos del cálculo de la duración máxima de las penas en España. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo desestimaron esta solicitud en aplicación de la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, relativa al intercambio de información de los registros de antecedentes penales y a la consideración de las resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. La falta de planteamiento del incidente de nulidad de actuaciones frente a la sentencia del Tribunal Supremo fue determinante de la inadmisión del recurso de amparo.

La sentencia, dictada por un Comité de la Sección Tercera del Tribunal Europeo, estimó contraria al artículo 6.1 del Convenio la inadmisión del recurso de amparo. Toda vez que el Tribunal Supremo ya había tenido ocasión de examinar y rechazar las alegaciones de vulneración de derechos fundamentales efectuadas por los demandantes, era razonable concluir que el incidente de nulidad de actuaciones no tenía visos de prospe-rar. En estas circunstancias, obligar a replantear la cuestión ante el mismo órgano judicial que la había rechazado, privó a los demandantes de su derecho a un proceso equitativo, en los términos del Convenio europeo.

274

MEMORIA 2019

2. Artículo 8: derecho al respeto a la vida privada y familiar

* Sentencia de 18 de junio de 2019. Asunto Haddad c. España Tras haber sido denunciado por su esposa por violencia de género, el demandante fue sometido a una medida cautelar consistente en la prohibición de aproximarse tanto a su mujer como a los tres hijos habidos en común, todos ellos menores de edad; suspensión provisional de la patria potestad y de los derechos de visita. Posteriormente, a petición de la ma-dre, los hijos fueron declarados en situación de desamparo e incluidos en el sistema público de acogida, ubicándose a la hija de menor edad en una familia de acogida. Luego de ser absuelto en la causa penal, el demandante trató de recuperar la custodia de sus hijos, a lo que se opuso el Servicio de Protección al Menor, que continuó ejerciendo la tutela de los dos hijos de mayor edad, en tanto la menor siguió en régimen de acogimiento familiar. El recurso de amparo fue inadmitido por falta de justificación de su especial trascendencia constitucional.

La sentencia, dictada por la Sección Tercera del Tribunal, declaró que España ha vulnerado el derecho del demandante al respeto a la vida familiar consagrado en el artículo 8 del Convenio al no observarse la diligencia necesaria en la restitución de las relaciones familiares en salvaguarda de los intereses del propio demandante a estar con sus hijos y superior de la menor a reintegrarse en su familia. La actuación de la administración pública, que se limitó a denegar las peticiones de restitución de la convivencia sin reparar en el cambio sustancial de circunstancias, fue ilustrati-va de su pasividad en la protección de los derechos en presencia. La sentencia emplazó a las autoridades nacionales para que reconsiderasen la situación del demandante y de su hija y adoptaran las medidas más adecuadas para poner fin a la vulneración del derecho a la vida privada y familiar.

* Sentencia de 17 de octubre de 2019. Asunto López Ribalta y otros c.

España

Las demandantes habían impugnado en este asunto la instalación de cá-

maras ocultas de videovigilancia en el supermercado en el que trabajaban y la posterior utilización de las imágenes obtenidas con ellas como prueba de la licitud de su despido. La Sección Tercera del Tribunal Europeo, por 275

MEMORIA 2019

sentencia de 9 de enero de 2018, concluyó que se había vulnerado el artí-

culo 8 del Convenio por inadecuada ponderación del derecho a la vida privada de los trabajadores y a la propiedad del empresario dado que las cámaras se habían instalado sin comunicación previa a las afectadas y contraviniendo la normativa española de protección de datos. Esta misma sentencia rechazó la alegación de infracción del artículo 6.1 del Convenio como consecuencia de la utilización de las imágenes en el litigio social.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 43 del Convenio, el Gobierno de España solicitó la reconsideración por la Gran Sala, que dictó la sentencia que se reseña: en ella, desestimó todas las pretensiones deducidas por las trabajadoras despedidas. La sentencia declaró que los tribunales españoles habían valorado correctamente la proporcionalidad de las medidas de vigilancia establecidas por la empresa e hizo hincapié en que dichas medidas se justificaban por la existencia de una sospecha razonable de hechos graves resultantes de una acción concertada entre varios empleados y con serias consecuencias económicas. Coincidió con el criterio de la Sección Tercera en cuanto a la inexistencia de infracción del derecho a un proceso equitativo, pues la utilización de las imágenes en el litigio social se llevó a cabo sin que mediara controversia sobre su autenticidad o fiabili-dad. A mayor abundamiento, destacó que las demandantes no habían agotado las posibilidades de reparación de la lesión en el Derecho interno al no acudir a la Agencia Española de Protección de Datos. A esta sentencia se formuló un voto particular parcialmente discrepante, suscrito por tres jueces.

276

V. Magistrados eméritos

Excmo. Sr. don Jerónimo Arozamena Sierra † (1980-1986) Vicepresidente (1980-1986)

Excma. Sra. doña Gloria Begué Cantón † (1980-1989) Vicepresidente (1986-1989)

Excmo. Sr. don Manuel Díez de Velasco Vallejo † (1980-1986) Excmo. Sr. don Luis Díez-Picazo y Ponce de León † (1980-1989) Excmo. Sr. don Manuel García-Pelayo y Alonso † (1980-1986) Presidente (1980-1986)

Excmo. Sr. don Rafael Gómez-Ferrer Morant (1980-1986) Excmo. Sr. don Ángel Latorre Segura † (1980-1989) Excmo. Sr. don Aurelio Menéndez Menéndez † (1980) Excmo. Sr. don Francisco Rubio Llorente † (1980-1992) Vicepresidente (1989-1992)

Excmo. Sr. don Francisco Tomás y Valiente † (1980-1992) Presidente (1986-1992)

Excmo. Sr. don Ángel Escudero del Corral † (1980-1986) Excmo. Sr. don Plácido Fernández Viagas † (1980-1983) Excmo. Sr. don Antonio Truyol Serra † (1981-1990) 277

MEMORIA 2019

Excmo. Sr. don Francisco Pera Verdaguer † (1983-1986) Excmo. Sr. don Jesús Leguina Villa † (1986-1992) Excmo. Sr. don Fernando García-Mon y González-Regueral †

(1986-1998)

Excmo. Sr. don Luis López Guerra (1986-1995) Vicepresidente (1992-1995)

Excmo. Sr. don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer (1986-1995) Presidente (1992-1995)

Excmo. Sr. don Carlos de la Vega Benayas † (1986-1995) Excmo. Sr. don Eugenio Díaz Eimil † (1986-1995) Excmo. Sr. don José Luis de los Mozos y de los Mozos † (1989-1992) Excmo. Sr. don José Vicente Gimeno Sendra (1989-1998) Excmo. Sr. don Álvaro Rodríguez Bereijo (1989-1998) Presidente (1995-1998)

Excmo. Sr. don José Gabaldón López † (1990-1998) Vicepresidente (1995-1998)

Excmo. Sr. don Pedro Cruz Villalón (1992-2001) Presidente (1998-2001)

Excmo. Sr. don Julio D. González Campos † (1992-2001) Excmo. Sr. don Rafael de Mendizábal Allende (1992-2001) Excmo. Sr. don Carles Viver Pi-Sunyer (1992-2001) Vicepresidente (1998-2001)

Excmo. Sr. don Enrique Ruiz Vadillo † (1995-1998) Excmo. Sr. don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera † (1995-2004) Presidente (2001-2004)

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MEMORIA 2019

Excmo. Sr. don Tomás Salvador Vives Antón (1995-2004) Vicepresidente (2001-2004)

Excmo. Sr. don Pablo García Manzano (1996-2004) Excmo. Sr. don Pablo Cachón Villar † (1998-2004) Excma. Sra. doña María Emilia Casas Baamonde (1998-2011) Presidente (2004-2011)

Excmo. Sr. don Vicente Conde Martín de Hijas (1998-2011) Excmo. Sr. don Fernando Garrido Falla † (1998-2002) Excmo. Sr. don Guillermo Jiménez Sánchez (1998-2011) Vicepresidente (2004-2011)

Excmo. Sr. don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez (2002-2011) Excmo. Sr. don Javier Delgado Barrio (1995-1996, 2001-2012) Excmo. Sr. don Roberto García-Calvo y Montiel † (2001-2008) Excmo. Sr. don Eugeni Gay Montalvo (2001-2012) Vicepresidente (2011-2012)

Excma. Sra. doña Elisa Pérez Vera (2001-2012) Excmo. Sr. don Manuel Aragón Reyes (2004-2013) Excmo. Sr. don Pablo Pérez Tremps (2004-2013) Excmo. Sr. don Ramón Rodríguez Arribas (2004-2013) Vicepresidente (2012-2013)

Excmo. Sr. don Pascual Sala Sánchez (2004-2013) Presidente (2011-2013)

Excmo. Sr. don Francisco José Hernando Santiago † (2011-2013) Excmo. Sr. don Luis Ignacio Ortega Álvarez † (2011-2015) 279

MEMORIA 2019

Excmo. Sr. don Enrique López y López (2013-2014) Excmo. Sr. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel (2010-2017) Presidente (2013-2017)

Excma. Sra. doña Adela Asua Batarrita (2010-2017) Vicepresidente (2013-2017)

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Portada

Datos de la publicación

Sumario

Presentación

I. Composición del Tribunal

II. Secretaría General, Letrados, Gabinete de Presidencia, Secretarías de Justicia, Gerencia e Intervención

III. Acuerdos normativos del Pleno y otras resoluciones de carácter general

IV. Actividad jurisdiccional

1. Datos generales

A) La demanda de justicia constitucional

B) Las sentencias

C) La restante actividad jurisdiccional

D) El trámite de admisión de recursos

E) Balance estadístico del año

F) La pendencia de asuntos

2. Procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales

A) Preliminar

B) Leyes y disposiciones con fuerza de ley del Estado

C) Leyes y disposiciones con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas

D) Conflictos constitucionales

E) Procesos sobre normas forales fiscales

3. Procesos de amparo

A) Preliminar

B) Igualdad y prohibición de discriminación (art. 14 CE)

C) Integridad física y moral (art. 15 CE)

D) Libertad personal y habeas corpus (art. 17 CE)

E) Honor, intimidad y propia imagen (art. 18 CE)

F) Libertades de expresión e información (art. 20 CE)

G) Participación en asuntos públicos (art. 23 CE)

H) Tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)

a) Acceso a la justicia y al recurso legal

b) Interdicción de la indefensión

c) Fundamentación en Derecho y motivación de las resoluciones judiciales

I) Garantías procesales (art. 24.2 CE)

a) Derecho a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia

b) Derecho a la defensa

V. Secretaría General. Los Servicios del Tribunal

1. Servicio de Biblioteca y Documentación

2. Servicio de Doctrina Constitucional

3. Servicio de Informática

4. Servicio de Gerencia

5. Gabinete de Prensa

VI. Presupuesto

VII. Relaciones institucionales

VIII. Otras actividades

IX. Transparencia y acceso a la información pública

Anexos

I. Normas legales y reglamentarias y otras disposiciones relativas al Tribunal

II. Relación de sentencias y deautos publicados en el «BoletínOficial del Estado»

III. Estadísticas jurisdiccionales

IV. Actividad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con España

V. Magistrados eméritos

Contraportada